- E. DEL POZO
La sentencia fija en 19,4 millones el sobrecoste que tuvo la aseguradora por la prórroga obligatoria que impuso la mutualidad para cubrir a los funcionarios.
Muface deberá pagar 19,4 millones de euros a la aseguradora DKV por el sobrecoste en que incurrió durante la prórroga del convenio sanitario de los funcionarios, ordenada por la Administración en 2025.
Es lo que ordena la sentencia del Tribunal Central de lo Contencioso Administrativo número 10 de Madrid, ante el recurso presentado por DKV, filial de seguros de salud de la reaseguradora alemana Munich Re, la mayor del mundo.
El fallo se puede recurrir ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. La demanda de DKV incluye como codemandadas a SegurCaixa Adeslas y Asisa, las dos aseguradoras que se adjudicaron la cobertura sanitaria de los funcionarios que está en vigor.
La sentencia señala que DKV ha prestado en contra de su voluntad los servicios a satisfacción del órgano de contratación, por lo que la retribución a la que tiene derecho no puede ser, en ningún caso, inferior a la suma de los costes directos e indirectos de la prestación del servicio, los gastos generales y el beneficio industrial.
La Abogacía del Estado se opuso a esto por considerar que el precio pagado a DKV en los meses de la prórroga fueron los que se incluyeron finalmente en el convenio que firmaron SegurCaixa Adeslas y Asisa.
Anulación
La aseguradora alemana, que no ha querido comentar esta decisión judicial, interpuso un recurso solicitando también la anulación de la orden de continuidad del convenio sanitario decretado por Muface el 26 de diciembre de 2024. Pero la sentencia no ha atendido esta solicitud.
SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV se vieron obligadas en enero de 2025 a mantener su cobertura, que vencía cinco días después, el 31 de diciembre.
Muface ordenó la prórroga tras comprobar que el concurso que sacó al mercado para cubrir este servicio quedó desierto al considerar cada una de las tres aseguradoras por separado, que el precio ofrecido era muy bajo y abocaba a las compañías a pérdidas que no podían asumir, según dijeron.
DKV dio un paso más y anunció su retirada del convenio sin dejar la puerta abierta a una posible subida de la prima, como sí hicieron SegurCaixa Adeslas (controlada por Mutua Madrileña y participada por CaixaBank) y Asisa, controlada por los médicos.
La prórroga se fijó inicialmente el 1 de enero de 2025 y se prolongó hasta mayo siguiente, cuando se firmó el convenio para el periodo 2025-2027.
DKV alegaba en su recurso que la prórroga del concierto sanitario de los funcionarios era ilegal ya que, Muface "incumplió la obligación de planificación y programación adecuada de la contratación del concierto, ya que era más que previsible el fracaso de la primera licitación", señala la sentencia.
Según DKV, en contra de lo que alegó la Administración, no existían razones de interés público para obligar a DKV a extender su cobertura y existían otras vías legales para garantizar la continuidad del servicio sin obligar a la aseguradora a permanecer en el convenio. Una de ellas, apunta, es el traspaso a la sanidad pública de los funcionarios que estaban bajo la cobertura de DKV, aproximadamente el 13% del total de 1,4 millones de empleados públicos y sus familias. Se trata de una cifra perfectamente asumible por el sistema", según DKV.
Muface argumentó en el proceso judicial que la ampliación obligatoria del servicio se basó en razones de "interés público y en el mantenimiento del derecho de los mutualistas a tener prestación sanitaria".
La abogada del Estado alega, según el texto de la sentencia, que "Muface no podía prever que el contrato quedara desierto, como sostiene DKV en la demanda".
Para apoyar esta posición alega que la prima incluida en el concurso aumentó en 304 millones de euros, frente al anterior convenio.
DKV tiene otro recurso contra Muface por las pérdidas encajadas en el convenio anterior . En este apartado, pide a la mutualidad que le pague 80 millones de euros más intereses de demora.
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