Política andaluza
Pulso por la vivienda: la Junta frena a Sánchez por invadir sus competenciasEl Ejecutivo andaluz plantea un conflicto de competencias contra el contenido invasivo del Plan Estatal 2026-2030
Regala esta noticia Añádenos en Google Rocío Díaz, consejera de Vivienda en funciones. (Sur)Sevilla
23/06/2026 a las 19:19h.El choque entre el Palacio de San Telmo y la Moncloa suma un nuevo capítulo. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha ... aprobado la interposición de un requerimiento previo al Consejo de Ministros, paso obligado antes de formalizar un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. El objeto de la impugnación es el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, que regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. El Ejecutivo autonómico argumenta que la normativa vulnera flagrantemente el orden competencial consagrado en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía, reduciendo a la comunidad a un rol puramente administrativo.
La principal línea de fricción es económica. El nuevo marco altera unilateralmente las reglas de cofinanciación históricas al imponer un estricto reparto del 60% a cargo del Estado y un 40% para las comunidades autónomas, una decisión que carece de negociación previa o motivación justificada, según la Junta. Para Andalucía, esta fórmula supone un severo impacto en sus cuentas ya que la obliga a aportar 400 millones de euros adicionales respecto al plan anterior. Esto implica un incremento presupuestario de más de seis veces su aportación previa, mientras que el Estado no llega a triplicar la suya.
El nuevo marco, decidido unilateralmente por el Estado, implica una inversión de la Junta que sextuplica la actual
Esta asimetría financiera viene acompañada de una fiscalización minuciosa de cada programa. Según el Ejecutivo, el excesivo detalle de las actuaciones degrada a las comunidades a simples gestoras de subvenciones ajenas, impidiéndoles adaptar las ayudas a las necesidades del territorio. Asimismo, el plan intenta blindar por decreto un régimen de protección permanente para las viviendas públicas. La Junta denuncia que este punto busca sortear la legalidad al intentar reintroducir de manera encubierta lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, precepto ya derogado por el Tribunal Constitucional tras un recurso andaluz.
Además, el artículo 153 supedita los actos públicos de las actuaciones financiadas a una autorización centralizada o a la presencia del ministro del ramo, amenazando con suspender los fondos si se incumple. La consejera de Vivienda en funciones, Rocío Díaz, ha sido tajante al respecto: «Andalucía va a defender su autonomía y ha planteado el requerimiento al Plan Estatal de Vivienda por invasión de competencias. El Gobierno de Sánchez ha cambiado las reglas del juego de este plan estatal sin negociación previa con las comunidades autónomas y también sin dejarnos margen para poder implementar nuestras políticas en materia de vivienda a pesar de cofinanciar este plan». Díaz remarcó el descontento al añadir que «las comunidades autónomas nos merecemos respeto y la vivienda necesita hablar más de soluciones y por supuesto tener menos imposiciones, que es lo que hace el gobierno de España en materia de vivienda». Se abre un nuevo pulso en el Tribunal Constitucional.
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