La providencia sostiene que existen indicios de responsabilidad de González y Llamas en hechos que, «prima facie», podrían presentar los caracteres de un delito continuado de prevaricación administrativa y de un delito contra la Administración de Justicia. El juez acepta así el criterio de Anticorrupción y de la acusación popular unificada, que también había pedido la imputación de los dos mandos.
El magistrado deja fuera, por ahora, a Leonardo Marcos. El anterior director general de la Guardia Civil, que ocupó el cargo entre junio de 2023 y septiembre de 2024, también figuraba en la petición de la acusación popular. Pedraz rechaza citarle como investigado «en la medida que la conducta descrita respecto de él per se no integra ningún tipo penal», aunque lo hace «sin perjuicio» de lo que resulte de las diligencias que se sigan practicando.
La imputación de González coloca en el centro del procedimiento su relación con Leire Díez tras su regreso a la Dirección General de la Guardia Civil. Los atestados de la UCO fijan tres reuniones presenciales entre ambas: el 30 de septiembre de 2024, el 20 de diciembre de ese mismo año y el 2 de abril de 2025. La primera aparece en la agenda intervenida a la exmilitante socialista como «Reunión Mercedes González (directora GC)». Tras la tercera, Leire escribió al abogado Ismael Oliver: «Ayer no estuvo mal la reunión con la directora de la GC. Voy a ver si sigo aumentando esa vía».
González defendió en el Senado que esos encuentros fueron personales y negó haber participado «jamás, nunca» en una trama contra la UCO. Interior y la Guardia Civil mantuvieron después que la directora no dio instrucciones para frenar investigaciones, abrir expedientes contra agentes ni favorecer a investigados. Los informes de la unidad incorporan, sin embargo, anotaciones de Leire Díez como «armar lo que quiero hacer con la UCO a nivel administrativo» e «Investigación interna G.C. para filtraciones». En un audio del 10 de diciembre de 2024, la exmilitante socialista anticipó su siguiente paso: «Mi siguiente conversación va a ser con la Directora de la Guardia Civil. (...) Es de mi confianza».
«Agresiva campaña de desinformación»
Llamas aparece en el sumario por la apertura de informaciones reservadas contra la UCO y por la gestión de una nota de la Jefatura de Información fechada el 29 de abril de 2025. Ese documento alertaba de una «agresiva campaña de desinformación» para destruir la credibilidad de la unidad, identificaba a Leire como dinamizadora de la operación y apuntaba a que el grupo hacía ver que detrás estaba Santos Cerdán y que la directora general tenía conocimiento. El PP había acusado al DAO de ocultar esa nota a la UCO durante diez días, hasta que el general Alfonso Alberto López Malo, entonces jefe de la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil, le presentó otra de contenido idéntico elaborada por la propia unidad.
La secuencia que examina Pedraz no se limita a la nota ocultada. El sumario recoge también el cruce de mensajes del 9 de mayo de 2025, cuando la abogada Leticia de la Hoz envió a Leire Díez una información sobre diligencias abiertas a Koldo García y le pidió: «Pásaselo a Mercedes a ver qué opina». La respuesta de la exmilitante socialista fue inmediata: «Acabo de jugarme una comida con Mercedes a que las filtraciones vienen de la UCO». Dos días después, a las 9.16 horas del 11 de mayo, la UCO documentó dos interacciones de WhatsApp entre González y Leire compatibles con la eliminación de una conversación previa y con la activación del borrado automático de mensajes cada 24 horas. A las 11.30 horas de esa misma mañana, Llamas encargó una información reservada sobre la supuesta filtración.
La causa incorpora además las declaraciones de mandos de la Guardia Civil sobre las presiones internas a la UCO. El general López Malo y el entonces jefe de la unidad, Rafael Yuste, relataron ante Pedraz que Leonardo Marcos y Manuel Llamas les instaron a «ponerse de perfil» y a «no ser proactivos» en procedimientos con «afectación política», en especial en la causa sobre el hermano del presidente del Gobierno. La imputación de González y Llamas llega por esa doble vía: los contactos de la directora con Leire Díez y las actuaciones internas ordenadas desde la cúpula operativa contra la unidad que llevaba las investigaciones más sensibles.
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