- JAVIER AYUSO
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Como estaba previsto, el expresidente de la compañía aérea venezolana Plus Ultra, Julio Martínez Sola, se ratificó ayer ante el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama en lo reseñado en su escrito enviado hace siete semanas.
El exdirectivo de la compañía confirmó el pago del 1% de comisión por el rescate de la empresa a José Luis Rodríguez Zapatero, a través de su presunto testaferro, Julio Martínez, Julito. El líder socialista habría recibido 530.000 euros, el porcentaje fijado sobre los 53 millones que le entregó el Gobierno español. El ex CEO de la compañía, Roberto Roselli, declara hoy y no hay duda de que confirmará la acusación.
Según explicaron en los escritos enviados en el mes de julio, Zapatero llamó a Martínez Sola desde un teléfono de prepago para ofrecerle su ayuda frente al Gobierno de Pedro Sánchez y les dijo que las relaciones deberían realizarse a través de Julito y su empresa Análisis Relevante. Fue precisamente con esa sociedad con la que firmaron el contrato, aunque los pagos se realizaron también a través de otras sociedades de la trama: Voli Analítica y IOT Domotic Europe SL. Para justificar los pagos se inventaron una serie de informes mensuales que eran ficticios. La totalidad de esos fondos salieron luego a cuentas corrientes del expresidente y de una sociedad de sus hijas.
Estas declaraciones coinciden también con lo expresado por Julito en su escrito de mediados de julio, en el que afirmaba que Zapatero estaba detrás de Análisis Relevante y que era el que tomaba todas las decisiones. La decisión de confesar ante el juez Calama se produjo tras la sentencia a Víctor de Aldama, que quedó exento de ir a la cárcel por colaborar con la Justicia.
Las malas noticias no suelen llegar solas y el expresidente recibió el pasado viernes la confirmación de que todo el procedimiento seguía adelante. El abogado de Zapatero había solicitado anular los hitos relevantes de la instrucción: la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos, las entradas y registros practicadas, el bloqueo de las cuentas corrientes de su familia, e incluso la pieza de las joyas encontradas en una caja fuerte de su despacho oficial. Pero el juez Calama, en un auto firme, negaba la nulidad del procedimiento.
En los próximos días habrá nuevas declaraciones, entre ellas las de las hijas y la secretaria particular del líder socialista, todas ellas imputadas en el caso. Además, en algún momento el magistrado tendrá que exigirle al expresidente una explicación sobre las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros, encontradas en su despacho. Pidió diez días para poder justificar su posesión y sigue pasando el tiempo sin que lo haga. La cosa no pinta nada bien.
La agenda judicial también afectará estos días a Pedro Sánchez, a su familia y a sus compañeros de partido. Hoy mismo, Begoña Gómez tendrá que acudir a los juzgados de Madrid a la vista preliminar fijada por el juez Peinado, previa al inicio del juicio oral con jurado que no han podido evitar sus abogados. Y el miércoles continuarán las comparecencias por el caso Leire, empezando por la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, imputada en el caso. Sus antecesores, José Luis Ábalos y Santos Cerdán no han tenido mucha suerte en los tribunales.
Y en medio de todo ese calendario de comparecencias, ayer saltó la noticia de que la Audiencia Nacional avanza en su investigación sobre posible financiación irregular en el PSOE. El comisionista Víctor de Aldama habría entregado un contrato ficticio de 15 millones ligado a la financiación de los socialistas. En Ferraz se niega la mayor, aunque cunde el pánico entre sus filas ante la posible imputación del partido.
Resulta revelador que en la entrevista concedida por Pedro Sánchez a una emisora de radio la semana pasada, cuando fue preguntado por la posibilidad de que el partido fuera imputado por financiación irregular, en vez de negarlo, se limitó a decir: "Una imputación no es una condena".
Si la instrucción sigue adelante, algunos de los socios y aliados del Gobierno tendrán que dar explicaciones, porque cuando empezaron a estallar todos los casos de corrupción vinculados al PSOE señalaron que la línea roja era la financiación ilegal del partido; algo que parece que se va a poder demostrar. Al primero que habrá que preguntar en tal caso es a Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados.
También ayer, el Gobierno recibió un nuevo mazazo judicial. La magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón ha abierto formalmente una investigación penal en torno a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio, al estimar que se trata de una "conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España".
La decisión fue tomada tras los informes elaborados por la Policía Nacional y la Guardia Civil, en los que se señala a Marruecos como instigador de los ataques a la frontera de Ceuta y otros documentos que probaban que el Gobierno había recibido informes previos de que se podría producir la invasión, aunque no se especificaba el volumen de la avalancha. En sede parlamentaria y desde el propio Consejo de Ministros se ha negado en varias ocasiones que recibieran aviso alguno y que Marruecos estuviera detrás de la operación. La magistrada y la fiscalía tendrán que investigar la verdad.
Un resultado electoral en Alemania que resuena en todo el mundoEl coste del paro refuta el relato del Gobierno¿Debe el Rey ir a Ceuta? Comentar ÚLTIMA HORA