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María Jesús Montero mantiene en la Ejecutiva del PSOE-A a dos cargos denunciados por acoso laboral y abuso sexual

María Jesús Montero mantiene en la Ejecutiva del PSOE-A a dos cargos denunciados por acoso laboral y abuso sexual
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Hace dos semanas hubo seis dimisiones en toda España por denuncias internas y Sánchez dijo que serían "contundentes" con todo tipo de acoso. Más información: El MeToo socialista se extiende: el exedil de Linares, denunciado por "comentarios sexuales", sigue en la ejecutiva del PSOE-A

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, junto a Demetrio Pérez, miembro de su Ejecutiva y denunciado por acoso laboral, en una imagen en la feria de Sevilla.

Andalucía María Jesús Montero mantiene en la Ejecutiva del PSOE-A a dos cargos denunciados por acoso laboral y abuso sexual

Hace dos semanas hubo seis dimisiones en toda España por denuncias internas y Sánchez dijo que serían "contundentes" con todo tipo de acoso.

Más información: El MeToo socialista se extiende: el exedil de Linares, denunciado por "comentarios sexuales", sigue en la ejecutiva del PSOE-A

Sevilla Publicada 26 diciembre 2025 02:16h

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María Jesús Montero mantiene en la Ejecutiva del PSOE-A a Demetrio Pérez y Javier Perales, ambos denunciados por acoso laboral y abuso sexual leve, respectivamente.

Demetrio Pérez, coordinador de Presidencia de la Diputación de Sevilla, fue denunciado por una trabajadora por acoso laboral y coacciones, implicando también a Rafael Recio, secretario de Organización del PSOE de Sevilla.

Javier Perales, diputado de Agricultura de Jaén y exalcalde de Linares, está investigado por comentarios sexuales y vejatorios hacia una mujer durante una reunión municipal.

El PSOE ha afrontado recientemente una cadena de dimisiones por denuncias internas de acoso, aunque en estos dos casos la dirección andaluza no ha apartado a los implicados pese a los procesos judiciales en curso.

La secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, mantiene en su Ejecutiva a dos miembros denunciados en los tribunales por acoso laboral y por abuso sexual leve.

Uno de ellos esDemetrio Pérez, actual coordinador de Presidencia de la Diputación de Sevilla y secretario de coordinación del área de Acción Electoral del PSOE andaluz.

El otro, Javier Perales, diputado de Agricultura de la Diputación de Jaén, secretario del PSOE de Linares, exalcalde de la localidad y responsable de Reindustrialización en la Ejecutiva de Montero.

El MeToo socialista se extiende: el exedil de Linares, denunciado por "comentarios sexuales", sigue en la ejecutiva del PSOE-A

Hace menos de dos semanas se produjeron en cascada hasta seis dimisiones de cargos políticos en distintos puntos de España tras cursarse una serie de denuncias en los canales internos del partido, a raíz del caso de Paco Salazar.

Con pocas horas de diferencia dimitieron la secretaria de Igualdad del PSdeG, Silvia Fraga, y el alcalde de Belalcázar (Córdoba), el socialista Francisco Luis Fernández.

Al mismo tiempo, el PSOE de Valencia abrió una investigación interna por una denuncia contra Toni González, alcalde de Almusafes y número dos del partido en la provincia, quien acabó dimitiendo también unas horas después de su cargo orgánico, no como alcalde.

Ya lo habían hecho unos días antes el exlíder del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro, cuyo caso sí fue llevado a la Fiscalía; el expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y el senador socialista Javier Izquierdo, en lo que ya se ha considerado el 'MeToo' del PSOE.

Incluso la propia María Jesús Montero reclamó abiertamente la semana pasada una moción de censura contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, hasta esas fechas miembro del Partido Popular y denunciado por acoso sexual a dos compañeras.

Sin embargo, ahora la cascada de dimisiones se ha frenado en seco a pesar de que estos dos nuevos casos están ya judicializados.

Sin distinción de acoso

Sobre todo después de que la semana pasada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su balance del año no hiciera distingos entre acoso sexual o laboral en torno a los casos que, en las últimas fechas, afectan a dirigentes y cargos públicos de su partido.

