El magistrado se jubila este 27 de septiembre tras el polémico encausamiento de la mujer del presidente, avalada por la Audiencia pese a sus excesos
Regala esta noticia Añádenos en Google El juez Juan Carlos Peinado intenta esquivar las cámaras en los alrededores de Plaza de Castilla. (Mariscal/Efe) 21/09/2026 a las 00:06h.Juan Carlos Peinado se ... en La Moncloa quiere dejar a Es cierto, reconocen esas mismas fuentes, que sus formas han puesto en riesgo actuaciones, han multiplicado los recursos y, sobre todo, han proporcionado argumentos al Gobierno y al PSOE para denunciar una persecución política a fin de hacer caer a Sánchez, el llamado 'lawfare'. Pero sea como fuere, la Audiencia ha respaldado la existencia de materia penal que esclarecer. Y eso a pesar de que es igualmente cierto que el tribunal se ha visto obligado a recortar delitos, apartar investigados y anular diligencias. Su empeño en llevar a Gómez al banquillo ha convivido con unas formas que han dado al Gobierno argumentos para denunciar persecución política Luces y sombras en una causa que saltó a la política nacional el 24 de abril de 2024. Aquel día trascendió que Peinado había abierto diligencias contra la esposa del presidente tras una denuncia de Manos Limpias construida con informaciones periodísticas. Sánchez canceló su agenda y anunció un periodo de reflexión. El 29 comunicó que seguía. Para entonces, el apellido del hasta entonces desconocido instructor de Plaza de Castilla ya se había instalado en la conversación política española. Peinado venía de una carrera menos expuesta. Nacido en El Tiemblo, Ávila, en 1954, había trabajado como secretario municipal antes de ingresar en la judicatura en 1994, por el turno reservado a juristas con experiencia. Pasó por Arenas de San Pedro, Talavera de la Reina y Getafe. Llegó al Juzgado de Instrucción 41 de Madrid en 2015. Había aspirado al Consejo General del Poder Judicial y después intentó obtener una plaza de refuerzo en la Audiencia Nacional. Ninguno de esos destinos prosperó. Su trayectoria suma otras polémicas. En 2019 imputó a 12 periodistas por publicar información del sumario de los Comités de Defensa de la República, los CDR que actuaron en el 'procés'. Acabó archivando. En una investigación sobre un contrato de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, una prórroga acordada fuera de plazo impidió practicar nuevas diligencias. Otro retraso al ampliar la instrucción comprometió las pesquisas sobre las autorizaciones de un parque solar en Cáceres. Los problemas procesales alcanzaban a causas ajenas al enfrentamiento con La Moncloa. Noticia relacionada