El Gobierno de Marruecos ha emitido una respuesta unas horas después de la desclasificación de los papeles que muestran que el CNI sí que avisó del posible cruce masivo de personas. En un comunicado difundido este jueves, el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí, Nasser Bourita, no sólo elude cualquier responsabilidad de las autoridades de Rabat en los acontecimientos, sino que dirige un mensaje especialmente duro contra los partidos políticos españoles y las instituciones judiciales que investigan lo sucedido.
Aunque el comunicado no cita expresamente al Partido Popular, la referencia resulta difícil de desvincular por sus críticas a la actuación de Marruecos y a Pedro Sánchez. Rabat acusa a «ciertos sectores políticos y mediáticos españoles» de «instrumentalizar al Reino dentro de una agenda interna» y carga especialmente contra «partidos históricos» que, pese a estar «curtidos en la gestión gubernamental», habrían caído, según el Ministerio, en «esta ciénaga donde la sobrepuja irrazonable y populista prevalece sobre el sentido común».
El mensaje se extiende también al ámbito judicial. Marruecos lamenta que «instituciones legislativas y judiciales honorables pequen por iniciativas desafortunadas que alimentan el desacuerdo». Y va más allá al advertir de que «las desviaciones, donde el buen juicio cede su lugar a lo simplista y el análisis objetivo a la acusación, forman parte de una estrategia del miedo dañina para todos».
Es una de las partes más contundentes de la nota de Rabat, que convierte así las actuaciones de las instituciones españolas —también las judiciales— en uno de los elementos centrales de su respuesta. El Gobierno marroquí no se limita a defender su actuación, sino que cuestiona el modo en que desde España se están abordando las responsabilidades por la crisis migratoria.
El Ministerio de Exteriores marroquí sostiene que «ningún dato, hecho o informe establece implicación alguna de las autoridades marroquíes» y reclama explicaciones a España sobre el mantenimiento de las acusaciones contra Rabat. «¿Por qué mantener las acusaciones contra Marruecos, cuando ningún dato, hecho o informe establece implicación alguna de las autoridades marroquíes?», pregunta el comunicado.
Rabat plantea además otras dos cuestiones directamente relacionadas con la gestión española de la crisis: «¿Por qué no son devueltos los migrantes ilegales, cuando el Gobierno marroquí se ha comprometido oficialmente a readmitirlos?» y «¿Por qué se mantiene a los menores no acompañados alejados de sus familias, cuando Marruecos ha solicitado insistentemente su retorno?».
La conclusión del Ministerio es igualmente significativa: «La respuesta a estas preguntas no debe buscarse en Marruecos, sino ante los actores españoles».
El comunicado llega, además, en un momento especialmente sensible para Marruecos. La campaña electoral de las legislativas comienza precisamente este jueves 10 de septiembre y se prolongará hasta el 22, mientras que las elecciones a la Cámara de Representantes se celebrarán el próximo 23 de septiembre. Es decir, Rabat afronta los comicios dentro de apenas dos semanas.
La proximidad de las elecciones introduce una lectura interna en el endurecimiento del discurso marroquí sobre la crisis migratoria y sobre Ceuta. La cuestión migratoria y la relación con España tienen una evidente dimensión nacional en Marruecos, y el propio debate electoral ha coincidido con una creciente atención a la crisis de las últimas semanas.
En este contexto, Rabat intenta preservar al mismo tiempo la arquitectura de su relación bilateral con España. El comunicado recuerda que ambos países optaron por una relación basada en «el respeto mutuo, la confianza recíproca, el diálogo permanente y la ambición de construir una asociación mutuamente beneficiosa», principios consagrados en la Declaración Conjunta del 7 de abril de 2022 donde España entregó el Sáhara al país, abandonando la tradicional neutralidad de la ex colonia.
Marruecos reivindica además los resultados de esa relación y recuerda que España es «el primer socio económico de Marruecos» y que el Reino es «el segundo socio comercial de España fuera de la Unión Europea». También destaca la cooperación en materia de seguridad, incluida la lucha contra el terrorismo, las redes criminales y la inmigración irregular.
Pero, al mismo tiempo, deja una advertencia explícita a los responsables políticos españoles: «El Reino de Marruecos no acepta ser un fondo de comercio electoral. Tampoco admite ser el chivo expiatorio de ajustes de cuentas partidistas». La última frase del comunicado eleva todavía más el tono: «La ceguera estratégica, por su parte, transformará este capital en una fuente de desconfianza crónica y tensiones recurrentes».
Rabat convierte las críticas del PP y las actuaciones de las instituciones españolas en un problema para el futuro de la relación bilateral. Todo ello mientras Marruecos entra oficialmente en campaña electoral y afronta una cita con las urnas en la que la cuestión de España, y especialmente la crisis migratoria y Ceuta, ha adquirido una relevancia creciente.