Un grupo de saharauis a las puertas del Congreso, junto a los diputados de Sumar que han impulsado la ley para concederles la nacionalidad y la presidenta de la Cámara, Armengol. Europa Press
Política Sánchez intenta compensar su viraje sobre el Sáhara dando la nacionalidad a 70.000 saharauis y sus descendientesTodos los partidos exigen explicaciones al presidente por su giro en 2022, cuando admitió el plan de Marruecos como "el más viable" para el Sáhara.
Más información:El Congreso devuelve la nacionalidad a los saharauis entre reproches al PSOE por su "sumisión" a Marruecos
Rubén Fernández Publicada 11 septiembre 2026 06:30h Las claves Síguenos Las claves Generado con IAHacía 49 años que por el Palacio del Congreso de los Diputados de Madrid no se veían las largas túnicas blancas del traje saharaui.
La 53ª provincia española tenía cuatro procuradores en las Cortes predemocráticas, que siempre iban ataviados con su vestimenta típica y daban colorido a la bancada. Fue así hasta 1977.
Este jueves, una representación de saharauis, hombres y mujeres, regresaba al Congreso con su ropa beduina para asistir al debate de una ley que pretende resolver una de las heridas abiertas tras la salida de España del Sáhara.
Se calcula que unas 70.000 personas podrían beneficiarse de la norma. Además, la ley equipara a los saharauis con los latinoamericanos, filipinos y ecuatoguineanos a la hora de acceder a la nacionalidad: bastarán dos años de residencia continuada en España en lugar de diez.
La encargada de defender la ley era una joven saharaui, Tesh Sidi, nacida en un campo de refugiados en Argelia y residente en España desde hace una veintena de años.
Pero el debate no versaba únicamente sobre "una injusticia histórica" con el pueblo saharaui. Sobre el hemiciclo planeaba también el giro dePedro Sánchezrespecto al Sáhara y la sensación, entre buena parte de sus defensores, de que la ley llega como una reparación después de lo que muchos consideran "la traición" del Gobierno.
El diputado de ERC incluso advertía su temor de que, tras la aprobación de esta norma, que ahora irá al Senado, la causa saharaui caiga definitivamente "en el olvido".
No pocos portavoces interpretaban la ley como el intento de de Sánchez de compensar su "sumisión" a Marruecos.
Un giro "unilateral"
Porque, si hay tres años marcados en la memoria saharaui, son 1975, cuando Marruecos invade el Sáhara; 1976, cuando España anuncia su retirada; y 2022, cuando Sánchez pone fin a casi medio siglo de defensa ante la ONU de un referéndum de autodeterminación y admite que el plan de autonomía marroquí es el "más viable" para la antigua provincia española.
Aquella decisión se adoptó de forma unilateral, sin consultar al Parlamento y, ni siquiera, a su socio de Gobierno. Supuso el inicio de un viraje político que se produjo después de la crisis abierta por el asalto masivo a Ceuta de 2021 y tras la decisión del Gobierno de Sánchez de acoger al líder del Frente Polisario, Brahim Galli.
Era el comienzo de una nueva relación con Rabat.
Sánchez lleva exculpando a Rabat 40 días pese a que los informes del 30-J alertaban de su "connivencia" y "negligencia"Lo recordaban este jueves PNV, Bildu o BNG. Mikel Legarzahablaba de "giro radical, unilateral e incomprensible" y reclamaba recuperar la posición tradicional de España de apoyar un referéndum pactado.
Y desde el PP, Pedro Muñoz Abrines, reprochaba que Sánchez sigue "sin explicar las verdaderas causas de tal claudicación ante Marruecos". "¿Por qué entregaron el Sáhara a la soberanía de Marruecos?", preguntaba.
El cambio de Sánchez en 2022 vino acompañado del cese de la ministra de Exteriores,Arancha González Laya, su sustitución porJosé Manuel Albares y, meses más tarde, la invitación a Marruecos para que participase junto a España y Portugal en la organización del Mundial 2030 .
Ahora Mohamed VI quiere que la final de ese campeonato se celebre en Casablanca, en un estadio en honor a su padre, organizador de la Marcha Verde.
Incluso el PSOE trató de bloquear y retrasar la tramitación de la norma ahora aprobada, como recordaron varios portavoces.
Sin embargo, Tesh Sidi tenía una mención especial para Francina Armengol, presidenta del Congreso y madre de acogida de dos niñas saharauis.
La socialista, perteneciente a la corriente más prosaharaui del PSOE, fue clave para desencallar la ley.
Pero la paradoja es que la decisión con la que Sánchez pretendía abrir una nueva etapa con Marruecos no ha resuelto el problema de vecindad con el país norteafricano.
El 30 y 31 de julio, Ceuta volvió al centro de la crisis. Un nuevo asalto, todavía más masivo, de 72.000 personas.
La Marcha Verde, 50 años después: los últimos días de la retirada sin honor del Sáhara EspañolY esa sombra se proyectaba también este jueves sobre el Congreso.
La publicación de los documentos que prueban que el CNI alertó de la avalancha convirtió el debate parlamentario sobre los saharauis en algo más que una discusión sobre nacionalidad.
Desde ERC, Francesc Marc Álvaro se dirigía a la bancada del PSOE y auguraba que la crisis de Ceuta "será fatal para su recorrido" porque jurídicamente será más grave que los casos de corrupción.
El resto de las formaciones fue en esa línea. "El Gobierno fue incapaz de anticiparse pese a los avisos y las alertas", reprochaba el diputado de Junts, Isidre Gavin.
La portavoz de Coalición Canaria, Cristina Valido, denunció "la intención" de "convertir a Ceuta, Melilla y Canarias en un gran CETI".
Y ahí vuelve a aparecer Marruecos.
Porque España puede recuperar para los saharauis una nacionalidad que perdieron hace casi medio siglo, pero la cuestión que provocó aquella pérdida sigue sin estar resuelta: la relación con el vecino del sur.
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