La defensa del líder independentista responde así a la providencia del Tribunal de Cuentas, que da diez días a las partes para pronunciarse sobre la amnistía
Regala esta noticia Añádenos en Google Carles Puigdemont. (AFP)Barcelona
21/07/2026 Actualizado a las 22:44h.Carles Puigdemont ha denunciado a España ante la Comisión Europea por la no ejecución del ... TJUE) sobre la aplicación de la Ley de amnistía. Gonzalo Boye, el abogado que lidera la defensa en Europa de Puigdemont y de los ex consejeros Lluís Puig y Toni Comin, también fugados en Bélgica, ha presentado un escrito en el que acusa al Tribunal de Cuentas de desobedecer el fallo del TJUE y reclama a la Comisión que actúe para que el Reino de España ejecute la decisión del tribunal europeo.
Tras conocerse el fallo de TJUE, el Tribunal de Cuentas dictó este lunes una providencia en la que da un plazo de diez días a las partes para que formulen las alegaciones que estimen oportunas y aporten la documentación que consideren pertinente en relación con el origen de los fondos utilizados para realizar los gastos objeto del procedimiento. Entiende este tribunal que el TJUE solo avala el olvido penal en tanto que los fondos utilizados no son fondos europeos, por lo que reclama a las partes que aporten sus argumentos sobre el origen de los fondos sujetos a revisión.
En su escrito, Boye acusa al Tribunal de Cuentas de «construir de oficio un incidente procesal sin ningún soporte fáctico, con el único efecto de apartar el litigio de la interpretación» del TJUE, según ha avanzado el digital Vilaweb.
Los denunciantes señalan que la actitud del Tribunal de Cuentas vulnera el artículo 4 del tratado de la Unión en el que se recoge el compromiso de cooperación leal de los estados miembros. Un artículo que implica que esos estados, incluidos sus órganos jurisdiccionales, no pueden adoptar decisiones que pongan en cuestión los objetivos de la Unión y la aplicación uniforme y efectiva de les sentencias del TJUE.
También denuncian la vulneración del artículo 19 del Tratado de la Union y el 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión porque, a su juicio, la decisión del Tribunal de Cuentas reabre el procedimiento sin plazos concretos de resolución y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de los afectados.
Así, concluye que la decisión del Tribuna de Cuentas supone un «incumplimiento deliberado» del fallo del TJUE por parte de un tribunal de un estado miembro. Y denuncia además la «tergiversación pública de la sentencia, mediante una nota de prensa oficial» que según los denunciantes «afecta el valor del estado de derecho sobre el que se basa la Unión». Todo ello, añaden, «sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial del Estado respecto a los particulares por las vulneraciones del derecho de la Unión imputables a sus órganos jurisdiccionales».
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