Cataluña ha puesto en marcha un plan piloto para enviar a mossos d'esquadra a colegios e institutos de forma permanente. Sin uniforme ni armas, los agentes estarán fijos en los centros educativos escogidos -14 en total, desde escuelas de Primaria a centros de Secundaria y FP-, no entrarán en las aulas pero trabajarán codo con codo con las direcciones para prevenir «conflictos» y asegurar la «convivencia» en entornos con menores, según fuentes del Departamento de Educación de la Generalitat. Una iniciativa inédita, que va «un paso más allá» de la figura del «agente tutor» implantada en otras comunidades -un policía que acude de forma puntual-, y que no ha gustado nada en el seno de la comunidad educativa.
Ni asociaciones de familias, ni docentes, ni sindicatos aprueban el plan piloto para enviar a mossos a institutos y ya han organizado varias protestas a las puertas de los centros donde se han empezado a integrar. Varios de los colegios se encuentran en el área metropolitana de Barcelona: hay dos en L'Hospitalet, y al menos dos más en El Prat y Sabadell. En total son 14 en seis zonas educativas (Vall d'Aran, Vic y Urgell, además de las tres ya mencionadas) y el Ejecutivo dice que todos quieren seguir. El Govern hará una primera evaluación en julio y la segunda en diciembre.
«El agente de convivencia, al estar integrado en el centro, conocerá su realidad. Ya no solo acudirá cuando haya un problema, sino que acompañará en las tareas de prevención y mediación», aseguran fuentes del departamento. A nivel práctico, los agentes escogidos -seis para 14 centros- tienen formación en «relaciones comunitarias», van de paisano y no tendrán un despacho físico al que los alumnos puedan dirigirse directamente. Su desempeño pasa por trabajar bajo «el paraguas de la dirección pedagógica» de cada escuela en una función más de asesor que de vigilante. «No hay un problema de convivencia ni seguridad en Cataluña o en sus centros educativos, pero tenemos una realidad compleja que tiene un impacto en los centros y creemos que esta nueva figura puede aportar», aseguró ayer la consejera Esther Niubó tras admitir que el plan responde a una «demanda del territorio». «Los centros no han sido elegidos por su conflictividad o por si son de alta complejidad, sino por criterios de proximidad con el territorio y en coordinación», explican.
No obstante, son varias las estadísticas que alertan de una mayor conflictividad en entornos escolares. Por ejemplo, en lo que va de curso, Educación ha contabilizado en su Registro de Violencias del Alumnado un total de 5.331 incidentes, de los que 1.718 son de acoso escolar, 573 son agresiones y 165, situaciones de odio y discriminación.
Sin embargo, la medida ha generado una importante controversia y rechazo por parte de varios sectores: «En los centros educativos no necesitamos mossos, necesitamos más personal cualificado para atender y acompañar a los alumnos», aseguran fuentes docentes.
Además, se ha entrecruzado con el profundo malestar de sindicatos y docentes, muy críticos con las políticas del Ejecutivo de Illa. Sin ir más lejos, ayer la mayoría -Ustec, Professors de Secundària, la Intersindical y CGT- anunció otro ciclo de huelgas para mayo y junio.