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Los residentes en España nacidos en el extranjero serán más de 10,5 millones tras la regularización de más de 500.000 personas este año. La inmigración es el motor demográfico con la crisis de vivienda como telón de fondo.
"Dada la demografía de España y de Europa, una inmigración ordenada es imprescindible". Las palabras del vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, pronunciadas en julio del año pasado, no podrían servir mejor para describir el cuadro que deja la evolución de la población residente en el país, que alcanzó a cierre del año pasado un nuevo récord de más de 49,5 millones de habitantes impulsado por el aumento de extranjeros frente al estancamiento -y, por momentos, a la caída- de la población española.
Los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su informe de Estadística Continua de Población muestran cómo el país superó por primera vez, a 1 de enero de 2026, la barrera de los diez millones de habitantes nacidos en el extranjero, de los cuales 7,2 millones no cuentan con nacionalidad española. Se trata de un crecimiento interanual del 4,8%, que eleva el número total de residentes en España un 0,9%, hasta rozar los 50 millones de habitantes.
El récord de extranjeros podría superarse este mismo año, después del procedimiento extraordinario de regularización de más de 500.000 personas que el Gobierno aprobó hace unas semanas y que comenzará el próximo abril para todos los inmigrantes en situación irregular que acrediten al menos cinco meses de residencia en el país y que hayan solicitado el permiso de residencia antes del 31 de diciembre del año pasado.
En el cuarto trimestre del año, el saldo demográfico arroja una cifra positiva de 81.520 personas, lo que supone un crecimiento del 0,16% respecto al periodo inmediatamente anterior. Una vez más, la población inmigrante se posiciona como motor demográfico, al crecer un 1,01% frente a la caída del 0,05% registrada entre la población nacida en España.
Atendiendo a la división por nacionalidades, y como viene siendo habitual en las últimas estadísticas, Colombia, Venezuela y Marruecos siguen siendo los países de nacimientos desde donde llegan más inmigrantes, superando las 85.000 llegadas entre octubre y diciembre, el 85% del total. En los tres casos la cifra es superior a las 18.500 llegadas de personas de nacionalidad española, lo que explica, en paralelo a la caída sostenida del número de nacimientos, el incremento de la tasa de población extranjera que se está consolidando en el país año a año.
Déficit de 200.000 viviendas cada año
En medio de la acuciante necesidad para miles de empresas de encontrar trabajadores o las profundas dudas sobre el futuro del sistema de pensiones, la llegada de inmigrantes es valorada por las asociaciones empresariales de sectores como la hostelería o la agricultura como una tendencia positiva, bien como una oportunidad para mantener sus negocios, bien como una necesidad para garantizar la sostenibilidad del sistema público de jubilación.
En esta línea, un estudio publicado ayer mismo por Funcas concluye que la incorporación de la fuerza laboral extranjera -más de 200.000 trabajadores sólo el año pasado- explica la mitad del crecimiento del PIB registrado desde 2022, y pone de relieve que los extranjeros presentan tasas de actividad más altas que los nacidos en España.
Sin embargo, la llegada de inmigrantes no está exenta de riesgos en el medio y largo plazo, algunos de los cuales ya se notan con fuerza en el presente más inmediato. Por ejemplo, la generación de un "cuello de botella" en el acceso a la vivienda -que se consolida como la principal preocupación de los españoles, según el CIS-, lo que podría "cercenar el crecimiento de la economía española" a pesar de la llegada masiva de trabajadores extranjeros, según valoró el exministro de Economía español y actual vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, el pasado enero.
En este sentido, los datos publicados ayer por el INE muestran un incremento de más de 226.000 hogares entre el 1 de enero de 2025 y el primer día del presente ejercicio, hasta superar los 19,7 millones. Por contra, apenas se construyen unas 90.000 viviendas al año en todo el país, lo que agrava las dificultades para acceder a un techo, engordando aún más los precios por el desajuste entre la oferta disponible y una demanda cada vez más elevada por la llegada de inmigrantes y la progresiva reducción del tamaño de los hogares.
El problema de la vivienda podría alcanzas cotas incluso más altas en los próximos meses, tras la regularización extraordinaria que el Gobierno pondrá en marcha hasta junio, una cuestión sobre la que los sindicatos policiales muestran su temor por el riesgo de generar un nuevo "efecto llamada" y las dificultades para gestionar todas las solicitudes previstas.
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