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El tipo medio efectivo del conjunto de tributos oscila entre el 31% de País Vasco y el 38% de Baleares. Cotizaciones e impuestos reducen la desigualdad en un 32%, según los cálculos de Fedea.
Los hogares españoles destinan 35 de cada 100 euros de su renta bruta al pago de impuestos. La cifra, en realidad, oscila entre los 31 euros que se abonan en País Vasco y los 38 que se alcanzan en Islas Baleares, por efecto de la dispar presión fiscal aplicada en cada comunidad autónoma y del nivel de ingresos de sus habitantes. En conjunto, en cualquier caso, es el 40% de contribuyentes de mayor renta el que efectúa una aportación neta de fondos a las arcas públicas, mientras que el 60% restante recibe más de lo que contribuye.
Estas son algunas de las principales conclusiones de la décima edición del Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles, publicado ayer por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), con datos referentes al ejercicio 2023.
En aquel año, recoge el estudio, la renta media bruta de los hogares aumentó un 8,2%, hasta los 35.068 millones de euros, alimentada entre otros factores por la revalorización en la misma medida de las pensiones de jubilación, dentro de un avance general del 6,4% en la cuantía de las prestaciones monetarias.
La recaudación de impuestos, por su parte, aumentó un 6,7% -moderando el avance del 11% registrado en 2022-, conteniendo en medio punto el tipo medio efectivo del sistema fiscal hasta el 35% de la renta media bruta de los hogares.
El dato tiene en cuenta el tipo medio efectivo de los principales impuestos del país, incluyendo el IRPF (10,5% de la renta bruta disponible); el Impuesto sobre Sociedades (1,2%); el Impuesto sobre el Patrimonio (0,1%); las cotizaciones sociales a cargo del trabajador o autónomo (3,9%) y a cargo de la empresa (13,3%); el IVA (4,62%); el ITPAJD (0,5%); los Impuestos Especiales sobre el Alcohol y las Bebidas Alcohólicas (0,02%); Hidrocarburos, Labores del Tabaco (0,22%) y Electricidad (0,01%) y el Impuesto sobre las Primas de Seguros (0,81%). Asimismo, aunque de forma limitada a las viviendas habituales, se analiza el Impuesto de Bienes Inmuebles, el IBI (0,6%).
Incluso dentro de cada figura tributaria, no obstante, se producen importantes variaciones del tipo medio efectivo en función del volumen de renta. Así, el IRPF grava al 0,9% al quintil de población de menores ingresos y va incrementando progresivamente su presión fiscal hasta alcanzar el 15,7%. Sin embargo, el impuesto deja de ser progresivo al llegar al 1% de población de mayor renta del país, cuando el tipo baja al 10,9%. El efecto se debe, fundamentalmente, al mayor peso relativo de los dividendos en los ingresos de este colectivo, que tributan a tipos inferiores a los de los salarios.
Por regiones, el informe detalla que los tipos medios efectivos del conjunto del sistema fiscal alcanzan su nivel más elevado en el 38,1% de Baleares, el 35,8% de Cataluña y el 35,6% de Madrid. Del lado contrario, la presión fiscal es menor en País Vasco (31,5%), Canarias (32,8%) y Castilla y León (32,9%).
Las prestaciones públicas
En conjunto, el impacto conjunto de la intervención pública entre impuestos y prestaciones reduce en un 31,9% la desigualdad en la distribución de la renta de los hogares en un 31,9%. El principal motor de esa redistribución de recursos son las prestaciones monetarias (como las pensiones o el desempleo), responsables del 72,4% de la reducción de la desigualdad, frente al 23,8% que logran las prestaciones en especie (sanidad y educación, fundamentalmente), y el 3,7% que provoca el cobro e impuestos.
Fedea calcula que si se tuvieran en cuenta también el resto de gastos públicos (incluyendo la financiación de los servicios públicos generales, Defensa, orden público y seguridad, protección del medio ambiente, protección social, etc.), el porcentaje de reducción de la desigualdad se elevaría hasta el 41%.
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