"El día 27 [de julio] llamamos a Moncloa. El presidente del Gobierno no tuvo a bien atenderme. Me pasó al jefe de Gabinete [Diego Rubio] y me dijo que estaba en contacto con los diferentes ministerios, que estuviéramos tranquilos. Como persistíamos, nos llegó a decir que no llamáramos más, que nos estábamos poniendo muy pesados". Aunque luego matizaría las palabras concretas empleadas durante este intercambio, estas declaraciones del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, serán previsiblemente objeto de las preguntas que se formulen en la Audiencia Nacional, donde hoy comienza la ronda de declaraciones en el marco de la investigación de la jueza María Tardón sobre la entrada masiva irregular de inmigrantes en Ceuta desde Marruecos los días 30 y 31 de julio.
La jueza aspira a esclarecer cuál fue la respuesta de las autoridades españolas ante la información que pudieron tener previa al asalto, según señaló en su auto del día 7 de septiembre y con el que asumió la competencia de la causa. El procedimiento, en fase embrionaria de instrucción, se está llevando a cabo con celeridad y las diligencias acordadas hasta el momento conforman una investigación sin precedentes.
De ahí que vayan a ser interrogados como testigos el propio Vivas, que desprecinta los interrogatorios a las 10.00 horas de este miércoles, así como el jefe de la Policía Local de Ceuta, Sebastián Vega, y el ex jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno Gonzalo Sanz, que declaran mañana a las 10.00 y a las 12.00 horas, respectivamente.
Para la jueza, estos tres testimonios son "prioritarios" ante "la necesidad de conocer, de forma directa, la información de que se disponía antes de los acontecimientos, las previsiones existentes, la evolución de la situación y las circunstancias concretas que determinaron el colapso operativo".
Además de sus comunicaciones con La Moncloa, es previsible que las partes indaguen sobre la petición que Vivas dijo haber cursado para lograr la activación de la emergencia nacional. Según expresó el pasado 11 de septiembre durante una comparecencia pública, así lo pidió durante una reunión celebrada el día 27 de julio en la Delegación del Gobierno de Ceuta. La propuesta no fue bien recibida y, posteriormente, fue rechazada por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, quien le trasladó que no concurrían los requisitos legales necesarios para declarar la emergencia. En su declaración, Vivas podrá ratificar ante la Justicia los avisos que hizo llegar al Gobierno central y a su Delegación ceutí.
Ya en el auto de citación -con el que también reclamó informes a más de 30 organismos de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado- Tardón avanzó que, tras recibirlos, citaría a quienes los elaboraron. Tras las declaraciones de Vivas, Sanz y Vega, es previsible que la juez amplíe la lista de comparecencias e incluya los nombres que afloren en las testificales de esta semana.
Por eso es relevante la declaración de Gonzalo Sanz, ex jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta. Como testigo, está obligado a contestar con la verdad a todas las preguntas que se le planteen. Sanz dimitió el pasado 11 de septiembre alegando tener conocimiento de los avisos del CNI y habérselos trasladado a su jefe, Miguel Ángel Pérez Triano. Y éste, tras proporcionar al menos tres versiones diferentes de los hechos -en las que reducía, cuando no negaba, las comunicaciones a algo "rutinario"-, dimitió este lunes reconociendo por primera vez que sí tuvo constancia de la "grave crisis migratoria" y que "desde el primer momento" transmitieron los hechos al Ejecutivo central pidiendo "medidas y refuerzos" y emitiendo "informes y comunicaciones diarias desde mucho antes del 30 de julio".
Pérez Triano es, de momento, el más directamente señalado en esta vía de la investigación y todo apunta a que tendrá que acabar declarando. Mediante una resolución dictada el pasado 14 de septiembre, Tardón mostró su intención de asumir la querella que Manos Limpias presentó contra el delegado en la Plaza 6 de Ceuta. Tras la petición de la Fiscalía de inhibirse en favor de la Audiencia Nacional, la juez dio un paso al frente para asumir las pesquisas sobre la actuación del delegado del Gobierno.