La expresidenta del Parlamento catalán Laura Borràs, el ex alcalde de Linares Juan Fernández y el exdirector de la Fundación Centro Niemeyer de Avilés Natalio Grueso. Agencias
Política Sánchez indulta a la líder separatista Laura Borràs y a otros dos condenados por corrupción vinculados al PSOEBorràs fue condenada en 2023 a cuatro años y medio de cárcel por trocear contratos a dedo a favor de un amigo en la Institució de les Lletres Catalanes.
Grueso, gestor cultural del Niemeyer, y Fernández, exalcalde de Linares, fueron sentenciados por malversar dinero público del entorno del PSOE.
Alberto D. Prieto Publicada 29 julio 2026 02:35h Las clavesLas claves Generado con IA
El Gobierno aprovechó el último Consejo de Ministros antes del verano para aprobar tres indultos parciales a condenados por corrupción. Dos son figuras vinculadas al PSOE y el tercero es una dirigente clave del partido de Carles Puigdemont que quedó fuera de la amnistía.
La decisión, tomada con nocturnidad veraniega, reabre con fuerza el debate sobre el uso político de las medidas de gracia en plena oleada de causas de corrupción que cercan a Pedro Sánchez.
Fuentes del PP denuncian, indignadas por el "escándalo", que el Ejecutivo ha intentado hacerlo "a escondidas".
No hubo rueda de prensa del Consejo, porque tocaba la comparecencia de Sánchez para hacer balance del curso, y los indultos ni siquiera aparecen en la referencia oficial de la reunión publicada por La Moncloa. La concesión se conoció a última hora de la tarde, con la clase política ya en plena espantada vacacional.
Los tres indultos llegan, además, apenas semanas después de que el propio Gobierno aprobase la nueva Ley de Integridad Pública y la presentase como el gran instrumento anticorrupción de la legislatura.
El PP responde en las Cortes a la Ley de Integridad 'sanchista' con 15 medidas contra la corrupción "económica, política y moral"Sánchez, de hecho, presumió de ella en su discurso de despedida antes del verano, presentándose como campeón de la ejemplaridad institucional. Sólo minutos antes, había firmado indultos por corrupción que afectan a una líder separatista y a dos condenados vinculados al PSOE.
Quiso ir en la amnistía
Cuando Sánchez encargó a Santos Cerdán, hoy investigado por varios delitos de corrupción, negociar la Ley de Amnistía con Puigdemont para lograr su investidura, el PSOE se negó a incluir a Borràs.
Alegaban los socialistas que sus delitos nada tenían que ver con el procés. Y que para blindar la norma ante Bruselas, debían rechazar las presiones de la expresidenta del Parlament y de Junts. Cualquier redacción que borrase por ley la existencia de una corrupción basada en trocear contratos a favor de un amigo, sería una condena a la norma.
Y además, tanto el Tribunal Supremo como la Fiscalía han reiterado que los hechos de Borràs son ajenos al conflicto independentista y encajan de lleno en el ámbito de la corrupción en la contratación pública.
Ahora, pasados casi tres años, el Gobierno concede el indulto parcial apoyándose en la "desproporción" de la pena, ya señalada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la sentencia.
La condena de prisión de Borràs se reduce de cuatro años, seis meses y un día a dos años, lo que le permite esquivar la cárcel si no tiene antecedentes, mientras se mantiene la inhabilitación y la multa.
A raíz de este procedimiento penal, Borràs fue suspendida como presidenta del Parlamento catalán en julio de 2022, cuando la enviaron a juicio, y perdió el acta de diputada en mayo de 2023, tras la condena.
Borràs, que dejó la presidencia de Junts en manos de Carles Puigdemont, se proclamó víctima de lawfare por sus convicciones independentistas y exigió ser incluida en la ley de amnistía, alegando que su caso no era corrupción sino "persecución política".
El tribunal pidió el indulto
Es cierto que, ya fuera de la amnistía, el TSJC acordó el 28 de marzo de 2025 elevar al Gobierno una propuesta de indulto parcial en favor de Borràs respecto a su condena por prevaricación, un delito continuado de falsedad en documento oficial y como inductora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Su pena a cuatro años y medio de cárcel derivó de los contratos que adjudicó a dedo a un amigo cuando ella presidía en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
Las empleadas del PSOE confirman el pago de viajes a Leire Díez y Cerdán era "el único que daba órdenes"Y el propio tribunal, además, había acordado suspender su ingreso en prisión hasta que fuera resuelta la propuesta de indulto.
Los magistrados consideraron que la suma de las condenas impuestas "lleva a considerar excesiva la duración de la pena privativa de libertad". El tribunal indicó que la "métrica penal vigente" es la que es, pero tuvo en cuenta que ni Borràs ni los otros dos condenados actuaron para "la obtención de un lucro personal".
Los dos socialistas
El caso de Natalio Grueso es distinto pero también toca el corazón del uso del indulto en el sistema político.
Grueso, dramaturgo y gestor cultural, fue director de la Fundación Niemeyer, un emblema cultural respaldado por gobiernos socialistas y personalidades ligadas al PSOE en Asturias.
La Justicia lo ha condenado a ocho años de prisión por un delito continuado de malversación, falsedad y delito societario por apropiarse de fondos de la entidad mediante facturas falsas en beneficio propio, de su familia y de su entorno.
