Sánchez, cada vez más cerca de la asfixia política, pero lejos de su imputación penal si ningún testigo directo le implica

Sánchez, en la presentación del Plan Estatal de Fertilizantes, el lunes pasado en San Martín de la Vega. Jesús Hellín Europa Press

La implicación de Juanma Serrano y Antonio Hernando debilita la tesis de que Sánchez no conocía los manejos de la 'fontanera' Leire.

Ya no se descarta que el PSOE sea imputado como persona jurídica por financiar la cloaca de Ferraz.

Los socios se distancian del Gobierno a medida que se hace más tóxica la proximidad al presidente.

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"Determinados actores políticos y mediáticos están tratando de confundir a la gente y crear una sensación de corrupción generalizada que no existe", dijo Pedro Sánchez el pasado 24 de junio, cuando compareció ante el Pleno del Congreso para dar cuenta de los escándalos que le afectan.

Esta tesis, que consiste en negar "la corrupción generalizada", es desde entonces la base del relato de Moncloa y, por tanto, de los argumentarios difundidos entre ministros y dirigentes.

Y aunque lo de "generalizada" es un concepto indeterminado e incuantificable, no hay semana en que no surjan nuevos elementos que extienden la sensación de que la corrupción afecta de lleno a Sánchez y, por tanto, al Gobierno y al PSOE.

Por ejemplo, porque están imputados o condenados quienes han sido en distintas etapas la mano derecha del presidente, como José Luis Ábalos, Santos Cerdán y ahora Juanma Serrano. Se forma un reguero de supuesta corrupción en casi toda su trayectoria, antes y después de llegar a la Moncloa.

Porque el juez, la Fiscalía y la Guardia Civil creen que el PSOE financió una trama de cloacas para frenar procesos judiciales que le afectaban.

Porque hay indicios de que esa trama se incrustó en la SEPI, el holding de empresas públicas que gestiona unos 4.000 millones, y la controló desde fuera.

Porque están imputadas la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; la presidenta de la Sepi, Belén Gualda, y la gerente del PSOE, Ana María Fuentes. Y Sánchez respalda a las tres, aunque sean señaladas por el instructor.

Porque el actual presidente del Gobierno se la ha jugado también defendiendo a José Luis Rodríguez Zapatero, sin que éste haya cumplido su compromiso de explicar por qué tenía valiosas joyas en su caja fuerte.

Y porque hay varias causas declaradas secretas sobre las cuentas del PSOE y adjudicaciones públicas que auguran un rosario de noticias incómodas sobre informes policiales, autos judiciales y citaciones durante meses.

Es decir, que se tambalea el concepto de "corrupción no generalizada", establecido por Sánchez como barrera para frenar la riada.

La 'smoking gun tape'

Moncloa argumenta que en ninguno de esos casos hay indicio alguno de implicación de Sánchez. Que no hay lo que se conoce como "pistola humeante".

Viene a cuento porque el uso de esa expresión se extendió en 1974 cuando se conoció una conversación entre Richard Nixon y su jefe de gabinete, H. R. Haldeman, en la que hablaban de utilizar a la CIA para frenar la investigación del FBI sobre el robo del Watergate.

La cinta demostraba que el presidente había participado desde el principio en el intento de encubrimiento.

Cuando se hizo pública, la prensa estadounidense la bautizó como la"smoking gun tape"("la cinta de la pistola humeante"), porque constituía la prueba definitiva que hasta entonces faltaba de la implicación del presidente.

Ahora no la hay, como explica el Gobierno. Sí hay referencias de otros sobre el "number one" o "el presidente" que no sirven para proceder penalmente contra el presidente del Gobierno, es decir, para imputarle.

En todo caso, sí parece probable que la Audiencia Nacional impute al PSOE como persona jurídica una vez que los investigadores entienden que el partido puso a disposición de la trama de las cloacas su infraestructura y la gerente imputada es acusada de falsear facturas.

Este paso de la Justicia sería insólito respecto a un partido en España y daría otra vuelta de tuerca a la responsabilidad política del secretario general socialista.

Otra cosa es la responsabilidad política por acumulación de "manos derechas" imputadas o la sospecha de que Sánchez podía conocer algunos de los hechos que se investigan.

Hasta sus socios de Gobierno de coalición y del Parlamento mantienen sus dudas y sólo les contiene el temor a facilitar la llegada de Vox al Ejecutivo.

Se trata de aplicar la teoría que Sánchez, como líder de la oposición, aplicó a Mariano Rajoy para pedir su dimisión por sus casos de corrupción: si lo sabía, porque es responsable directo; y si no lo sabía, por haber nombrado a personas no convenientes y por no haber vigilado a su entorno.

Esa situación lleva a Sánchez a una especie de asfixia política por la dificultad de aprobar nada en el Congreso, por el pronunciamiento expreso de la mayoría de la Cámara para que dimita o convoque elecciones y por el lógico proceso de distanciamiento de todos sus socios para abordar la precampaña electoral que se inicia en septiembre, para que se vote en febrero o marzo de 2027.

