En el drama de la vivienda hay víctimas de pata negra y otras a las que nadie defiende
Regala esta noticia Añádenos en GoogleMálaga
29/09/2026 Actualizado a las 22:23h.A Maricarmen la conocen todos ustedes. Una anciana impedida a la que un fondo desahucia por vía judicial y se lía parda. Miles de personas ... intentar impedir el lanzamiento policial, luego se concentran en las principales capitales, se manifiestan y acampan en las plazas. El Gobierno responde con una propuesta para cambiar la ley y que no pueda haber más maricármenes en España en mucho tiempo. Este es el prototipo de la víctima de los fondos buitre, un icono social, aceptado casi sin fisuras, al que todo el mundo coincide en que es indispensable proteger, que tiene todo el derecho a seguir en su casa hasta que Dios quiera, etc.
A la Maricarmen de clase B, su inquilina hace dos años que se convirtió en inquiokupa: le debe el alquier de todo este tiempo, un dinero que ella necesita para vivir porque su pensión no le llega ni para los primeros días del mes. Esperanza necesita recuperar urgentemente su piso, pagado con toda una vida de sacrificio y ahorro, si quiera para poder venderlo y con ese dinero pagarse una residencia y terminar sus días en paz. No puede. Su inquiokupa tiene una hija, se ha declarado vulnerable y es imposible que consiga un desahucio, por más que los jueces le den la razón.
Para este Gobierno, la jubilada ha creado una ONG, la Casa de Acogida de Esperanza, para dar vivienda a alguien que no sabemos si gana lo suficiente (posiblemente no) para pagar el piso en el que vive, pero al que tiene derecho gratis, y es una orden. Si prospera el nuevo decreto antidesahucios que se votará esta semana, Esperanza todavía tendrá menos esperanzas en recuperar algún día su piso... Para cuando por fin lo consiga, igual la ruina y la pena se la han llevado por delante.
El Estado no puede proteger a unos ciudadanos a costa de los otros, eso es inconstitucional. Si es evidente que Maricarmen necesita ayuda, no lo es menos que Esperanza tiene todo el derecho a poder vivir de lo que es suyo. Este Gobierno tapa sus vergüenzas, su incapacidad para regular y construir viviendas públicas y a los dramas sociales que provoca, a costa de algunos que se creyeron que en España existía una mínima seguridad jurídica.
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