- Yolanda Díaz lanza la reforma para anular los despidos por denunciar la corrupción de la empresa
- Yolanda Díaz lanza la negociación con patronal y sindicatos para endurecer los despidos
UGT y CCOO proponen un fuerte endurecimiento de la estructura de los despidos para que sean más disuasorios para las empresas. También proponen recuperar los salarios de tramitación, el abono de los salarios dejados de percibir durante el proceso judicial que dirima los ceses.
Los sindicatos tratan de reavivar la negociación sobre la reforma del despido que quedó bloqueada a finales del pasado año después de que las organizaciones empresariales se levantaran de la mesa de negociación tripartita impulsada desde el Ministerio de Trabajo. Sobre la base de las sentencias de Comité Europeo de Derechos Sociales que fallan contra la estructura de la legislación española, apuntando que el actual sistema de coste tasado no es disuasorio, y a expensas de las aclaraciones judiciales sobre el recurso de amparo al Tribunal Constitucional sobre la procedencia de que se establezcan indemnizaciones superiores a la regladas por bajo el principio de reparación, UGT y CCOO ponen sobre la mesa una reforma para un fuerte endurecimiento de los despidos.
En el marco de la Propuesta sindical unitaria, donde se analizan las medidas de vivienda, despido, contrato a tiempo parcial y Ley de Diálogo Social y Negociación Colectiva las organizaciones reclaman al Gobierno actuar sobre varios puntos. Exigen al departamento de la vicepresidenta Yolanda Díaz un encarecimiento de las indemnizaciones en los despidos improcedentes, actualmente 33 días de salario por año trabajado, con un límite máximo de 24 mensualidades. Aunque no se especifica en la propuesta el coste, los sindicatos plantean una negociación a partir de la situación anterior a la reforma laboral de 2012, cunado se contemplaba 45 días por año con un máximo de 42 mensualidades.
Igualmente, se plantea consagrar el principio de la Carta Social Europea que fija la condición de que la indemnización sea reparativa, es decir, que resarza los perjuicios causados al trabajador objeto de una extinción de carácter improcedente. Para ello, se propone legislar que se puedan aplicar indemnizaciones por encima del coste tasado por la vía judicial para compensar los perjuicios causados. "Regular la posibilidad de que la sentencia pueda establecer indemnizaciones si se estimara que son necesarias para reparar el daño causado que se hubiera acreditado", señala la propuesta sindical.
Del mismo modo, sobre el punto del resarcimiento, los sindicatos proponen implantar una indemnización mínima, en la línea de lo que establece la legislación en Francia e Italia -en Francia, por ejemplo, esta es de un 25% del salario mensual por cada año trabajado durante los primeros 10 años de empleo, y un 33% por cada año adicional-. Y también se reclama la recuperación de los salarios de tramitación, las retribuciones que se dejan de percibir durante la duración de un proceso judicial por la reclamación de improcedencia de un despido. Además, los sindicatos plantean restablecer el derecho de opción para que sea la persona trabajadora (y no la empresa) quien elija entre la indemnización o la readmisión en caso de despido improcedente.
Periodo de prueba
Del mismo modo, la reforma plantea medidas de actuación en el ámbito del despido durante el periodo de prueba. Cabe recordar que estos ceses han proliferado de forma sensible en los años posteriores a la aprobación de la reforma laboral. Un conjunto de medidas destinados a reducir la temporalidad. Como consecuencia, la contratación indefinida se ha convertido en la práctica habitual, si bien son miles los ceses que se producen antes de cumplir los seis meses que establece el periodo de prueba, sin necesidad de abonar indemnización.
Ahora, lo que se propone es causalizar el despido en período de prueba y derogar el despido por ineptitud sobrevenida. Es decir, que los empresarios que quieran resolver un contrato durante el plazo de prueba tenga que justificar las causas, e incluso tenga que establecer en el momento de la contratación los elementos que componen la prueba durante los primeros meses de la relación laboral.
En cualquier caso, los sindicatos son conscientes de la complejidad de que la reforma del despido salga adelante. En primer lugar, porque el departamento de Yolanda Díaz ha dejado en suspenso las negociaciones impulsadas a finales del pasado año ante el portazo de CEOE y Cepyme. Y también porque aun pudiendo armarse algunas medidas de las incluidas en la propuesta sindical en un acuerdo bipartito con el Gobierno, estas modificaría el Estatuto de los Trabajadores, por lo que deberían de pasar por el filtro del Congreso de los Diputados, donde no tienen viso de salir adelante.
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