«Hay que jugar el partido mientras haya partido», advirtió ayer el lehendakari Imanol Pradales en Vitoria apenas 30 minutos antes de que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres firmara la cesión de cinco transferencias a Euskadi, tres de ellas vinculadas con la Seguridad Social. El «partido» que el PNV quiere llevar más allá de cualquier prórroga es la continuidad de la legislatura de Pedro Sánchez. Los nacionalistas vascos presididos por Aitor Esteban aceleran plazos y recuperan su tono más victimista para exigir a Sánchez un «compromiso político» inmediato que les permita coparticipar en la propiedad de los aeropuertos de Aena, asumir la propiedad de los dos paradores nacionales y controlar el pago de las pensiones antes de que se convoquen unas elecciones generales.
La «nueva era», como ayer la definió Pradales, de negociaciones entre el PNV y el Gobierno de Sánchez se escenificará la última semana de enero con un encuentro entre el lehendakari y el presidente español en el que se colocarán sobre el tapete una quincena de competencias más. Algunas de ellas como la cesión del puerto de Pasaia a Euskadi o la cotitularidad de los tres aeropuertos vascos chocan con el criterio del PSOE vasco y con el de altos funcionarios y representantes del Ejecutivo central. Pero tanto Pradales como el presidente Aitor Esteban -el tándem que lidera el PNV- pretenden apretar el acelerador mientras, como confesó ayer el lehendakari, hacen «quinielas» sobre cuándo convocará Pedro Sánchez las elecciones.
El PNV pretende incrementar la presión sobre Sánchez en Madrid mientras sus portavoces en Euskadi escenifican cierto distanciamiento del presidente socialista y atribuyen a EH Bildu la condición de «socio» entregado al sanchismo. «Sánchez hará lo que le convenga y tenemos que estar preparados», advirtió ayer Pradales ante una nutrida representación institucional de cargos del PNV y también ante la mirada de Aitor Esteban y de Andoni Ortuzar, presentes en un acto de la fundación bancaria Vital.
Pradales pretende, en una inminente reunión con Sánchez dentro de la comisión bilateral entre ambos gobiernos, testar qué le «conviene» a Sánchez y, sobre todo, plasmar por escrito en un acta su «compromiso político» para traspasar aeropuertos, puertos, cinco materias sobre seguros, el régimen electoral municipal, competencias en tráfico y circulación de vehículos y cuatro materias más vinculadas a la Seguridad Social. La más compleja es la «gestión del régimen económico de la Seguridad Social» que podría facilitar al Gobierno vasco el pago de sus pensiones a 588.000 jubilados vascos.
«Con las 5 nuevas competencias, comenzamos a gestionar la Seguridad Social, un hito importante para el autogobierno vasco», subrayó Aitor Esteban a última hora de la tarde de ayer haciéndose eco de la misma idea que la consejera de Autogobierno María Ubarretxena (PNV) había utilizado en la sede del Ministerio de Política Territorial. «Euskadi gana autogobierno; hemos conseguido el traspaso de 5 competencias de enorme calado», celebró la encargada por el PNV de ejecutar los «compromisos políticos» de Sánchez. El «enorme calado» reconocido por la consejera y portavoz de la delegación vasca -de la que formaba parte el vicelehendakari socialista Mikel Torres- reside en que por primera vez en la historia de España un gobierno cede materias controladas hasta ahora por la Seguridad Social. A partir del 1 de enero de 2027, como refrendaron con solemnidad Torres y Ubarretxena, el Gobierno vasco pagará a los parados, también las prestaciones no contributivas familiares y se hará cargo del Seguro Escolar. «Somos los únicos que en nuestro Estatuto se reconoce la Seguridad Social», advirtió Pradales. El método elegido para satisfacer la exigencia del PNV de aplicar el 'modelo de Cupo' al pago de prestaciones y subsidios de desempleo mientras el Gobierno de Sánchez mantiene que no se ha roto la 'caja única' de la Seguridad Social.
La «fórmula mixta» -expresión utilizada por el ministro y la consejera vasca- pactada después de la intervención directa del propio Pedro Sánchez se concreta en que el Gobierno vasco incorporará a 534 trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) y se apropiará de 30 oficinas para gestionar los pagos de sus prestaciones y subsidios a 51.000 parados vascos. El coste de dar este servicio incluido el coste salarial anual se ha estimado en 20 millones de euros que son los que definitivamente se descontará del Cupo anual que Euskadi ingresa en las arcas del Estado. Pero la participación en las negociaciones del vicelehendakari socialista Mikel Torres ha evitado que también el pago de los 822 millones de estas prestaciones se sometan al modelo nacionalista y, de momento, serán aportados desde la Tesorería General de la Seguridad Social.
«El trabajo no termina aquí», trasladó ayer Ubarretxena a la delegación del Gobierno central liderada por el ministro Torres porque la consejera vasca ha sido encargada para elaborar un documento que constatará los «incumplimientos» del presidente Sánchez. «Esta será la base para la reválida bilateral», sentenció Pradales dispuesto a multiplicar una presión que ya incomoda hasta al PSOE vasco. «Nos gustaría que los nacionalistas no convirtieran esto [por los traspasos] en un pulso al Gobierno de España», reclamó Eneko Andueza, el líder del PSE-EE obligado a hacer de fiel escudero de Pedro Sánchez.