Llegada de Pedro Sánchez a China, acompañado de su mujer, Begoña Gómez. EFE
Tribunales Peinado invoca la fuga del socialista Craxi para pedir a la Audiencia que avale quitar el pasaporte a Begoña GómezLa Audiencia de Madrid le pide "con carácter urgente" un informe en el que el juez se reafirma en el riesgo de fuga de la esposa de Pedro Sánchez.
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María Peral Publicada 8 julio 2026 12:24h Actualizada 8 julio 2026 12:59h Las clavesLas claves Generado con IA
El juez Juan Carlos Peinado ha dirigido un informe a la Audiencia Provincial de Madrid en el que se ratifica en la procedencia de haber retirado el pasaporte a Begoña Gómez y haberle prohibido salir de España.
Ese informe es preceptivo ante el recurso de queja interpuesto por la defensa y la Audiencia madrileña se lo ha reclamado al instructor "con carácter de urgencia", lo que indicaría una próxima resolución.
Peinado alude a que el principal motivo de la medida es la alta pena de prisión que se pide para la esposa del presidente del Gobierno por presuntos delitos de corrupción: 24 años de cárcel, según el escrito de acusación presentado por Hazte Oír, que encabeza la acción popular.
También sale al paso del argumento defensivo de que, estando escoltada 24 horas, es imposible que Gómez se dé a la fuga.
"No sería la primera ocasión en la que un presidente del Gobierno de un Estado Miembro de la Unión Europea de un país mediterráneo (Italia) se fuga ante un procedimiento de una trama de corrupción a un país del continente africano (Túnez)", pese a que "sin duda dispondría de toda la escolta oportuna", afirma.
Peinado alude a la fuga de Bettino Craxi, líder del Partido Socialista italiano y primer ministro de Italia entre 1983 y 1987.
Para evitar la cárcel, huyó a Túnez en 1994 y permaneció allí como prófugo de la justicia hasta su fallecimiento en 2000.
También recuerda que en la Audiencia Nacional "han sido varios los casos, y algunos continúan, que han tenido por objeto la investigación de conductas de miembros de la Policía Nacional. que han concluido con sentencias condenatorias (algún máximo responsable del Aeropuerto de Madrid, Barajas)", añade en referencia al comisario Carlos Salamanca, condenado en el 'caso Villarejo'.
Peinado señala que la defensa de Gómez da en su recurso argumentos que justifica que el riesgo de fuga de la acusada quedan neutralizados por el hecho de que no realiza ningún movimiento, dentro o fuera de España, sin escolta policial. "Pero no se dice que ese riesgo de fuga no exista 'per se'", indica.
"No debe olvidarse que la misión de los escoltas es la de proteger frente a terceros de posibles ataques a su integridad física y no evitar los movimientos o desplazamientos que estime conveniente", argumenta.
Respecto a su controvertida afirmación de que los escoltas de Gómez "pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos", facilitar su huida, el instructor explica a la Audiencia que "lo que se dice en el auto es que en un momento determinado pueden, no se dice que sea probable o previsible, siendo una mera hipótesis".
"En modo alguno se ha tratado de ofender o menospreciar la labor de estos funcionarios", dice Peinado, que tiene abiertas unas diligencias informativas en el Consejo General del Poder Judicial por una denuncia del sindicato policial Jupol y tras las quejas del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Peinado señala que la Policía, "casi en su totalidad" cumple su actividad profesional "de forma ejemplar".
"Careciendo de los medios idóneos para llevar a cabo su trabajo lo realizan de forma abnegada", añade el informe, reiterando que él no pone en duda la "profesionalidad ejemplar" de la Policía.
"Pero lo que se trata con el contenido de lo expresado en el auto es que, ante la situación de la acusada, similar a la de todos los ciudadanos que tienen sobre ellos el estigma de una posible pena privativa de libertad, el repertorio de las resoluciones de todos los órganos de la jurisdicción penal es la adopción de este tipo de medidas cautelares", sostiene.
"Incluso en algunos casos, con la posible pena menos grave, la de prisión preventiva", añade.
"Si en el colectivo de los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado no existiera la posibilidad de que haya elementos individuales que no cumplen adecuadamente con sus obligaciones carecería de sentido la existencia de la Unidad de Asuntos Internos", dice también.