Los grupos políticos de la oposición presentan enmiendas a la modificación del PGOU para frenar los alojamientos turísticos en parcelas residenciales
Regala esta noticia Añádenos en Google Turistas en el Centro de Málaga. (Sur)Málaga
09/07/2026 a las 13:17h.Los grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga han presentado enmiendas a la propuesta de modificación del Plan General de Ordenación Urbanística ( ... PGOU) para evitar que el uso de hospedaje siga siendo alternativo y compatible en parcelas residenciales, lo que implicará una moratoria de tres años para más apartamentos turísticos y hoteles de todas las categorías en la ciudad. Asimismo, este expediente modifica las condiciones con las que se permite la conversión de locales comerciales en viviendas, un fenómeno que se ha multiplicado en los últimos años.
El portavoz del grupo municipal del PSOE, Mariano Ruiz, ha argumentado que el modelo turístico actual ha saturado la ciudad y defiende que la moratoria no debe contemplarse como un simple paréntesis de tres años, sino como una reordenación definitiva. En este sentido, los socialistas rechazan el criterio del equipo de gobierno que permite mantener la tramitación de aquellos proyectos que ya hayan presentado la documentación «sustancial» antes de la entrada en vigor del freno de tres años. Ruiz ha advertido de que este concepto es ambiguo y corre el riesgo de convertirse en «un auténtico coladero de licencias». Por ello, exige que la paralización afecte a todos los apartamentos turísticos desde el mismo momento de la aprobación inicial.
Para los socialistas, una suspensión limitada a tres años es «un parche temporal que no soluciona el problema de fondo». Así, sostienen que Málaga está «lo suficientemente turistificada» como para que esta protección del suelo residencial se extienda en el tiempo «con un carácter indefinido y permanente». Además, Mariano Ruiz ha criticado que la documentación aportada por el gobierno local no incluya valoraciones ni indicadores sobre la evolución de las medidas, por lo que el PSOE exige dar cuenta anualmente en el pleno municipal del funcionamiento y la efectividad real de estas restricciones.
Respecto a la conversión de locales comerciales en pisos, desde el PSOE reclaman que estas actuaciones, siempre que cumplan estrictamente los parámetros de habitabilidad, se destinen en exclusiva a dar cobijo a los residentes locales, fijando un periodo mínimo de diez años en el que estas viviendas solo puedan usarse como residencia habitual o alquiler de larga duración.
El paquete de alegaciones del PSOE también incluye la exigencia de prohibir explícitamente la enajenación, venta o concesión de cualquier parcela de titularidad pública, a menos que la operación esté destinada de forma directa a incrementar el parque público de viviendas o a la promoción de alquileres asequibles. Asimismo, para evitar que el mercado esquive la norma mediante vacíos legales, los socialistas piden adaptar las denominaciones del hospedaje de forma que las limitaciones abarquen también los nuevos formatos residenciales como el flex living, el cohousing y el alojamiento temporal o de temporada.
Finalmente, exigen realizar una auditoría completa de todos los alojamientos temporales activos en la ciudad para verificar si cumplen rigurosamente con el Plan General vigente desde 2011, procediendo a la inmediata retirada de las licencias de aquellos que lo vulneren.
Toni Morillas acusa al equipo de gobierno de «dinamitar» esta medida por la aprobación de más apartamentos en vísperas de la suspensión temporal
Por su parte, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha calificado la medida del equipo de gobierno de «fake», y lo ha acusado de «dinamitar su propia medida mediante la concesión masiva de licencias en vísperas de la aprobación de la norma». Así, ha recordado que, durante el mes de junio, Urbanismo dio licencia de obras para tres proyectos de alojamientos turísticos. «Este ritmo intensivo de autorizaciones demuestra la falta de credibilidad del Partido Popular y evidencia un alarmante efecto llamada provocado por la propia tramitación de la moratoria», ha apuntado Morillas.
La enmienda a la totalidad de Con Málaga persigue un cambio radical en la estrategia urbanística y exige un marco de regulación «permanente e integral que sustituya la provisionalidad de los tres años sugeridos por el equipo de gobierno». Morillas ha recordado que en el pleno se acordó que la suspensión de licencias hoteleras y de apartamentos turísticos pudiera superar los cinco años, por lo que la propuesta actual supone «un retroceso respecto a los compromisos institucionales ya adquiridos».
Uno de los principales vacíos legales detectados por Con Málaga en la propuesta de modificación del PGOU radica en que la moratoria se circunscribe únicamente al suelo residencial. Toni Morillas ha advertido de que esta limitación deja vía libre para que se sigan otorgando licencias «por la puerta de atrás» en parcelas catalogadas como suelo terciario o en aquellos edificios que alberguen un uso mixto dentro de la ciudad, por lo que las enmiendas de la coalición proponen una prohibición total y absoluta que impida la concesión de nuevos permisos en cualquier tipo de suelo del término municipal.
Asimismo, Con Málaga pone el foco en «el drama que sufren los barrios» debido a la desaparición del comercio de proximidad provocado por la reconversión de los bajos comerciales. Frente a esto, sus enmiendas parciales proponen declarar áreas específicas de la ciudad con especial protección donde quede terminantemente prohibido alterar el uso comercial de los locales para evitar que terminen convertidos en pisos turísticos.
Análisis sobre el comercio de barrio
También exigen un análisis técnico detallado sobre la situación del pequeño comercio en cada barrio de forma previa a la autorización de cualquier cambio de uso. Coincidiendo con el PSOE, la coalición plantea que los locales comerciales que pasen a ser viviendas deban mantener dicha condición residencial convencional por un periodo obligatorio superior a los diez años, introduciendo además cláusulas antifraude que desincentiven la especulación inmobiliaria.
A este escenario de contestación se ha sumado el grupo municipal de Vox, cuya concejala Yolanda Gómez Marín ha registrado una enmienda a la totalidad contra el proyecto de modificación del PGOU, aunque desde una perspectiva radicalmente opuesta a la de los grupos de izquierdas. La formación califica la moratoria hotelera y turística como una medida «improvisada y puramente electoralista» ante el malestar social, advirtiendo de que su único efecto real será «bloquear las inversiones, destruir empleo y generar una grave inseguridad jurídica sin resolver el verdadero problema de la vivienda asequible», que achaca a la falta de suelo y al exceso de burocracia.
Como alternativa a lo que definen como un «bloqueo económico ineficaz», el texto de Vox insta al Ayuntamiento a sustituir la prohibición por una «estrategia integral que dinamice el sector inmobiliario agilizando licencias y movilizando suelo mediante colaboración público-privada». Asimismo, exigen un plan de diversificación hacia industrias tecnológicas y digitales para mitigar la dependencia del turismo, la descentralización de los flujos de ocio hacia los barrios y la realización de un estudio económico independiente que analice las causas estructurales de la subida de precios «antes de consolidar cualquier restricción en la ciudad».
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