Podemos echa un jarro de agua fría a las cuentas de Pedro Sánchez para recuperar a Junts y, por tanto, también a sus planes para apuntalar la legislatura y debatir los Presupuestos Generales del Estado. El partido morado ha advertido al Gobierno de que sólo empezará a negociar la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña cuando esté "implementada" la regularización de más de medio millón de inmigrantes. Nunca antes. Y así ver que efectivamente se está dando tal y como se pactó y que está siendo efectiva para estas personas.
Este propósito de Podemos significa aplazar el diálogo con el Gobierno al menos cuatro meses, quizá más, y retrasar una hipotética votación del Congreso a los meses de mayo, junio o, incluso, julio en un cálculo optimista. Este retraso no favorece en nada la presentación de los Presupuestos porque, si se diera, se haría en un contexto político en el que el Ejecutivo no habría recompuesto los puentes con Junts, que exige esa delegación de competencias.
"Primero papeles, que esa regularización esté implementada y después Podemos no tiene ningún problema con las delegaciones de competencias a las comunidades autónomas", ha expuesto la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, sobre sus intenciones, en unas declaraciones en el Congreso.
El plan de regularización avanzado por el Ejecutivo estima que las solicitudes se empiecen a presentar a "principios de abril", una vez cumplidos los trámites preceptivos para aprobar definitivamente el real decreto, y el proceso estará abierto hasta "el 30 de junio de 2026".
Fuentes de Podemos afirman a EL MUNDO que la filosofía de su posición política es comprobar que lo que se ha puesto sobre el papel se está cumpliendo con eficacia y que no surgen trabas y se empieza a regularizarse a estos migrantes. Se estima que las solicitudes tardarán alrededor de un mes en resolverse, por lo que si se arranca la presentación a principios de abril, las respuestas no llegarán como pronto hasta mayo. De ahí el cálculo que hace el propio Podemos sobre cuándo podrían darse sus condiciones para comenzar la negociación con el PSOE.
Belarra ha sido categórica. "Primero derechos, primero que la regularización esté efectivamente implementada, porque yo creo que esto es absolutamente clave. A nosotras ya no nos valen las promesas vacías. Este Gobierno ha demostrado en numerosas ocasiones que promete y no cumple", ha señalado.
Por eso, Podemos no quiere dar pasos adelante hasta tener la certeza de que se está regularizando tal y como se apalabró. Porque no se fía.
A partir de ahí, de ver los resultados, Belarra se abre a negociar y desbloquear la delegación de competencias a Cataluña que, con sus votos, Podemos tumbó en el Congreso en septiembre, cuando rechazó la proposición de ley presentada por PSOE y Junts.
El argumento central de aquel no fue que la iniciativa para la cesión a Cataluña tenía contenido "racista", por lo que la condición para negociar ahora con el Gobierno es que eso se despoje completamente del texto. Pero Belarra avisa de que el racismo "no estaba sólo en el preámbulo sino también en toda la delegación de unas competencias que es una política migratoria, una política de extranjería que es abiertamente racista". "Todo eso hay que cambiarlo", ha dicho, abriendo el foco más allá de la exposición de motivos.
El cambio del articulado es un aspecto más trascendente que una modificación del preámbulo, donde básicamente sólo se hace una declaración de intenciones y no tiene ningún efecto jurídico. Sin embargo, el articulado sí, y por eso Junts se resistía a tocarlo.
Pero Belarra recalca que también tiene que modificarse. "La política migratoria que tiene nuestro país, con redadas basadas en perfil étnico, centros de internamiento extranjeros, un enfoque de las migraciones que es de securitización, que es de represión contra las personas migrantes, eso Podemos no lo comparte, no lo ha votado nunca", ha dicho. Así, ha afirmado que luchan contra eso con "todas" sus "fuerzas" y lo van a seguir haciendo "en todas las oportunidades".
La iniciativa para la delegación de competencias llegó al Congreso como una proposición de ley de PSOE y Junts. Ésta, aunque se le imprima carácter de urgencia, tiene unos plazos parlamentarios para su tramitación que pueden irse aproximadamente al mes y medio. Así que el riesgo para Sánchez es que la demora impida que se apruebe en julio en el Congreso y que haya que pueda irse al mes de septiembre.