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Mónica García carga contra el modelo público-privado por puro dogmatismo ideológico.
Lo fundamental de cualquier sistema sanitario público es que sea eficaz. Que consiga que los ciudadanos estén bien atendidos y gocen de la mejor salud al menor coste razonable, para que sea posible financiarlo con los impuestos que pagan los contribuyentes. Que la gestión del modelo sea pública o privada es indiferente. Como ocurría con el gato, no importa que sea blanco o negro, sino que cace ratones. Y lo que se ha demostrado después de varias décadas y miles de indicadores es que el sistema sanitario público de gestión privada funciona mejor para los pacientes y es más barato para los contribuyentes que el público en su totalidad allí donde se ha implantado.
De hecho, el modelo público-privado se ha desarrollado durante todos estos años en comunidades autónomas con gobiernos de diferente signo político. A la ministra de Sanidad, Mónica García, lo único que le importa es el color del gato, y por eso su anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que pretende poner fin a cualquier modelo de gestión privada en la sanidad pública, bien sea mediante gestión o concierto, tiene todas las papeletas para no ser aprobado en el Congreso. Difícilmente lo van a respaldar socios del Gobierno como Junts o incluso ERC porque en Cataluña casi el 60% del sistema público está ligado a esta clase de gestión privada.
Es más, Salvador Illa en ningún momento lo ha puesto en cuestión. ¿Por qué se empeña entonces la ministra en destruir lo que funciona? Como ocurrió con la crisis de Muface, Mónica García, y toda la izquierda radical que acompaña al PSOE en el Gobierno, han demostrado tener una animadversión hacia cualquier forma de actividad privada en el sistema público de salud por puro dogmatismo ideológico, sin reparar en los datos objetivos, tanto médicos como económicos. En Muface fueron los funcionarios, que suman millones de votos, quienes exigieron que fueran las aseguradoras privadas las que prestaran el servicio y el Gobierno, después de percibir lo impopular que era su decisión, acabó desautorizando a la ministra.
La propuesta de García para suprimir a futuro la participación privada en el sistema público de salud (que en ningún caso es privatización, como falazmente afirma) está más pensada como una estrategia para ganar alguna notoriedad que palie la insignificancia de un grupo como Sumar, en plena descomposición, que como fórmula para ofrecer una mejor sanidad a los ciudadanos.
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