La fontanera del PSOE, Leire Díez; el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso, han sido detenidos en el marco de una nueva causa judicial, aún bajo secreto sumarial.
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Ángela Poves Publicada 11 diciembre 2025 17:12h Actualizada 11 diciembre 2025 17:47hLas claves nuevo Generado con IA
La UCO ha detenido a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso en una investigación por presunta corrupción en contratos públicos relacionados con el Gobierno de España.
Los investigados están acusados de delitos como fraude, malversación, falsedad documental, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.
El nexo entre los implicados es la empresa Servinabar, presuntamente utilizada para canalizar mordidas a cambio de adjudicaciones públicas, y su vinculación con figuras políticas y empresas del sector renovable.
Se han registrado sedes de empresas públicas y privadas, como SEPI, Enusa, Mercasa y Forestalia, en el marco de 19 registros en toda España.
Las últimas detenciones efectuadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de una nueva causa judicial, aún bajo secreto de sumario e impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, estrechan el cerco político sobre el Gobierno de España.
La fontanera del PSOE, Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y el socio de Santos Cerdán en Servinabar, Antxon Alonso, fueron detenidos por sorpresa entre la tarde del miércoles y la mañana de este jueves.
Al haber sido declarada secreta la causa, se desconoce aún qué hechos motivan las detenciones y cuándo se produjeron estos, pero todo apunta a un nuevo caso de corrupción por presuntas irregularidades en la contratación pública, que habría empezado a operar tras la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno en 2018.
La UDEF detiene al CEO y al presidente de Plus Ultra, rescatada por la SEPI, e incauta datos fiscales de la aerolíneaLos detenidos están investigados por presuntos delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal.
Dirige la investigación el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional.
El nexo entre los tres detenidos es el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la empresa Servinabar, que fue utilizada para canalizar presuntas mordidas a cambio del amaño de contratos públicos.
Esta mercantil tuvo en plantilla a Vicente Fernández.
En paralelo a estas detenciones, los agentes han practicado varios registros en las sedes de las empresas supuestamente salpicadas. Entre ellas, las sedes de la SEPI, Enusa, Mercasa y Forestalia.
En total, según ha informado la Audiencia Nacional, se han practicado hasta 19 registros en distintas provincias de España.
Los siguientes párrafos detallan, junto a sus principales personajes, el funcionamiento de la supuesta trama corrupta.
1. Antxon Alonso
El nombre de Antxon Alonso salió a la luz a raíz del informe de la UCO que llevó a prisión a Santos Cerdán, de quien era amigo y socio en Servinabar.
Fue, además, quien abrió al exsecretario de Organización del PSOE las puertas de Bildu y PNV, tal y como aseguró Cerdán en su declaración ante el Alto Tribunal.
También fue quien organizó la cita entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi entre el 24 y el 31 de mayo de 2018, en un caserío situado en el País Vasco, para pactar la moción de censura a Mariano Rajoy, tal y como adelantó EL ESPAÑOL.
Junto con Santos Cerdán, influyó en el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido por Teresa Ribera, en pro de las mercantiles Forestalia, Sumelzo y otras compañías de renovables que, supuestamente, les pagaban.
Realizó, de hecho, gestiones para lograr la aprobación del Ministerio de la construcción de una autopista eléctrica entre Aragón y el País Vasco, y actuó de intermediario entre Forestalia, Sumelzo y el Gobierno de Navarra.
Tiene también una empresa de renovables que estuvo domiciliada en la misma dirección que varias sociedades de Forestalia y la familia Sumelzo: Next Generation Caliope Innova SL.
2. Vicente Fernández Guerrero
Fue presidente de la Sociedad Española de Participaciones Empresariales entre junio de 2018 y octubre de 2019, y mano derecha de María Jesús Montero, vicepresidenta primera, vicesecretaria del PSOE y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Fue ella quien le puso al frente de SEPI.
Ambos estrecharon su relación cuando en 2016 Fernández comenzó a trabajar con Montero como interventor general de la Junta de Andalucía hasta junio de 2018, cuando ella estaba al frente de la Consejería de Hacienda de la Junta en el gobierno socialista de Susana Díaz.
También fue secretario de los consejos de administración de la Empresa Pública de Gestión de Activos; la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, y Cartuja 93.
En octubre de 2019, fue imputado por el conocido caso Aznalcóllar, que investigaba presuntas irregularidades en el concurso de la mina de Aznalcóllar.
La propia Leire Díez, cuando estaba al frente de la dirección de comunicación de la sociedad pública Enusa, colaboró entonces para exonerarlo de toda responsabilidad y estuvo, de hecho, en las primeras sesiones del juicio antes que su nombre saltara a la escena pública.
Tras no conseguir el archivo del caso, el expresidente de Sepi fichó por la constructora Servinabar 2000, propiedad de Antxon Alonso, en 2021 y estuvo en nómina durante más de año y medio.
Fue también quien tenía alquilado el piso ubicado en Diego de León, que utilizaba la fontanera del PSOE para reunirse con empresarios a fin de recabar información.
