Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, junto a su ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Congreso. EP
Política GUERRA EN IRÁN Sánchez moviliza otro buque de guerra de espaldas al Congreso mientras bloquea la ley que le impone mayores controlesMoncloa estira la misión naval por la guerra de Irán enviando a Chipre la fragata 'Méndez Núñez', tras cargar en Rota "todos los misiles" de la 'Cristóbal Colón'. Parte de la tripulación empalma dos despliegues consecutivos.
Más información: La fragata F-104 ‘Méndez Núñez’ relevará a la F-105 ‘Cristóbal Colón’ en su misión en Chipre el 7 de abril.
Alberto D. Prieto Publicada 10 abril 2026 02:44hLas claves nuevo Generado con IA
El Gobierno ha ordenado el relevo de la fragata Cristóbal Colón por la Méndez Núñez en la misión de "disuasión y evacuación" en Chipre con motivo de la guerra en Irán, y los ataques de la República Islámica contra el país miembro de la UE.
Esta movilización de tropas certifica que el envío del buque de guerra "más moderno" de la Armada a la "zona de conflicto" no fue una decisión de urgencia. La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha limitado a informar en la comisión mixta de Seguridad Nacional, sin pedir la ratificación del primer despliegue ni la autorización del segundo.
Fue una decisión política meditada, ahora prolongada en el tiempo, que no ha pasado por el debate y la votación del Congreso, como exige la Ley de Defensa Nacional de 2005 para misiones en el exterior.
El PP detectó ya en 2024 la nula intención de Sánchez de someterse al Congreso para autorizar misiones en el exterior. Por eso, registró una proposición de ley para endurecer la norma e imponerle mayores controles al Ejecutivo, que lleva en un cajón –oficialmente, en fase de enmiendas– desde entonces.
La norma establecería que las misiones en el extranjero deban ser "prorrogadas" por votación parlamentaria pasados cinco años de su autorización. También, limitar las tropas y el material precisado y, en caso de extensión o ampliación, recabar la "autorización" de la Cámara.
Finalmente, sobre todo, una comparecencia obligatoria anual del titular de Defensa para informar de la "evolución" de las misiones de España en el exterior.
Y es que desde 2006, los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy solicitaron 26 autorizaciones al Congreso, en Pleno o en Comisión, para que las Fuerzas Armadas participaran en operaciones en el exterior.
Pero la última fue en enero de 2018, cuando la ministra María Dolores de Cospedal (PP) pidió autorización para incrementar los efectivos en la misión de la UE en Mali.
Ni escenario, ni misión, ni buque
Moncloa defendió en un primer momento que el envío de la Cristóbal Colón se trataba de un movimiento apremiante, ligado al ataque iraní a la base británica de Akrotiri y en consonancia con la lealtad de España con sus socios y aliados.
Esa tesis quedaba amparada, según Moncloa, en las cláusulas de urgencia de la norma, que permiten informar después y pedir ratificación a las Cortes.
Pero el relevo de una fragata por otra demuestra que el Gobierno rehúye a las Cortes para evitarse un debate conflictivo con sus socios y una votación en la que podría contar sólo con el eventual apoyo del PP.
La Cristóbal Colón fue enviada a Chipre a principios de marzo, cuando ya había tocado base en Ferrol tras participar en unas maniobras de adiestramiento de la OTAN en el Báltico y el Mar del Norte.
Cambió de misión, para integrarse en un dispositivo de defensa real de un Estado socio como Chipre, atacado por otro como Irán. Y cambió de escenario, del Báltico al Mediterráneo oriental. El salto de unos ejercicios a la protección de una "zona de conflicto" alteraban el objetivo y el riesgo de la misión.
Ahora, Moncloa ha optado por estirar el mandato inicial cambiando incluso de fragata.
Ni ha solicitado a las Cortes una autorización previa, como prevé la ley para toda operación exterior relevante, ni tramitó la ratificación posterior que permite la cláusula de urgencia.
El Ejecutivo opera, así, bajo una interpretación amplia de los "interés nacional" que hurta al Congreso el papel que la norma quiso otorgarle. Y deja a las Cortes como un mero espectador de decisiones ya consumadas.
