El Gobierno vasco reunió el pasado 3 de julio en secreto, en un apartado caserío de Alzo (Guipúzcoa), a 17 presos de ETA con cinco víctimas de la extinta organización terrorista para que pasaran el día juntos. Víctimas y etarras compartieron charlas, paseos en grupos reducidos y mantel a lo largo de unas nueve horas, en presencia de dos altos cargos del Departamento de Justicia que dirige la socialista María Jesús San José. El encuentro forma parte del programa de «justicia restaurativa» que el Gobierno vasco (PNV-PSE) despliega desde finales de 2024 con absoluto sigilo, y que está sirviendo como estación previa a la cascada de semilibertades concedidas a los condenados de ETA, reivindicación central de Bildu al Gobierno de Pedro Sánchez.
Según ha podido saber EL MUNDO de fuentes penitenciarias, la intención del Gobierno vasco era que al menos en aquella primera salida de julio participaran 21 presos de la cárcel alavesa de Zaballa; entre ellos, nombres conocidos como Juan Antonio Olarra Guridi o María Soledad Iparraguirre ('Anboto'). Sin embargo, la iniciativa no fue acogida de forma pacífica en el centro penitenciario.
El equipo de psicólogos, jefes de servicio y trabajadores sociales de Zaballa rechazó la participación de cuatro etarras debido a los muchos años que les quedaban para cumplir sus condenas y porque no habían accedido antes a ninguna salida programada. Fue el caso de Juan Luis Rubenach, Juan Carlos Besance, Iratxe Sorzabal y la propia Anboto; cuatro vetos que el Gobierno vasco admitió. En todo caso, los psicólogos de la cárcel no quisieron acudir a la jornada.
Aquel día, las cinco víctimas -ninguna de ellas cabeza visible de las asociaciones de víctimas del terrorismo- y los etarras pasearon por el pueblo, almorzaron en el caserío Arretxe e intercambiaron reflexiones sobre sus experiencias, como las razones para militar en ETA y el sufrimiento padecido por los atentados. Al almuerzo conjunto asistieron José María Bastos, director de Justicia del Gobierno vasco, y Pablo Martínez Larburu, director de Servicios Penitenciarios.
Se da la circunstancia de que este caserío fue violentamente incendiado en 1999. En él residía Pilar Zuriarrain, una ex edil del PNV y abogada que se encontraba tramitando varias denuncias judiciales contra algunos ayuntamientos de Herri Batasuna (HB). El PNV lo interpretó como una práctica «mafiosa» del brazo político de ETA. El ataque se atribuyó a ese entorno y HB se negó a condenarlo.
CHARLAS Y TALLERES
El Gobierno vasco anunció en 2022 su voluntad de impulsar este proyecto en el marco de su Estrategia Vasca de Justicia Restaurativa 2022-2025, y con el fin de avanzar en la convivencia entre vascos tras el final de la banda, disuelta en 2018. Sin embargo, los detalles del programa, su ejecución y sus resultados no han trascendido hasta hoy. Tampoco las asociaciones de víctimas han sido informadas.
Fuentes oficiales del Departamento de Justicia consultadas ayer por EL MUNDO indicaron que el Gobierno vasco nunca ha ocultado la existencia de este programa, pero que lo trata con la «discreción» y «confidencialidad» debidas, especialmente para proteger a las víctimas.
El programa constó, en una primera fase, de talleres o charlas entre etarras y mediadores dentro de prisión. Más tarde se organizaron «círculos restaurativos» entre víctimas y victimarios. Cabe destacar que la ex jefa de ETA Iratxe Sorzabal se resistió a verse con las víctimas alegando que fue torturada por la Guardia Civil.
Sobre el papel, el propósito es ayudar a la reinserción de los condenados. La idea es que presos y víctimas se reconozcan mutuamente desde el punto de vista «humano». La huella que ha dejado casi medio siglo de asesinatos, secuestros y amenazas se aborda sin limitarse a la visión jurídica o a la moral, y priorizando la mirada familiar, social y cultural.
