Las «posibles irregularidades» en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), el «buque insignia» de la lucha española contra el cáncer, que recibe al año más de 20 millones de euros públicos, «han podido llevar mucho tiempo produciéndose». Lo admitió este miércoles sin empacho la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, que intervino en comisión para defender la ejecutoria de su departamento ante la denuncia de dos ex altos cargos de la institución de un presunto desfalco de 25 millones que se deberían haber dedicado a la investigación y acabaron en bolsillos privados, lo cual ya investiga la Fiscalía Anticorrupción.
Morant no mencionó en su alocución ni las dos ocasiones en que su número 2, el secretario de Estado Juan Cruz Cigudosa, recibió la denuncia ahora investigada por Fiscalía y ni siquiera respondió, ni tampoco las presuntas represalias sufridas por los dos denunciantes, los directores de Operaciones y de Cumplimiento Normativo, despedidos en agosto pasado tras denunciar el supuesto agujero económico. En cambio, la ministra descargó en el Patronato del CNIO la responsabilidad sobre cualquier decisión -«y todas se toman por unanimidad»-, e incluso se refirió a su propio papel en la crisis de la entidad: «La titular de esta cartera ostenta la presidenta de honor del Patronato, pero no participa en la toma de decisiones». Para, a renglón seguido, admitir que la presidencia ejecutiva del órgano recae en la secretaría general de Investigación de su Ministerio, hoy personalizada en Eva Ortega.
Aún así, Morant repitió que en enero pasado «cesaron» tanto la directora científica María Blasco, como el entonces gerente, Juan Arroyo, obviando que el segundo, epicentro de la presunta trama ahora denunciada, se mantuvo en la casa con casi las mismas atribuciones. Y tuvo que admitir que el nuevo gerente, José Manuel Bernabé, ha trasladado «a la Fiscalía de Madrid» nuevas irregularidades halladas en sus tres meses al mando -en la casa se dice que circunscritas a contratos actuales-.