Nacieron en 1912 para dar respuesta a los graves accidentes en la cuenca minera asturiana y, durante más de un siglo, han forjado una reputación de heroicidad en rescates en espacios confinados más allá de la minería, llegando a huecos angostos y ambientes irrespirables, tóxicos y explosivos de toda España y del exterior. Célebres fueron sus actuaciones para recuperar el cuerpo de Julen Roselló, un niño de dos años que se precipitó por un pozo de prospección de Totalán (Málaga) en 2013, o a los 65 mineros muertos al colapsar la mina Pasta de Conchos en México en 2006.
Son la Brigada de Salvamento Minero y desde su sede en el Pozo Fondón de Sama de Langreo, en Asturias, responden a emergencias las 24 horas los 365 días del año. Pero 113 años después de su fundación, este domingo, 7 de diciembre podrían hacer su última guardia, pues los 19 brigadistas que la integran han presentado su renuncia por «continuos incumplimientos» en sus condiciones laborales y tras haber acumulado 9.000 horas extra que la empresa les ha comunicado que no pagará.
Todo esto ocurre a punto de concluir el año más trágico de las últimas tres décadas para la minería asturiana, con siete trabajadores fallecidos en dos accidentes, en Cerredo y Vega de Rengos. Ayer, día de Santa Bárbara, patrona de los mineros, políticos, sindicalistas y representantes de la sociedad civil asturiana reivindicaron su valor. «Su desaparición sería un gran mazazo. Salvaron muchas vidas, recuperaron muchos cuerpos y expusieron su vida por intentar salvar la de los demás», resumió Mino García, alcalde de Morcín. «Pido un esfuerzo colectivo para llegar a un acuerdo y asegurar la continuidad de la brigada», clamó ayer ante el monumento minero de Mieres el presidente de Asturias, Adrián Barbón. Su propuesta pasa por la creación de un Centro Nacional de Rescates del que dependería el centenario cuerpo.
La brigada depende de la empresa pública Hunosa y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), como accionista mayoritario, y las dos centrales sindicales del comité, SOMA-FITAG-UGT y CCOO, alertan de un «riesgo real» de que desaparezca. La renuncia se presentó el 7 de noviembre, pidiendo el regreso de los brigadistas a su puesto original -están en la brigada en comisión de servicios- y tienen 30 días para responder. Si no lo hacen, la renuncia será efectiva y solo quedarán dos mandos, de modo que no podrán seguir prestando el servicio.
A preguntas de EL MUNDO, Hunosa niega «con rotundidad» que exista «voluntad alguna de desmantelar» un servicio que considera «de máxima importancia». Subraya que está «trabajando para solucionar el problema» e insiste en su «firme compromiso para garantizar su continuidad», reconociendo tanto su papel histórico como su aportación «imprescindible» a la protección de los trabajadores y de la sociedad civil, no solo en el ámbito de la minería, sino también en múltiples escenarios donde se requiere acción especializada.
Oliver Suárez, de 41 años, ha pasado los últimos seis en esta brigada y denuncia que «nunca fuimos el personal que deberíamos para cubrir el funcionamiento que marcan nuestros estatutos», pues en la base de la brigada siempre debe haber un equipo de retén, de modo que, cada vez que salen para una emergencia, «automáticamente tiene que venir otro retén a seguir cubriendo».
Ahí surge «el principio del problema», pues «al ser pocos, se empieza a generar un exceso de jornada y de horas». A eso se suma que su jornada en minería debería ser de siete horas y diez minutos, pero, para cubrir 24 horas, hacen turnos de ocho, acumulando cada día 50 minutos. Hasta agosto les iban liquidando horas o compensando con días libres, pero en los últimos tiempos, en los que han tenido épocas de tan solo siete en activo, era imposible. «No podemos descansar porque no hay nadie para cubrir el servicio de emergencia», de modo que el adeudo crece. Ante un infructuoso intento de saber por qué la empresa cambia las normas «a mitad del partido», llegaron a la conclusión de que «habrá que paralizarlo y sentar reglas nuevas». Sienten que no se les escucha, que no se tiene en cuenta que generan esas horas extra «por fuerza mayor» y que su presencia en la brigada es «voluntaria».
Suárez alerta de que «romperíamos una cadena de gran valor que lleva funcionando muchos años», pues para formar parte de esta brigada se requiere formación y experiencia previa en minería y preparación específica que requiere «mínimo año y medio» y que va pasando de unos a otros. Si ahora todos se van, la rueda se rompe y nadie podrá formar a los siguientes. Decenas de años de conocimientos se perderán.
«Un brigadista no se hace de la noche a la mañana», insiste Andrés Vallina, presidente del Comité Intercentros de Hunosa por el SOMA-FITAG-UGT, que pone en valor ese conocimiento que «se va trasladando de generación en generación y de trabajadores en trabajadores», creando una especie de «diccionario de brigadistas» que podrá desaparecer.
De ahí que hable de que «hay un riesgo muy grande de que ese cuerpo de élite en rescate tenga el funcionamiento que debe tener», con el consiguiente perjuicio para el sector minero, pues la existencia de la brigada se reivindica como fundamental a diario. Ya habían enviado su carta de renuncia cuando el pasado 21 de noviembre tuvieron que actuar por el derrumbe de una mina en Vega de Rengos (Cangas del Narcea). Tan solo ellos pudieron acceder para recuperar los cuerpos de los dos fallecidos. «Sin ellos, ese rescate no se podría haber llevado a cabo en óptimas condiciones», defiende Vallina.
Su ausencia la notaría la sociedad asturiana, que el 3 de diciembre salió a la calle en su apoyo en Sama, y también otros cuerpos de emergencias como la Guardia Civil, la Policía Nacional o la UME, con los que suelen realizar prácticas y formaciones. Tal y como defiende Adrián M. Pérez, secretario general de la sección sindical de CCOO Hunosa, su desaparición «tendría un impacto social inmenso», pues «ofrece un elemento diferencial con respecto al resto de equipos por trabajar en espacios confinados».
La empresa ha abierto una convocatoria interna de empleo para incorporar cinco nuevos brigadistas, pero los sindicatos lo ven insuficiente. «Es un lavado de cara si no solucionas el problema de fondo», defiende Adrián M. Pérez, que recuerda a la empresa que «es imposible sustituir» a los actuales y «pasarían a la historia por acabar con una brigada centenaria».
Vallina sostiene que se ha llegado a esta situación por una «muy mala gestión» de la empresa. «Nefasta», añade Pérez, que recuerda que llevan «años reclamando incorporaciones» y que su forma de funcionar de los últimos tiempos ha obligado a los brigadistas a «hipotecar su vida privada» para que el cuerpo «sobreviva». Sostienen que la situación solo se reconducirá si se «vuelven a liquidar» esas horas extra, «se vuelve al correcto funcionamiento» y se refuerza el servicio. «Se necesita, por un lado, relevo generacional y, por otro, medios para el servicio», recalcan. Para poder cumplir con el espíritu que desde 1912 ha seguido la brigada: «Ningún minero se queda en la mina».