El Gobierno de coalición que PP y Vox mantienen en Aragón ha superado su primera piedra de toque al lograr la aprobación del techo de gasto, el mayor de la historia de la región y paso previo a la tramitación del presupuesto autonómico. Para ello, pese a no trazar conversaciones bilaterales con el resto formaciones, ha contado con la abstención de PSOE y Teruel Existe, en un gesto de complacencia que suele ser comun en el desarrollo de este trámite en la política aragonesa. Chunta Aragonesista e Izquierda Unida, por su parte, han votado en contra.
"Votar este techo de gasto no significa votar los presupuestos, sino iniciar su trámite. Es complicado encontrar excusas para votar en contra", señalaba el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, que fija la aprobación de las cuentas del próximo año para después de las Fiestas del Pilar, es decir, en las últimas semanas de octubre.
Estos presupuestos estarán marcados por la aplicación de la "prioridad nacional", apartado clave en el documento que PP y Vox firmaron para sellar su acuerdo de gobernabilidad. El vicepresidente autonómico, Alejandro Nolasco, ya viene aplicando este criterio en su gestión de la consejería de Derechos Sociales y Bienestar Social, pero con la aplicación de unas cuentas renovadas (las vigentes son del año 2024) su desarrollo puede ampliarse a otros ámbitos como la Educación o la Sanidad.
Con tiempo para despejar esa incógnita, el hecho es que la capacidad de gasto de la comunidad autónoma asciende hasta los 8.398 millones de euros, una cifra récord que se basa en una previsión de ingresos no financieros de 8.039 millones de euros. De ellos, 6.016,8 millones proceden del sistema de financiación autonómica y 715,9 millones corresponden a tributos propios y cedidos de la Comunidad Autónoma. El resto corresponden a fondos finalistas, enajenaciones reales, tasas y otros ingresos.
A esa previsión de ingresos se añaden 57,9 millones de euros asociados a la tasa de referencia de déficit del 0,1 % del PIB y 300,4 millones correspondientes a los ajustes de contabilidad nacional, hasta situar el límite máximo de gasto no financiero en los 8.398,1 millones de euros.