sanchez-congreso
Empresas Sánchez busca el marco legal de la UE para recuperar el 'impuestazo' a las energéticas que ya tumbaron Junts y el PNVEl Gobierno vuelve a poner sobre la mesa un gravamen cuya prórroga fue rechazada por el Congreso a comienzos de 2025.
Más información: Las grandes empresas temen un nuevo 'impuestazo' de Sánchez justificado por la crisis de Irán
Fernando Cano Publicada 5 abril 2026 02:35hLas claves nuevo Generado con IA
El Gobierno español ya empezó el trámite para buscar el aval legal de la Unión Europea a un nuevo impuesto extraordinario a las empresas energéticas que ya se puso en marcha en 2022 a propósito de la crisis generada por la guerra de Ucrania.
Esta vez la justificación es la guerra de Irán y los beneficios extraordinarios que supuestamente estarían teniendo las grandes corporaciones energéticas, en especial las petroleras y gasistas.
Como ya adelantó EL ESPAÑOL-Invertia hace un mes, se cumplieron los peores temores de las grandes empresas españolas: que el Ejecutivo utilizase la guerra para poner sobre la mesa la necesidad de que las grandes empresas paguen por beneficiarse económicamente de la guerra de Irán.
Cinco países europeos, entre ellos España, piden a Bruselas un impuesto sobre los beneficios de las energéticasSiguiendo con el caso español, las principales afectadas volverían a ser compañías como Repsol, Moeve, BP, Galp o Naturgy. Empresas que siempre han rechazado estos gravámenes al negar que se produzcan beneficios extraordinarios en estas crisis.
Un impuesto que no se ha incluido como parte del paquete de medidas para paliar los impactos económicos de la guerra, precisamente a la espera de tener la justificación y el aval de la Comisión Europea.
Moeve (Cepsa) gana 109 millones y sale de pérdidas: "Seguiremos trabajando por un marco fiscal estable"Es así como este viernes santo -y ajeno a los focos mediáticos de un día hábil- el Gobierno de Pedro Sánchez se sumó a una iniciativa conjunta con Alemania, Italia, Austria y Portugal pidiendo formalmente a la Comisión Europea que ponga en marcha un nuevo impuesto coordinado sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas.
Al tratarse de tres de las cuatro primeras economías de la UE (Alemania, Italia y España), solo faltaría convencer a Francia para que salga adelante, lo que implica que tiene elevadas probabilidades de que salga adelante.
841 días de tensiones entre el Gobierno y las energéticas: así ha sido la guerra de 2.800 millones por el impuestazoLas fuentes consultadas dentro del Gobierno indican que ha sido una iniciativa conjunta de los cinco países, aunque este diario ha podido saber de que uno de los más fuertes defensores ha sido España y que todo ha sido negociado por el flamante vicepresidente económico, Carlos Cuerpo.
En una carta, estos países reclaman al comisario de Clima, Cero Emisiones Netas y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra, que elabore un marco jurídico para gravar las ganancias inesperadas del sector. Está firmada por Cuerpo y sus homólogos Giancarlo Giorgetti (Italia), Joaquim Miranda Sarmento (Portugal), Lars Klingbeil (Alemania) y Markus Marterbauer (Austria).
Los otros socios de Sánchez amenazan el pacto con Junts y PNV para suavizar el impuesto a la banca y quitar el energético"Una solución europea de este tipo actuaría como una señal para los ciudadanos de nuestros Estados miembros y para la economía en general, demostrando que estamos unidos y somos capaces de tomar medidas. También enviaría el mensaje claro de que quienes se benefician de las consecuencias de la guerra deben poner de su parte para aliviar la carga sobre el público general", dice la misiva.
Y precisamente se basa en el marco legal que ya se aprobó en 2022, cuando la Unión Europea dio luz verde —a través del Reglamento (UE) 2022/1854— a una contribución temporal de solidaridad para hacer frente a la crisis de precios desencadenada por la invasión rusa de Ucrania.
Esto supondría comenzar el mismo camino que la norma ya recorrió en 2022 cuando la UE avaló el reglamento el 6 de octubre de 2022, que fue el germen de la ley española 38/2022, de 27 de diciembre. Una norma aprobada con el apoyo de PSOE, Podemos, Sumar, PNV y Bildu y la abstención del Junts
En ella, se establecieron los gravámenes temporales energético, de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, y el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.
Beneficios extraordinarios
En el caso de las energéticas se gravó el 1,2% de sus ingresos (cifra de negocio) y en el de la banca el 4,8 % a los intereses y comisiones. Se esperaba recaudar 7.000 millones de euros en dos años y se ingresaron finalmente 5.800.
El Ejecutivo dijo originalmente que el gravamen sería temporal, pero intentó prorrogar mediante la justificación de la guerra de Gaza. No obstante, el impuesto a las energéticas decayó a comienzos de 2025 en el Congreso al no contar con el apoyo de Junts y PNV. Y aunque el de la banca prosiguió, la norma está recurrida ante los tribunales.
Respecto del recorrido legal del eventual nuevo gravamen, si se sigue el mismo camino de 2022 debería pasar por el Congreso español, aunque en el Ejecutivo todavía no se ha abordado esta situación.
Incluso hay quien cree que dependiendo cómo se gestione este reglamento, si es que sale adelante, incluso podría aprobarse sin necesidad del aval de los parlamentos nacionales.
Apoyos parlamentarios
Con todo, los antecedentes dicen que sí debería pasar por el Congreso y aquí -pese a tener el aval de Bruselas- recuperar el 'impuestazo' no sería fácil ya que necesitaría los votos de Junts y PNV, que ya votaron en contra de este impuesto por su cercanía a las grandes empresas.
En cualquier caso, como han transmitido varias empresas del sector a este periódico, estamos ante el comienzo de una nueva batalla política -como en 2022- con las empresas en el ojo del huracán.
Creen que un Gobierno que ya ha demostrado muchas veces su cercanía al populismo, intentará retratar a los partidos de la oposición como el PP y Vox y sacar rédito político del enfrentamiento con las grandes empresas y las energéticas. Y todo en los dos últimos dos años de legislatura.