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España está entre los países que más retraso llevan en la transposición de directivas de la Unión Europea.
La Comisión Europea se ha hartado de que los países miembros arrastren los pies a la hora de transponer las directivas comunitarias y está dispuesta a endurecer el régimen sancionador para acelerar el proceso de integración normativa en la Unión Europea. El retraso en la armonización de las normas comunitarias lamina los derechos de los ciudadanos, introduce inseguridad jurídica que puede dificultar operaciones transfronterizas, daña la imagen del proyecto europeo y genera incertidumbres que penalizan el mercado interior. Y todo eso se traduce en sobrecostes para los ciudadanos y las empresas.
En un momento en el que Europa se juega en el mundo gran parte de su credibilidad y eficiencia respecto a otros grandes actores, como Estados Unidos y China, Bruselas no puede permitir que los propios estados miembro sean los que boicoteen el desarrollo legislativo de la Unión, bien porque la norma general a transponer no les beneficia directamente o bien porque tienen dificultades para aprobarla dentro de sus propios parlamentos. El objetivo de la Comisión Europea para corregir este obstáculo es modernizar los procedimientos de infracción y elevar la cuantía de las multas, como elemento disuasorio para que los países aceleren el procedimiento de armonización.
España es uno de los países con más directivas pendientes de transposición, con lo que el endurecimiento de las sanciones le va a afectar directamente. A principios de este año, España tenía pendientes de transponer al ordenamiento nacional alrededor de un centenar de directivas, de las cuales aproximadamente la mitad habían excedido los plazos para ser trasladadas al ordenamiento nacional. Estos datos convierten a España en el país de la Unión Europea con más expedientes de infracción por incumplimiento de la legislación comunitaria. Las directivas pendientes de transponer son variadas y van desde tratamiento de aguas residuales urbanas, hasta acción de representación de consumidores, conciliación entre la vida laboral y familiar, protección de datos y seguridad en el ámbito judicial, y requerimientos sobre las reservas estratégicas de petróleo, tan de actualidad.
La iniciativa de Bruselas está plenamente justificada para fortalecer el mercado interior y con ello mejorar la competitividad de Europa. Una competitividad que está amenazada por la resistencia de algunos países a ceder soberanía en aras del proyecto común.
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