3. Leire Díez
Ex militante socialista, su nombre salió a la luz después de que varios medios de comunicación, entre ellos EL ESPAÑOL, revelaran que estaba actuando como fontanera de Ferraz en busca de informaciones contra jueces, fiscales y mandos de la UCO incómodos para el Gobierno.
"Necesito a Balas. Si está muerto, mejor", afirmaba en una conversación con el empresario Alejandro Hamlyn publicada por El Confidencial, en referencia al jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) y responsable de las investigaciones que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez.
Además de Balas, la socialista buscó información contra otros mandos de la Guardia Civil como el capitán Juan Bonilla, ex jefe de fuentes de la UCO.
Ella aseguraba hablar en nombre del presidente del Gobierno y ser la persona que ha puesto el PSOE para investigar posibles irregularidades yofrecer a cambio ascensos a fiscales y guardia civiles a distintos empresarios imputados. Esto le llevó a que el Juzgado de Instrucción nº9 de Madrid abrió diligencias para investigarla por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia.
Fue consejera de Cistec Technology, directora de comunicación de la Empresa Nacional de Uranio (Enusa) y después jefa de relaciones institucionales en Correos, empresas dependientes de la SEPI, hasta febrero de 2024.
Su relación con Cerdán la ascendió en los contactos con Ferraz. Junto con otros colaboradores, se llegó a reunir en la sede del PSOE con el entonces director adjunto de Gabinete de Pedro Sánchez, Antonio Hernando, para hacerle entrega de unos audios sobre las saunas del padre de Begoña Gómez.
4. Gaspar Zarrías
Ex presidente de la Junta de Andalucía y exsecretario de Estado de Cooperación Territorial en el Gobierno de José Luis Zapatero, es amigo personal de la vicepresidenta María Jesús Montero, con quien coincidió siete años en el Gobierno de Manuel Chaves, y donde fue presidente en funciones en 2009. Fue de los pocos que apoyaban a Pedro Sánchez cuando aspiraba a convertirse en secretario general del partido.
También mantuvo a sueldo a Leire Díez, mientras esta buscaba información comprometedora de agentes de la Guardia Civil, jueces y fiscales en pro del PSOE, a través de la sociedad Zaño Sociedad Consultora, vinculada también al partido socialista, pues allí han trabajado dirigentes como Anabel Mateos, actual secretaria de Municipios del Litoral en la Ejecutiva de Pedro Sánchez y esposa del secretario de Estado de Telecomunicaciones Antonio Hernando.
Su consultora cobró también de otro de los empresarios investigados por el amaño de contratos públicos en la trama Cerdán, Pepe Ruz, a través de Koldo García, con quien mantenía una estrecha relación.
Fue condenado a nueve años de inhabilitación en cargos públicos por un delito de prevaricación en el caso de los ERE de Andalucía, pero fue el último de los dirigentes socialistas a los que el Tribunal Constitucional anuló la condena.
5. Fernando Samper
Empresario aragonés, dueño y presidente del grupo Forestalia, uno de los grandes actores en parques eólicos y fotovoltaicos, con múltiples proyectos polémicos por impacto territorial.
Su holding Fernando Sol y sociedades ligadas han compartido domicilio y operaciones con vehículos de la familia Sumelzo y con estructuras conectadas a Antxon Alonso, lo que lo coloca dentro del entramado de sociedades que se benefician de decisiones administrativas en renovables.
Se reunió, además, en septiembre de 2023 en el Palacio de Navarra con el vicepresidente Félix Taberna, Santos Cerdán y los directivos de esta empresa de renovables Carlos Ontañón, Luis Marruedo y Julio Tejedor.
6. Fernando y Juan José Sumelzo
Miembros de la familia Sumelzo, empresarios del sector renovable y primos/hermanos de la diputada socialista Susana Sumelzo, muy próxima a Pedro Sánchez.
A través de sociedades como Sumelzo SA y otros vehículos eólicos, intercambian participaciones y cargos con Forestalia y empresas del entorno de Samper, configurando una red de sociedades pantalla para proyectos de parques en Aragón.
Su papel en la trama es el de socios empresariales que se benefician de la “lluvia” de megavatios renovables, conectados a la vez al poder político socialista y a la estructura mercantil investigada.
7. SEPI
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es un holding público que aglutina a las distintas empresas públicas, donde el Estado participa, y está adscrita al Ministerio de Hacienda. Entre las empresas que aglutina está Correos, Navantia, la Agencia EFE, Tragsa, Mercasa o Hunosa, entre otras.
Es con Vicente Fernández al frente de la presidencia cuando la SEPI entra en el capital de Cistec.
8. Enusa
Empresa pública de ciclo nuclear, dependiente de SEPI, en la que Leire desempeñó un cargo antes de su salto a Cistec y Correos, encajando en el patrón de puertas giratorias entre empresas estatales.
De hecho, todo apunta que los agentes han registrado su sede por la conexión con la ex militante socialista y por su condición de empresa pública.