Tras haber estado huido y ser detenido en Portugal antes de ingresar en prisión, Grueso se beneficia ahora de un indulto parcial que, según el Gobierno, se justifica por "razones humanitarias" vinculadas a su estado de salud.
La Audiencia de Asturias y la Fiscalía se opusieron a la medida de gracia y recordaron su desdén inicial por los requerimientos judiciales. Sobre ese historial, la presión política, en una campaña de apoyo de artistas y figuras culturales, parece haber pesado más que la Justicia.
El tercer caso es el del exalcalde socialista de Linares, Juan Fernández.
El Tribunal Supremo confirmó en 2025 su condena a tres años de prisión y siete de inhabilitación por malversación, al acreditarse que durante seis años cobró un sobresueldo mensual de 1.700 euros con cargo a la cuenta del grupo municipal del PSOE, nutrida con dinero del Ayuntamiento.
El perjuicio se cifró en 125.377 euros, que Fernández ya ha devuelto.
Sánchez dice que su mujer y su hermano lo único que han hecho es "trabajar" y son víctimas de una "causa política"La Audiencia de Jaén había suspendido su ingreso en prisión hasta el 30 de agosto de 2026 mientras se tramitaba una petición de indulto parcial al que la Fiscalía se ha opuesto frontalmente.
Pero el PSOE local y miles de vecinos habían pedido clemencia.
El juego político
En Junts, la lectura del indulto a Borràs no es la que busca Sánchez.
Fuentes del entorno de Puigdemont consultadas por este periódico sostienen que "si el presidente cree que se van a amigar con Puigdemont por el indulto de Laura, se equivoca".
A su juicio, "no hay noticia", sino un retraso del Gobierno, al que "se le estaban agotando los plazos" después de que el propio TSJC pidiera el indulto para la líder separatista.
El PSOE necesita a Junts para sostener cualquier mayoría en el Congreso y, desde noviembre, el partido de Puigdemont decretó la "ruptura definitiva" con Sánchez por sus "incumplimientos reiterados" del acuerdo de investidura.
En este contexto, el gesto hacia Borràs se interpreta en Cataluña como un intento de reconducir la relación. Pero los independentistas no compran el relato de desjudicialización.
"¿Integridad o desprecio?"
El PP ve los indultos como la enésima prueba de que Sánchez ha cruzado todas las líneas que prometió no cruzar.
Los populares hablan de "desprecio absoluto" a las instituciones, y recuerdan que la Ley de Integridad Pública que acaba de aprobar el Gobierno no es más que una "cortina de humo" mientras indulta corruptos dos semanas después.
Es más, fuentes de la dirección popular celebran ahora con más ahínco la proposición no de ley registrada este lunes, con 15 medidas de "ejemplaridad institucional", que incluye la prohibición de indultos por corrupción y otros delitos graves.
Montaña rusa en Moncloa: Sánchez pasó en dos horas de la euforia por el aval a la amnistía al enfado por el juicio a BegoñaY es que el propio Sánchez llegó a la Secretaría General del PSOE, en 2014, con ese discurso por bandera.
De hecho, en el programa electoral de diciembre de 2015, los socialistas incluyeron negro sobre blanco el compromiso de "prohibir la concesión de indulto en cualquier delito vinculado a supuestos de corrupción y violencia de género", convertir el indulto en algo "excepcional" y reforzar su motivación y el control parlamentario.
Desde entonces, esa promesa ha desaparecido de sus programas.
Ni en las elecciones repetidas de 2016, ni en las dos generales de 2019, ni en las de 2023 volvió a aparecer la prohibición de indultar a corruptos. La realidad de Sánchez ha ido por otro camino: amnistía a dirigentes del procés, reformas penales ad hoc y ahora, indultos que afectan a condenados por corrupción.
Precedente peligroso
El precedente preocupa porque llega en medio de la oleada de casos que afectan al PSOE, desde el estallido del llamado 'caso Koldo', en febrero de 2024, seguido del 'caso Begoña', poco después.
Son una quincena de sumarios abiertos, más de un centenar de imputados y más de veinte tipos delictivos bajo investigación, desde la Guardia Civil y la SEPI hasta empresas públicas como Enusa y Mercasa, pasando por la propia gerencia del partido, que financió las cloacas de la fontanera Leire Díez contra las instituciones del Estado.
Además, ya hay condenas. El fiscal general, Álvaro García Ortiz, recibió una sentencia de inhabilitación, el pasado noviembre, por revelar datos personales del novio de Isabel Díaz Ayuso.
El caso Mascarillas se saldó, el pasado junio, con una durísima sentencia de 24 años de cárcel contra el exministro socialista José Luis Ábalos.
Y el hermano del presidente, David Sánchez, ha sido sentenciado, hace apenas dos semanas, a nueve años de inhabilitación como cooperador necesario en un delito de prevaricación administrativa ligado a su contratación en la Diputación de Badajoz.
Ese choque entre las promesas de integridad y los hechos consumados este martes a última hora alimenta un precedente peligroso de impunidad selectiva.
Mientras la oposición pide una "reconstrucción institucional" y promete cerrar de una vez la puerta del indulto para corruptos, Sánchez la ha vuelto a abrir a conveniencia, y precisamente en el momento en que más causas judiciales cercan a su partido.
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