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Cerca de 500 pandilleros serán juzgados. AFP Macrojuicio contra el crimen organizado en El SalvadorCerca de 500 pandilleros de Mara Salvatrucha están acusados de cometer 47.000 crímenes, entre ellos homicidios y narcotráfico
Miércoles, 22 de abril 2026, 19:13
... que aterroriza a la región desde hace una década. La Fiscalía ha asegurado este martes que entre los acusados se encuentran líderes y fundadores de la estructura criminal, entre ellos la cúpula conocida como 'ranfla nacional', acusada de ordenar el asesinato de 87 personas durante un fin de semana en marzo de 2022.Menores condenados a cadena perpetua
Se trata del primer juicio contra una organización criminal de esta magnitud. El grupo está acusado de cometer 47.000 delitos entre 2012 y 2022, entre los que se incluyen homicidios, extorsión, narcotráfico, desapariciones y tráfico de armas. En el proceso comparecen 413 acusados y otros 73 son juzgados sin su presencia. Según la prensa nacional, la masacre de 2022 fue una exhibición de poder de la banda tras la ruptura de un supuesto pacto con el Gobierno de Bukele.
Las autoridades también han difundido imágenes del masivo juicio en las que se observa a cientos de reos en una comparecencia por videoconferencia esposados de manos y pies en sillas de plástico. Las fotografías revelan por primera vez en años el paradero de los grandes capos de la estructura.
#CombateAPandillas | Este día, 486 cabecillas de la MS-13, se enfrentan a la justicia, en una audiencia abierta.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 21, 2026
A estos criminales se les acusa de cometer más de 47,000 delitos, ordenados directamente por ellos y ejecutados a nivel nacional entre 2012 y 2022.
Durante años,… pic.twitter.com/achqpMpaMB
Con la declaración del estado de excepción en 2022, el Gobierno comenzó a utilizar una política de represión extrema con la que modificó el sistema judicial para incrementar las penas y aplicar la cadena perpetua incluso a menores de edad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha alertado sobre los efectos de la prolongación del estado de excepción en los derechos de la ciudadanía y ha urgido al Gobierno a revertirlo. Amnistía Internacional también ha señalado los arrestos arbitrarios basados en débiles acusaciones anónimas y otras prácticas discriminatorias
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