De momento, lo que se ha hecho público es la práctica de registros y requerimientos de documentación en la empresa, sin que se haya detallado una imputación específica a la propia ENUSA como entidad más allá del marco general de la trama.
9. Correos
En esta nueva trama, Correos ha sido una de las empresas públicas registradas por la UCO. Leire Díez fue directora de Filatelia y Relaciones Institucionales; los investigadores analizan si su posición pudo reforzar su red de contactos y su capacidad de acceso a información o influencia.
10. Forestalia
La vinculación entre Forestalia y la familia Sumelzo se remonta al año 2017. Esta mercantil comparte domicilios y bufetes con sociedades de la familia de la secretaria de Estado, Susana Sumelzo, y con la sociedad Next Generation Caliope Innova, administrada por Ántxon Alonso hasta poco antes de su detención.
La trama apunta a que empresas como Forestalia podrían haber recibido trato preferente vía SEPI y sus participadas (Cistec, Enusa), con Leire Díez y Fernández como posibles facilitadores de fondos y contratos. Aunque Forestalia no figura como detenida ni imputada directa, su inclusión en los registros refuerza la hipótesis de una red donde renovables sirven de vehículo para flujos irregulares, conectados a Servinabar (de Alonso) mediante posibles mordidas.
11. Sumelzo SA
Esta constructora, radicada en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), está gestionada por el hermano y el primo de Susana Sumelzo, quien se ha desvinculado completamente de los negocios de su familia. "Nunca he tenido relación económica ni intervención alguna en estas actividades empresariales", aseguró a EL ESPAÑOL.
Además, ha recibido decenas de millones en contratos de obra pública desde que Sánchez llegó a Moncloa. De hecho, la UCO ha hallado un pago de esta mercantil a la constructora de Santos Cerdán y Antxon Alonso.
12. Next Generation Caliope Innova
Es una sociedad instrumental de renovables fundada el 8 de abril de 2022 y administrada por Ántxon Alonso desde septiembre de ese año hasta noviembre de 2025, cuando se desvinculó justo antes de su detención. Estuvo domiciliada, de hecho, en la misma dirección que varias sociedades de Forestalia y la familia Sumelzo.
Tiene un activo de 2.180.918 euros y no ha tenido facturación en los últimos años. El socio de Cerdán inscribió la sede de la empresa en la calle Serrano, 76 de Madrid.
En ese domicilio se encuentra el bufete de abogados GVJ & Associates, que opera también en Suiza. Este despacho está especializado en energías renovables.
13. Servinabar
Esta sociedad, propiedad de Antxon Alonso, es la que, según los investigadores, habría percibido alrededor del 2% de obras adjudicadas irregularmente a Acciona, acumulando cerca de 6,7 millones de euros en comisiones ilícitas. Acciona tiene varios exdirectivos investigados por su presunta relación con una trama que supuestamente lograba contratos por medio de Santos Cerdán, que fue el enlace con el Ministerio de Transportes.
Recibió, de hecho, más de 100 millones de euros en contratos públicos del Gobierno de Navarra de María Chivite, incluyendo la obra de los túneles de Belate por 76 millones.
Contrató también a la mujer del ex secretario de Organización, Francisca Muñoz, en 2018 por la que recibió una nómina de 1.900 euros netos al mes, y pagó el ático en el que vivía mientras era miembro del PSOE, según la documentación de la Guardia Civil.
Recibió transferencias relevantes desde sociedades vinculadas a Forestalia y la familia Sumelzo.
14. Mercasa
Es una empresa pública de mercados mayoristas y de la que el holding público ostenta el 51% del capital y el Ministerio de Agricultura el 49%, con filiales en logística alimentaria (Mercamadrid, Mercabarna), transporte nuclear (ETSA) y gestión de residuos (EMGRISA).
Pese a que por el momento no hay ninguna imputación de directivos ligados a esta sociedad, los agentes han registrado su sede para requerir documentación sobre posibles irregularidades en contratos y adjudicaciones públicas. Sobre todo, bajo la gestión de Fernández en el holding público y el período en que la fontanera del PSOE estaba en otras entidades públicas.
15. Cistec Technology SL
Es una empresa tecnológica vasco‑navarra, que se sitúa ahora en el centro de la detención de Leire Díez. El foco de la cuestión está en que la SEPI se hizo con el 25% de su capital en 2018 -año en el que Sánchez llegó a la Moncloa- y en que la fontanera del PSOE fue consejera entre 2021 y 2023, en representación del holding público, justo después de su paso por ENUSA.
No obstante, Díez no cobró retribución como consejera, pese a que los agentes investigan si la compañía fue utilizada como plataforma para canalizar fondos y desviarlos hacia otras mercantiles.
Desde la entrada de Sánchez al Gobierno, esta sociedad ha ganado más de 60 adjudicaciones públicas por unos 5,5 millones de euros y ha recibido subvenciones y ayudas públicas cercanas al millón de euros.