- ARTUR ZANÓN Londres
El Gobierno británico ha planteado un cambio que, en el caso más extremo, podría prohibirlas.
La intención del Gobierno británico de prohibir -o, al menos, limitar mucho- las cláusulas de no competencia en todos los contratos laborales ha puesto en pie de guerra a los hedge funds, uno de los sectores que más alto y claro se ha pronunciado en contra de un paso que, de llevarse a cabo, afectaría a otros ámbitos de la City de Londres.
El Ejecutivo liderado por Keir Starmer ha lanzado una consulta, que ya está cerrada, para recabar la opinión sobre un cambio legal. Existen cinco propuestas -todas introducen severas restricciones- y una de ellas pasa por prohibir estos artículos en cualquier circunstancia. Todavía no se tomado la decisión final.
Aproximadamente cinco millones de trabajadores en Gran Bretaña, un 26%, cuentan con esta limitación. Aunque la duración media es de seis meses, en algunos casos se extiende a los dos años.
"Reino Unido tiene uno de los mercados laborales más flexibles entre las economías avanzadas, pero la persistente baja movilidad laboral, la escasa competencia en algunos sectores y la baja innovación constriñen la productividad y el crecimiento económico. Las cláusulas de no competencia son, en parte, responsables", dice el Ministerio de Empresa y Comercio inglés.
Los hedge funds han alertado de que la revisión podría derivar en una lucha por el empleo en la City, dentro de ella y desde fuera, con la amenaza de centros financieros como Nueva York, Singapur, Hong Kong y Dubái.
"Reino Unido no debe tomar riesgos sobre la fortaleza de la City en un momento en el que la competencia por el talento y la inversión entre centros financieros nunca ha sido tan dura", explica el director general de la Asociación de Gestión de Inversión Alternativa (Aima, por sus siglas en inglés), Jack Inglis.
Activos
La organización, con sede en la capital británica, presume de ser la más importante del mundo y agrupa a 2.100 miembros corporativos con presencia en 60 países, con activos por más de 4,5 billones de dólares (3,9 billones de euros) de hedge funds y crédito privado.
La asociación reconoce que buena parte del valor de las firmas que representa procede del "capital intelectual, modelos de propiedad, estrategias de trading e información sensible sobre clientes". "Si esto va a un competidor, el daño puede ser inmediato e irreversible . Las salvaguardas de no competencia son preventivas, no un castigo", justifica Aima, entidad para la que "sin la certidumbre [actual], los empleos de alto valor y la inversión sencillamente pueden volar a otros mercados con más protección".
Cualesquiera de las propuestas que ha planteado el Gobierno laborista, según Aima, "reduciría la competitividad global de Reino Unido al eliminar una salvaguarda clave sobre la propiedad intelectual y la información confidencial de una empresa".
En la misma línea, la Asociación de Empleo de Abogados (ELA, por sus siglas en inglés), considera que la common law que se aplica ahora "equilibra" los intereses de empleados y empresas cuando se llega a la Justicia.
Los tribunales suelen rechazar la aplicación efectiva de estas cláusulas a no ser que las empresas prueben que son necesarias (por ejemplo, para mantener secretos), pero el Gobierno dice que muchos empleados temen, pese a ello, posibles consecuencias legales. A juicio de la ELA, imponer un máximo de tres meses, por ejemplo, iría en contra de los intereses de ciertos sectores o empresas.
Banca y gobierno
La opinión del Gobierno inglés es diferente y, entre los objetivos que se ha planteado alcanzar con los cambios, figuran impulsar el dinamismo del mercado laboral con el cambio de empleo y la posibilidad de crear nuevos negocios, reducir los obstáculos para reclutar, promover la competencia y la innovación y proteger a los empleados, que no pueden permitirse estar medio año o un año sin ingresos, a no ser que se beneficien den las denominadas gardening leaves, que generalmente sí son remuneradas.
UK Finance, la patronal del sector bancario, no se ha pronunciado.
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