Ese proceso se acelerará si ven que la proximidad a Sánchez es tóxica políticamente.

Dudas sobre Sánchez

En su comparecencia en el Congreso, Sánchez clasificó los casos de presunta corrupción en tres grupos.

Por un lado, el de su esposa y su hermano, que atribuyó a una persecución. En segundo lugar, el de Zapatero, del que intentó desligar al Gobierno.

Y por último, los de Ábalos, Cerdán y Leire Díez, que dio por ciertos, aunque pretendió limitar la responsabilidad a ellos tres.

Esa empalizada que levantó se resquebraja.

Las dudas sobre el nivel de conocimiento de Sánchez sobre los hechos se iniciaron ya en 2024, cuando fue imputado Ábalos.

El presidente nunca explicó por qué le destituyó en julio de 2021, ni por qué lo recuperó para las listas del PSOE en las generales de 2023.

Tampoco supo nada, según su versión, de los movimientos de quien fue mano derecha en el partido y el Gobierno. Ni de los manejos que llevaron a Cerdán a la cárcel.

El presidente desoyó a quienes le aconsejaron que no mantuviera en la Ejecutiva del PSOE a Juanfran Serrano, la mano derecha de Cerdán, una vez que este fue encarcelado. Ahora la Audiencia Nacional apunta a Serrano, diputado en el Congreso.

Los informes policiales, los escritos de la Fiscalía y los autos del juez de la Audiencia Nacional desmontan estas semanas otro de los argumentos defensivos de Sánchez, amplificado por sus ministros: que la trama de las cloacas y Leire Díez es sólo responsabilidad de Cerdán, al margen del PSOE.

Esa narrativa soslaya que Cerdán era el secretario de Organización y, por tanto, era el PSOE. Y pasa por alto la estrecha y lógica relación de Cerdán con Sánchez.

Pedro Sánchez y sus ministros hablaban de las "andanzas de Leire", de la "pequeña Nicolás" o de "Anacleto, agente secreto", pero los escritos judiciales dibujan otro escenario.

La narrativa de Moncloa choca con detalles que van apareciendo en las investigaciones, como la reunión que dio origen a la trama, según el juez, y los manejos sobre la SEPI.

En manos de las cloacas

La reunión fundacional se produjo en abril de 2024, durante los días en que Sánchez se encerró para decidir si seguía adelante tras conocerse la imputación de su esposa, Begoña Gómez.

De esos días salió una estrategia pública para hacer frente a lo que llamaron "las máquinas del fango" o "pseudomedios" y para reformar la Justicia.

Y en esa reunión, según el juez, se puso en marcha una pata más de la ofensiva: la de las cloacas para frenar los procesos judiciales en contra y difundir informaciones de otros casos que les pudiera favorecer.

Hay que tener en cuenta que en la reunión participó Antonio Hernando, que entonces era el número dos del Gabinete del presidente.

Y Sánchez sólo se relacionaba esos días con su Gabinete, es decir, Óscar Lópezy Hernando. De ahí que la tesis del desconocimiento de Sánchez sea tan débil.

Hernando es ahora la "nueva mano derecha" de Sánchez. Es secretario de Estado de Telecomunicaciones, pero es mucho más que eso.

Fue incluido en la Ejecutiva del PSOE hace un año y tomó el relevo de Cerdán en el papel de muñidor de acuerdos, puente con el PSOE y, sobre todo, interlocutor con socios como PNV y Junts.

Los escritos judiciales y policiales sobre el caso de las cloacas han dado además un salto al sostener que esa trama controló la SEPI.

Incluso, se da por sentado con pruebas documentales como la agenda de Leire Díez que Vicente Fernández seguía teniendo mando del holding cuando ya había abandonado su presidencia.

Eso supone una presunta irregularidad que es insólita en la Administración pública e interpela a la responsabilidad política de los jefes orgánicos de Sepi, es decir, la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente del Gobierno.

Esta responsabilidad, que es también política y no penal con los datos conocidos, también asfixia a Sánchez, en situación de debilidad política.

Si se tratara de una serie podría avanzarse que en la próxima temporada las diferentes tramas se cruzarán y, sobre todo, puede haber un giro si alguno de los implicados se acoge a la "vía Aldama", la de la confesión y la colaboración de la Justicia.

Podrían hacerlo Julio Martínez, acusado de ser el testaferro de Zapatero; Leire Díez, sobre la que pesan ya muchos indicios y el propio Santos Cerdán, entre otros.

Es decir, el futuro de Sánchez y su pretensión de llegar a 2027 para intentar una nueva remontada queda en manos de aquellos a los que el propio Sánchez ha señalado como responsables únicos de las tramas.

1. Pedro Sánchez
2. Antonio Hernando
3. Richard Nixon
4. José Luis Rodríguez-Zapatero
5. Óscar López
6. José Luis Ábalos
7. Santos Cerdán
8. PSOE
9. Leire Díez

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