El caso de 'Txeroki'
En teoría cualquier plan enmarcado en la llamada «justicia restaurativa» requiere que los condenados accedan a él con voluntad sincera de reparación y no para conseguir beneficios penitenciarios. No obstante, la participación en este programa de talleres y encuentros ha servido al menos de argumento jurídico para que la Fiscalía haya avalado la controvertida aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario -la llamada semilibertad- al ex dirigente de ETA Mikel Garikoitz Aspiazu ('Txeroki').Condenado a casi mil años de prisión, Txeroki está saliendo de la cárcel guipuzcoana de Martutene de lunes a viernes desde enero, con la obligación de dormir en el centro.
Según la Fiscalía, Txeroki cumple los requisitos para ver mejoradas sus condiciones gracias al plan de «justicia restaurativa», puesto que con su participación en él «ha certificado su compromiso serio, riguroso e irrevocable de apoyar a las víctimas de terrorismo en sus procesos de sanación y reparación emocional potenciando la explicación frente a la justificación».
«Aspiazu Rubina viene participando en el programa de talleres de justicia restaurativa», esgrimió la Fiscalía el 2 de febrero en un insólito comunicado. «En estos talleres que se han venido desarrollando desde el 15 de octubre de 2024 ha participado en la totalidad de las sesiones de preparación y en todos los círculos restaurativos que han incluido contacto directo con víctimas y familiares de asesinados por la banda terrorista ETA».
Más allá de Txeroki, al menos seis de los participantes en el programa de Zaballa están saliendo de prisión: Olarra Guridi y Ainhoa Mujika (condenados a más de mil años), Jon Bienzobas (sentenciado por el asesinato de Francisco Tomás y Valiente), Gregorio Vicario (secuestror de Cosme Delclaux y José María Aldaya), Idoia Mendizabal y Óscar Zelarain.
VACIAR LAS CÁRCELES
El artículo 100.2 es una medida de carácter excepcional que permite al condenado salir unas horas de prisión, aunque con los presos de ETA se ha convertido en ordinaria. Las asociaciones de víctimas denuncian que a través de esta vía -una suerte de atajo previo al tercer grado, que es mucho más exigente y revocable por los tribunales- , los reclusos fieles a Bildu están saliendo de la cárcel antes de tiempo sin haber colaborado con la Justicia ni haber deslegitimado el terrorismo. El contexto político es la estable alianza forjada entre el PSOE y Arnaldo Otegi, que en octubre de 2021 dijo: «Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar a favor de los Presupuestos, pues los votaremos».
Bildu prohíbe el arrepentimiento a sus reclusos, que reciben el sello institucional de la reinserción firmando cartas y otros escritos muy medidos, mientras el partido aún los presenta como «presos políticos» que deben ser liberados. En cambio, quienes rompieron con ETA y su mundo, como los de la llamada vía Nanclares, son repudiados por Bildu y excluidos de su red de apoyo político y económico.
Hoy apenas medio centenar de etarras siguen en segundo grado. Desde que Sánchez transfirió la competencia de las cárceles al País Vasco, en octubre de 2021, cerca de cien han obtenido el tercer grado y unos 30, el 100.2, aunque la lista de estos últimos no se hace pública. No consta que hayan ayudado a esclarecer crímenes ni que hayan repudiado públicamente el terrorismo que practicaron.
Caserío 'Arretxe'
JORNADA CONJUNTA. El 3 de julio de 2025, una quincena de presos de ETA y cinco víctimas se reunieron en el caserío Arretxe, situado en la localidad guipuzcoana de Alzo, donde no residen más de 500 personas.
INCENDIO. El caserío, que data del siglo XVII, fue noticia en octubre de 1999, cuando un incendio provocado lo arrasó. Allí vivía una ex concejal del PNV y abogada de ganaderos que estaba tramitando denuncias contra varios municipios gobernados por HB, germen de Bildu.
CONDENA. El PNV de Xabier Arzallus denunció entonces las «prácticas mafiosas» de los abertzales, a cuyo alcalde apoyaban. Todos los partidos, salvo HB, condenaron el ataque.