“Las regulaciones basadas en la edad han existido en el mundo real durante mucho tiempo. Estas verificaciones se apoyan en documentos de identidad existentes, solo requieren que un empleado revise el documento y rara vez dejan constancia escrita. Las propuestas actuales para la verificación de edad en línea van mucho más allá de este conjunto limitado de escenarios. Más críticamente, carecen de la privacidad inherente que ofrecen las comprobaciones basadas en documentos de identidad fuera de línea”, argumenta el escrito.
El documento aborda como eje central la eficacia de los sistemas digitales para el control de edad y los posibles daños a la seguridad y la privacidad en general. “Es peligroso y socialmente inaceptable introducir un mecanismo de control de acceso a gran escala sin una comprensión clara de las implicaciones que las diferentes decisiones de diseño pueden tener en la seguridad, la privacidad, la igualdad y, en última instancia, en la libertad de decisión y la autonomía de las personas y las naciones”, señalan los firmantes.
Los expertos sostienen que los sistemas de verificación de edad en el entorno digital pueden eludirse con relativa facilidad mediante redes privadas virtuales (VPN), cuentas prestadas, credenciales compradas, herramientas de inteligencia artificial o incluso con la ayuda (o desatención) de los propios padres o tutores. Añaden que “las comprobaciones de edad no solo podrían ser ineficaces, sino que también pueden reducir la seguridad en línea al exponer a los usuarios a malware y estafas cuando recurren a servicios alternativos que no implementan la verificación, y sin duda los usuarios recurrirán a estas fuentes alternativas”, lo que además podría fomentar mercados informales de manejo de datos.
Aunque la verificación mediante datos biométricos se ha propuesto como una posible solución a estos problemas, los especialistas advierten que este enfoque implica procesar información extremadamente sensible que, además de exponer de forma más directa a los usuarios, también podría utilizarse con fines distintos, incluidos posibles esquemas de vigilancia o inteligencia.
El manejo de datos sensibles, como los biométricos, así como de documentos oficiales utilizados para verificar la edad exigiría, según los firmantes, la creación de “una infraestructura global de confianza” que permita a los servicios digitales validar credenciales emitidas por múltiples gobiernos o entidades certificadoras, al tiempo que se garantice la custodia y el uso adecuado de la información.
discriminación en el ámbito digital. Además, advierten que abre la puerta a posibles prácticas ilícitas que pondrían en riesgo la privacidad y la seguridad de todo el ecosistema.“Escribimos esta carta para solicitar una moratoria en los planes de implementación hasta que se alcance un consenso científico sobre los beneficios y los perjuicios que pueden conllevar las tecnologías de control de edad, así como sobre la viabilidad técnica de dicha implementación”, concluyen los firmantes.
Verificación de edad online, sin sustento
Paloma Llaneza, CEO de Razona Legaltech y experta en identidad digital, advirtió en semanas recientes que los sistemas de verificación de edad deberán diseñarse con extremo cuidado para no poner en riesgo los datos personales de los usuarios. “Cualquier mecanismo de verificación debe garantizar la privacidad de las personas. Si hablamos de soberanía digital, lo primero es impedir que los datos biométricos de los ciudadanos queden en manos de terceros o de otros países”, señaló en declaraciones recogidas por SMC España.
Aunque cada vez más países analizan la posibilidad de prohibir el acceso a redes sociales para menores de edad, algunos especialistas cuestionan la solidez de la evidencia científica que respalda estas decisiones. Argumentan que no existen pruebas concluyentes que demuestren que este tipo de restricciones reduzca de forma directa los problemas de salud mental en adolescentes.
En ese sentido, José César Perales, catedrático del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada, afirmó que “la calidad de la evidencia sobre el impacto del uso de redes sociales en la salud mental es relativamente baja”. A su juicio, se trata de una medida drástica sustentada en una base empírica limitada. “Es una decisión popular y políticamente sencilla, pero cuyos efectos reales aún no comprendemos en toda su magnitud”, concluyó recientemente en SMC España.
Recibe en tu correo lo más relevante sobre innovación e inteligencia artificial con el newsletter de WIRED en español.ArrowA finales del año pasado, Australia se convirtió en el primer país en vetar el uso de plataformas como Facebook e Instagram a menores de 16 años, estableciendo un precedente a nivel internacional. Desde entonces, países como España, Francia y Portugal han implementado o evalúan medidas similares. En el caso de México, algunos gobiernos estatales también han comenzado a adoptar mecanismos de este tipo.
En todos los casos el argumento es el mismo: evitar que niños y adolescentes se expongan de manera temprana a los riesgos asociados al uso intensivo de internet. Sin embargo, cada vez son más las voces que cuestionan estas medidas, no por su finalidad, sino por la falta de mecanismos y de una infraestructura eficiente que permita cumplir los objetivos sin perjudicar la privacidad y la esencia misma de la web.