Un contraste llamativo: el Gobierno parece haberse tomado más en serio unas palabras de Rajoy sobre la selección francesa que los problemas denunciados por expertos y sindicatos policiales en el proceso de regularización de inmigrantes. Las consideraciones -ridículas y efectivamente racistas- del ex presidente en una de sus columnas sobre el Mundial han merecido duras críticas por parte de varios ministros; las quejas por cómo se están gestionando las regularizaciones, sin embargo, no suelen recibir respuesta, o son tratadas con una suerte de luz de gas institucional: no pasa nada, todo va bien.
Más allá de las miserias habituales de la política, la comparación entre las dos reacciones ilustra algunos problemas en nuestra manera de abordar la cuestión migratoria. Es más habitual encontrarnos con enfoques morales, culturales y hasta psicológicos que con debates sobre cuestiones administrativas o técnicas. En el discurso oficialista, parece que la inmigración solo supone un problema en la medida en que hay muchas personas que albergan prejuicios racistas o xenófobos. Si esos prejuicios desaparecieran, no habría tensión alguna: la conversación pública se centraría únicamente en los muchos beneficios que trae la inmigración, y en lo bueno que es comportarse como una sociedad solidaria. Curiosamente, el enfoque cultural también se impone en algunos discursos críticos: por ejemplo, los que señalan que la principal cuestión aquí sería que Europa está perdiendo su esencia o su identidad a causa del fenómeno migratorio.
Todo esto da pie a declaraciones más llamativas y debates más encendidos que las cuestiones técnicas. Sin embargo, no hay ningún marco cultural que legitime la chapuza. Nadie, piense lo que piense sobre este tema, está a favor de que los gobernantes improvisen decisiones o que se desentiendan de sus consecuencias. Y esa es justamente la impresión que provocan algunas de las medidas más importantes que ha tomado el Gobierno en torno a la cuestión migratoria. En este sentido, la investigadora María Miyar señalaba hace unos días en una excelente tribuna lo preocupante que resulta que las solicitudes de regularización hayan terminado siendo más del doble de las previstas inicialmente por el Gobierno. ¿Cómo pudo el Gobierno -se preguntaba la experta- equivocarse tanto en el dato fundamental de una política de Estado de tal envergadura? Y ¿cómo puede ser que esa equivocación no lleve a replantearse los efectos que este proceso puede tener en el mercado de trabajo, los servicios públicos, la cohesión social?
Podríamos ampliar estas preguntas con las denuncias de los sindicatos policiales por la inacción ante avisos de posibles procesos fraudulentos; o con la opacidad con los cálculos sobre cuántos de los recién regularizados se han apuntado al paro; o con las consecuencias que puede tener el reciente fallo del Supremo acerca del Reglamento de Extranjería que se aprobó en 2024, y que permitirá, entre otras cosas, que los familiares de inmigrantes puedan obtener el permiso de residencia aunque haya antecedentes penales. Uno pensaría que estas cuestiones desbordan los debates culturales o identitarios, y que pueden ser afrontados desde una perspectiva más inmediata y transversal. Pero quizá sea mucho asumir que esa pueda ser la prioridad de un Gobierno.