Paloma Tejero, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, durante una entrevista con EL ESPAÑOL. Cristina Villlarino.
Política Pozuelo multará al Gobierno si su centro de refugiados sigue abierto en enero: "Traer a los menores es una provocación"Desde el Consistorio amenazan con "multas que pueden llegar al millón de euros" y aseguran que no les va a "temblar el pulso".
Más información:El Gobierno pretende enviar a los menores a los que obliga a acoger el Supremo a un centro que debe cerrar en un mes.
I. P. Nova Publicada 29 diciembre 2025 03:37hLas claves nuevo Generado con IA
El Ayuntamiento de Pozuelo advierte que multará al Gobierno si mantiene abierto en enero el centro de refugiados con orden de cierre.
La alcaldesa Paloma Tejero critica que el Ejecutivo quiera trasladar a menores solicitantes de asilo a un centro sin la licencia adecuada y con capacidad superada.
El Tribunal Supremo ha dado al Gobierno 30 días para hacerse cargo de los menores extranjeros no acompañados actualmente bajo tutela de la Comunidad de Madrid.
El Consistorio asegura que las condiciones del centro no cumplen los requisitos legales para albergar a menores y no descarta acudir a la Fiscalía ante traslados irregulares.
"Me gustaría preguntarle a la ministra si ella llevaría a su hija a una guardería que tiene orden de cierre por no tener los permisos necesarios".
Con esas palabras resume la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, la situación que, a su juicio, van a vivir más de un centenar de jóvenes solicitantes de asilo que, según el Gobierno de España, podrían ser trasladados al Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) del municipio.
Lo hace después de que el Tribunal Supremo haya dado un plazo improrrogable de 30 días al Ejecutivo central para que se haga cargo de los menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo que se encuentran actualmente bajo la tutela de la Comunidad de Madrid.
El Gobierno pretende enviar a los menores a los que le obliga a acoger el Supremo a un centro que debe cerrar en un mesUna decisión que el Gobierno socialista no comparte, pero que va a usar como herramienta política. Y es que, desde el Ministerio ya han anunciado que van a llevar a los jóvenes a un centro que tiene una orden de cierre firme que debe ejecutarse antes de que finalice enero.
Para Tejero, el movimiento del Ejecutivo no solo es jurídicamente inviable, sino políticamente deliberado. "Es una provocación más, una temeridad y una irresponsabilidad absoluta. Estamos viviendo el día de la marmota con ellos. Es la misma estrategia que utilizaron en verano: se saltan la ley y los derechos de los menores para castigar al PP", denuncia en una entrevista con EL ESPAÑOL.
El Supremo da 30 días al Gobierno para que acoja a los menores no acompañados solicitantes de asilo en MadridEl CREADE de Pozuelo fue habilitado en 2022 como recurso excepcional para hacer frente a emergencias humanitarias, principalmente derivadas de la guerra de Ucrania.
Sin embargo, el Ayuntamiento decretó su cierre definitivo al considerar que la actividad que desarrolla no se ajusta a los títulos habilitantes existentes. La resolución municipal otorgaba un plazo de cuatro meses para su clausura, que vence el próximo 17 de enero de 2026.
Pese a ello, el Gobierno ha presentado ahora un recurso contencioso-administrativo, solicitando además medidas cautelares, una maniobra que el Ayuntamiento considera extemporánea. "Han pedido el recurso cuando el plazo acabó el 17 de noviembre. Llegan tarde, como siempre", sostiene la alcaldesa.
Desde el Consistorio insisten en que en ningún momento se ha suspendido la orden de cierre. "Es una instalación que no tiene paralizado el cierre de ninguna de las maneras. En menos de un mes tienen que salir de allí. Y aun así, el Gobierno decide que, aprovechando la sentencia del Supremo, quiere traer a los menores a Pozuelo", critica.
Pozuelo ordena el cierre del centro de migrantes de Sánchez en su localidad por no tener la licencia correspondienteLa alcaldesa pone el foco, además, en las condiciones del centro y en la falta de garantías legales.
"Nos dijeron que tenían autorizadas 500 plazas, pero la licencia del centro educativo es de 150 habitaciones. No sabemos qué obras se han hecho dentro para albergar a tanta gente", advierte. A su juicio, mezclar perfiles vulnerables en un espacio sin habilitación adecuada supone un riesgo evidente.
"Es una irresponsabilidad absoluta albergar personas en una instalación sin licencia y, encima, meter allí a menores solicitantes de asilo, mezclándolos con otros perfiles".
El Ayuntamiento sostiene que las condiciones residenciales exigidas para menores no acompañados son muy específicas y no se cumplen en el CREADE. "Los menores tienen unos requisitos muy concretos, distintos a los de otro tipo de centros. Y este no los tiene", recalca Tejero.
Pulso entre Ayuso y Sánchez por los 400 menas que quieren llevar a Pozuelo: sin el 'ok' de Madrid no se pueden trasladarEn este contexto, la alcaldesa lanza una advertencia directa al Ejecutivo central. "Las multas pueden llegar al millón de euros y no nos va a temblar el pulso. Primero será una cuantía, luego otra. Tienen un recorrido y al final pueden ser muy altas. Vamos a llegar hasta el final", asegura.
El Consistorio no descarta, además, acudir a la Fiscalía si detecta cualquier traslado irregular. "Ante el menor indicio de que intenten traer a los menores, lo trasladaremos a la Fiscalía de Menores", avanza la regidora, que insiste en que el Ayuntamiento actúa para salvaguardar su responsabilidad institucional.
"Si pasa algo, la primera pregunta es si el centro tiene licencia. Y el Ayuntamiento lo que está haciendo es garantizar que las instalaciones cumplen con la normativa".
La tensión institucional se produce en paralelo a la batalla política y judicial entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo regional ha celebrado la decisión del Tribunal Supremo, que obliga al Estado a asumir una competencia que considera exclusivamente suya, tras dos años —según denuncia— de inacción en política migratoria.
El Gobierno acusa a Pozuelo de "racismo preventivo" por querer cerrar su centro de migrantes cuando esperan a 400 menoresDesde la Comunidad de Madrid recuerdan que en sus centros hay actualmente 106 menores en esta situación, entre solicitantes de asilo y menores con protección internacional ya concedida, y subrayan que ahora es el Gobierno quien debe crear sus propios recursos para hacerse cargo de su tutela y protección.
Para la alcaldesa de Pozuelo, sin embargo, el intento de utilizar el CREADE como solución inmediata refleja "improvisación, desprecio por la legalidad y una utilización política de los menores".
"¿De verdad alguien cree que esto es protegerlos?", se pregunta. Y vuelve a la imagen con la que abre su denuncia: "Que respondan con honestidad: ¿llevarían a su propio hijo a un centro con una orden de cierre encima de la mesa?".