Relevo "casi clandestino"
El pasado 7 de abril se formalizó en Rota el relevo operativo entre la F‑105 Cristóbal Colón y la F‑104 Méndez Núñez, en una ceremonia "casi clandestina", según las fuentes consultadas.
La fragata F-104 'Méndez Núñez', en la ría de Pontevedra. Ministerio de Defensa
Según informó la ministra de Defensa ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, que el buque de relevo permanecerá, "a priori", desplegado hasta junio para dar cobertura al portaaviones francés.
Las mismas fuentes advierten de que parte de la dotación de personal de la Cristóbal Colón fue embarcada de nuevo directamente a la nueva fragata, "empalmando dos despliegues consecutivos". Además, todos los misiles de la F‑105 fueron transferidos a la F‑104 antes de que ésta partiera hacia el Mediterráneo oriental.
Tras el relevo, la Cristóbal Colón regresó a Ferrol casi de incógnito. Este jueves entraba en la estación naval de A Graña "sin presencia de autoridades militares ni civiles" y sin convocatoria a los medios.
La vuelta del buque que inauguró la polémica se ha gestionado con discreción máxima, mientras la nueva fragata se dirige a una misión de riesgo que la opinión pública apenas conoce más allá de las referencias genéricas del Gobierno.
Irak, Zapatero y la ley
La prolongación de la operación y su escalada jurídica chocan con el espíritu y, para muchos expertos, con la letra de la Ley de Defensa Nacional de 2005.
Aquella norma, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tras el apoyo del Gobierno de José María Aznar a la segunda guerra de Irak, en 2003, tenía un objetivo que explicitó el entonces titular de Defensa, José Bono: "Que nunca más el Congreso quede en silencio para enviar tropas a una misión fuera de España".
La ley prevé dos opciones: el de la "consulta previa y autorización" del Parlamento o, si la "respuesta rápida o inmediata a determinadas situaciones" lo exige, en situaciones de "máxima urgencia", la decisión inmediata del Ejecutivo debe ser sometida después a "ratificación" de las Cortes.
En el caso de Chipre, el Ejecutivo ha optado por un tercer sendero: ni la autorización se pidió antes ni la ratificación se ha producido después, pese a que el despliegue ha cambiado de teatro y de naturaleza.
El PP exige a Sánchez que cumpla la ley y pida permiso al Congreso para enviar la fragata "a una zona de conflicto"La Moncloa justifica su actuación en una lectura expansiva del concepto de "interés nacional", que, a su juicio, abarcaría tanto la seguridad de la población de Chipre como la solidaridad con los socios europeos.
Constitucionalistas como Enrique Ruiz Robledo han advertido a este periódico de que, si el Gobierno puede encadenar decisiones de envío y relevo de unidades en zonas de conflicto sin pasar por el control de las Cortes, la función de autorización parlamentaria "se convierte en un trámite decorativo".
Para el profesor, el paso de unas maniobras en el Báltico a una misión de defensa real frente a misiles iraníes en el Mediterráneo oriental "no puede considerarse un simple desplazamiento técnico".
En la misma línea se pronuncia el exministro de Defensa y letrado del Consejo de Estado Federico Trillo, que recuerda que la Ley de 2005 "nació precisamente para evitar que un Gobierno decida en solitario el envío de fuerzas a una guerra o a un escenario con riesgo de guerra".
Ahora, el PP ha pedido formalmente "que Pedro Sánchez cumpla la ley" y solicite permiso al Congreso para mantener una fragata en la zona de conflicto de Chipre, en el marco de un dispositivo que podría verse envuelto en una escalada directa con Irán.
Moncloa insiste en que la misión es estrictamente defensiva, lo que no despeja las dudas sobre el control democrático de la decisión.
Menos aún cuando el país que comanda la misión, Francia, contempla en sus Reglas de Enfrentamiento (ROE) las "acciones defensivas necesarias y proporcionadas" para neutralizar misiles y drones iraníes en origen. Es decir, un escenario que difumina la frontera entre defensa y participación directa en una guerra regional.