"Es importante poner en valor que ante un mal estructural que se da en todos los ámbitos, el PSOE ha sido el primero en poner en pie un protocolo, dar cobertura y proteger y de manera contundente los casos de presunto acoso laboral o sexual", declaró el líder de los socialistas.

En el caso Demetrio Pérez, fue una trabajadora del grupo socialista en el ente provincial quien le denunció la pasada semana por un presunto caso de acoso laboral ocurrido en el propio partido. La denuncia también la dirigió contra el secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio.

En concreto, esta mujer se querelló contra ambos y contra otras dos compañeras por delitos de coacciones, contra la integridad moral (acoso laboral) y descubrimiento y revelación de secretos.

La denunciante por acoso a un alto cargo del PSOE asegura que la llamaron "enchufada" y pusieron en duda su relato

La denunciante asegura en su escrito que el secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, le insinuó: "¿Encima que estás enchufada ahora vienes con esto?".

Así lo señalan los escritos que acompañan la denuncia interpuesta por esta trabajadora de la Diputación de Sevilla en los que también acusa a la que fue presidenta de honor de los socialistas sevillanos, Amparo Rubiales, de poner en duda su relato sobre el acoso que asegura que sufrió.

La denuncia y demás documentos, a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, recoge que Recio le habría preguntado a la denunciante: "Contesta con un sí o con un no, ¿no es cierto que a ti se te contrató porque el compañero Juan Espadas nos pidió el favor y no en un proceso de mérito y capacidad?".

La mujer añade que prefiere no comentar cómo se contrata en la Diputación de Sevilla. "Voy a evitar hacer algún comentario sobre los procesos que seguís en Diputación para cubrir los puestos de libre designación", señalan los documentos, que adelantó ABC.

Precisamente, EL ESPAÑOL ha publicado el caso del actual diputado de Empleado Público, Francisco Toajas, que se estabilizó en 2023 su propia plaza de personal laboral, de temporal a fijo, como técnico de grado medio de Prodetur, una empresa instrumental de la propia corporación provincial.

En el caso de Javier Perales, figura desde febrero de 2025 como investigado tras una denuncia por unas frases de índole sexual que vertió hacia una mujer durante una reunión en el Ayuntamiento cuando era alcalde.

Toajas, el protegido de María Jesús Montero condenado por acoso, se estabilizó su propia plaza en la Diputación de Sevilla

Las diligencias fueron instruidas por el juzgado número 2 de Linares y tipificado por la Fiscalía como abusos sexuales leves. La calificación del delito ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial de Jaén.

En el transcurso de una reunión y a puerta cerrada, el dirigente socialista le dirigió a la mujer "comentarios de tipo sexual y vejatorio", acompañados de "miradas vejatorias" y profiriendo frases como que ella "le daba vidilla" y también que ella "le ponía".

En su caso sí se ha pronunciado el PSOE. Según publica El País, el partido lo desvincula de cualquier denuncia por acoso sexual, asegurando que la Fiscalía ha pedido su archivo.

El PSOE justifica que la denuncia de la empresaria fue consecuencia de otra denuncia que previamente había interpuesto contra ella el propio Perales en septiembre de 2024. Sin embargo, el pasado verano negó que hubiera sido demandado, cuestión que este martes sí reconoció.

Esta acción judicial, alegan, ya fue sobreseída por la Audiencia Provincial de Jaén, y se justificó en los ataques, con presuntas injurias y calumnias, que Perales habría estado recibiendo cuando era alcalde de Linares por parte de la presidenta de la Asociación de Hosteleros.

Sin embargo, fuentes jurídicas de toda solvencia aseguran a este medio que ni la Fiscalía ha pedido el archivo, ni tampoco se sobreseyó esa causa en la Audiencia de Jaén, sino que "ni se presentó a la conciliación ni interpuso ninguna querella".

Es más, la parte denunciante exige que se le aplique el agravante previsto en el artículo 175 del Código Penal, que recoge, además de la inhabilitación para desempeñar cargo público, penas de cárcel, al ser autoridad -alcalde- y abusar presuntamente de su cargo.

Por su parte, el partido no ha respondido a la petición de este periódico de valorar los hechos.

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