Hace ya años que el Día de la Constitución se ha convertido en ocasión propicia para que los partidos disparen unos contra otros desde corta distancia. Lejos de ser una oportunidad para demostrar un mínimo interés por el diálogo y el acuerdo, el aniversario de la Carta Magna es ya el momento escogido para evidenciar que la polarización y el enfrentamiento son el veneno que corre por las venas de la democracia española. Y si, además, se pone a tiro la ocasión de agrandar la brecha con el adversario comprando fuerzas mercenarias dispuestas a jugar en favor del mejor postor, miel sobre hojuelas. El de ayer fue un ejemplo de guerra caótica y sin cuartel. Todos contra todos: Sánchez, Feijóo, Ayuso, Díaz e incluso ausentes, como Abascal
Que Sánchez se siente acosado por los casos de corrupción y abuso, que su Gobierno está dividido y que ha perdido la mayoría parlamentaria que le dio la investidura y le ha sostenido hasta ahora, son elementos clave que explican su estrategia. Sobre todo, el último. De manera que apostando por solucionarlo se allanarían los obstáculos que hoy por hoy impiden al presidente sentenciar con credibilidad que resistirá hasta 2027 y agotará la legislatura.
El plan para atraer de nuevo al redil los siete votos de Junts, que hace dos años le reabrieron las puertas de La Moncloa, se puso en marcha la semana pasada con un Sánchez entonando el mea culpa de sus incumplimientos con los de Puigdemont y dando luz verde en el Consejo de Ministros a un decreto con medidas al gusto de la formación independentista.
Ayer, el acto en el Congreso para celebrar el cumpleaños constitucional se convirtió en otra oportunidad para Sánchez de lanzar guiños a Junts, dando incluso aire a la petición de ruptura con los populares que le lanzó Puigdemont, tachando al PP de "heredero del franquismo". Pero, además, en esta ocasión el presidente contó con la ayuda de la tercera autoridad del Estado, la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol.
"En nuestra Constitución caben nuevos derechos, nuevas libertades (...) Podemos adecuarla a la diversa realidad territorial de nuestro país, hacer de ella un texto del siglo XXI. Esto nos recuerda, además, que las leyes son nuestras, de la ciudadanía; que emanan de la voluntad popular y sus necesidades; que se ajustan, que se transforman según avanza la sociedad a la que representan".
Las palabras de la presidenta del Congreso en su discurso institucional sugieren la posibilidad de abrir la puerta a introducir en la Constitución cambios que apunten al reconocimiento del principio de plurinacionalidad, a la existencia de naciones dentro del Estado como propugna el PNV o incluso, como se interpretó en las filas de la oposición, a la aceptación del llamado derecho a decidir -mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación- como reclama Junts. Se trata, en definitiva, de sumar fuerzas con Sánchez para restablecer lazos con Puigdemont alimentando la idea, abanderada por el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, interlocutor del Gobierno, hasta hace unos días, con Waterloo, de que es necesario el "reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña".
Nada indica de momento que la formación de Puigdemont se ablande ante estas palabras que, de momento, son un brindis al sol porque para introducir cambios de tal calado en la Carta Magna serían necesarias mayorías reforzadas que no puede aglutinar este Gobierno. Cosa distinta sería propiciar esos planteamientos por caminos paralelos, contando con la aquiescencia del TC, como se hizo con la Ley de Amnistía.
Junts anunció su ruptura con Sánchez a finales de octubre y a la mano que el presidente les tendió la semana pasada han respondido con un tajante: "Estamos donde estábamos". Es decir, situados en el no.
Así lo han demostrado tumbando en primera votación la senda de estabilidad presupuestaria, paso imprescindible para la elaboración y tramitación del proyecto de cuentas del Estado. Y nada indica que la próxima semana, en segunda instancia, vayan a permitir su aprobación.
De momento, con algunas concesiones y con gestos y guiños, Pedro Sánchez trata de revertir una realidad que parece inapelable. El presidente afirma que utilizará todos los instrumentos a su alcance y pide "paciencia" pero también insiste en que pase lo que pase seguirá al frente del Gobierno y agotará la legislatura. Con o sin el apoyo del Congreso; con o sin Presupuestos. Insiste en que su hoja de ruta pasa por seguir gobernando para completar la ejecución de los fondos europeos y consolidar la "normalización" en Cataluña.
Afirma, además, estar convencido de poder sacar votaciones en el Parlamento, algo que sólo podrá hacer si cuenta con el apoyo de los siete diputados de Puigdemont, de manera que todo indica que las propuestas que a partir de ahora el Ejecutivo remita a la Cámara se modularán cuidadosamente para ser del gusto de Junts pero sin incomodar con ello a los socios situados a la izquierda del PSOE. Un ejercicio de equilibrismo ciertamente complicado, máxime si se tiene en cuenta, como él mismo admitió ayer, que no hay contactos con la formación independentista.
La posibilidad más cierta de un restablecimiento de relaciones con Junts la explicitó ayer la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para quien la clave pasa por el regreso de Puigdemont a España, algo que el Gobierno confía que el Tribunal Constitucional avale la próxima primavera. En ese escenario sí habría posibilidades de aprobar unos Presupuestos, los primeros y últimos de una legislatura que podría llegar a término. La primavera se convierte así en una meta volante clave para Sánchez. Hasta entonces, y pese al esfuerzo de todas las terminales de La Moncloa, la probabilidad de que Junts deje de estar donde estaba es muy baja.