La jueza de Valencia pide juzgar a otros 36 investigados por el presunto amaño de contratos y el cobro de comisiones tras nueve años de investigación
Regala esta noticia Añádenos en Google El cuñado de quien fuera alcaldesa de Valencia Rita Barberá, José María Corbín. (EFE)Burguera
Valencia
03/09/2026 a las 18:35h.Tras casi una década de complejas investigaciones, concretamente nueve años, el conocido como 'caso Azud' encara su fase decisiva. La titular del Juzgado de Instrucción ... número 3 de Valencia ha dado por finalizada la instrucción de la macrocausa. La jueza establece la apertura del procedimiento abreviado contra 38 personas por la presunta articulación de una trama sistemática de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones urbanísticas e institucionales. El proceso ha llegado a afectar a más de 60 personas, si bien finalmente serán 38 los abocados al juicio.
La resolución afecta igualmente a destacados perfiles del ámbito político e institucional valenciano, como el exsubdelegado del Gobierno en Valencia y también diputado socialista en Les Corts, Rafa Rubio, además del también exdiputado popular Jorge Bellver y altos funcionarios de la administración local. Además, se procesa al abogado José Luis Vera, en su momento denunciante del 'caso Alquería'.
Iniciada en 2017 y mantenida bajo un estricto secreto de sumario durante años, la investigación del 'caso Azud' destapó un esquema de corrupción de carácter transversal que operó durante más de una década en diversas instituciones públicas.
Según se desprende de las pesquisas judiciales y policiales, el núcleo de la trama operaba cobrando elevadas comisiones a grandes constructoras y empresas de servicios a cambio de asegurar contrataciones, adjudicaciones públicas e intervenciones en desarrollos urbanísticos clave de Valencia y otros municipios. Los fondos ilícitos obtenidos a través de este sistema de 'peajes' se canalizaban presuntamente mediante facturaciones falsas, despachos de abogados pantalla e intermediarios, sirviendo no solo para el enriquecimiento personal de los implicados, sino también para la presunta financiación irregular de campañas electorales tanto del PP como del PSOE.
A un paso del banquillo
Con el dictado del auto de procedimiento abreviado, la instructora abre paso a las acusaciones —entre las que se encuentran la Fiscalía Anticorrupción y las partes personadas— para que formulen sus escritos de calificación y soliciten las correspondientes penas de prisión o el sobreseimiento respecto a los investigados.
El cierre del caso marca la conclusión de una investigación que se zanja con un de 38 procesados en relación al preseunto caso de corrupción política y urbanística. Entre ellos, además de políticos, empresarios, asesores fiscales y personas vinculadas con la actividad económica en la Comunitat. La investigación se inició por una denuncia de la Agencia Tributaria contra el despacho de abogados regentado por Corbín.
La instrucción propone el procesamiento para directivos de las constructora Gesfesa, Cleop, Edifesa y Ocide, así como ex responsables del Banco de Valencia o de firmas como Secopsa, así como una exalcaldesa de Xixona.
En el auto se da por buena la investigación que señala el pago de comisiones y entrega de regalos a cargos públicos en diferentes tramas, rechaza las solicitudes de sobreseimiento presentadas por algunas defensas y da traslado a las acusaciones como paso previo a la apertura de juicio oral.
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