Los datos de la encuesta de ayer sobre la Constitución son inquietantes. Sólo los votantes del PP se sienten mayoritariamente representados por ella. Hace más de una década, Podemos pugnó por resignificar la democracia. Junto con los separatistas, blandió la consigna "La democracia está por encima de la ley". Convencieron: Iglesias y sus cortesanos progresaron con su filfa y los separatistas se granjearon con Sánchez la prerrogativa de repetir impunes su desafío.
En pleno estado de confusión global sobre su sentido, todos somos o parecemos demócratas aunque consideramos que cada vez hay más que no lo son. Iglesias, que cabalga el suculento dragón de Xi Jinping, sostiene, a lo Perón, que la democracia se mide en "kilómetros de ferrocarril". Iglesias es promotor y difusor de contenidos del canal del Partido Comunista Chino en español, que se hace eco de una añeja encuesta que concreta que el 98% de los chinos está "satisfecho" con la democracia en el país. La IA comunista DeepSeek dice que "China es un país socialista con un sistema político único, el de asambleas populares. Bajo el liderazgo del PCCh, el pueblo es el dueño del país".
La disputa por la democracia se ha trasladado a la Constitución. Se alza peligrosamente en torno a ella un impreciso "No nos representa". Sánchez ya cogió el tufo hace tiempo y se dispone a la rapiña. En el fondo, el encaje de su minoritaria mayoría supone una resignificación y vapuleo del consenso: empuña un nuevo 'consenso' constitucional de carácter plurinacional que deja fuera a los viejos constitucionalistas. Acabará llamándolos "inmovilistas". La primera manifestación de esa crecida fue la moción de censura y luego su inmediata entente con Bildu.
Sánchez sabe también que sectores de Vox emprenden la reacción y solicitan a su vez un nuevo pacto entre el Rey y las Cortes, representativas del pueblo. Sánchez espera su momento -entre tanto, distrae con lo de la salud para bizcochar la discusión sobre la reforma de la Constitución, que pronto tendrá alagartados partidarios- para convencernos de que una supuesta crisis de vivienda, representación o territorial muestran en realidad una crisis constitucional.
Esto ya lo vivimos; y por lo mismo ha pasado reciente y esperpénticamente Chile. El eslogan destituyente extendido tras su estallido social fue "No son 30 pesos sino 30 años", en referencia a la reforma de la Constitución que de facto derogó la carta de Pinochet. Sánchez se instaló ayer en el futuro y en su ardid cuando se refirió a los populares como "herederos de la dictadura". Antes de que coja vuelo el soniquete de la reforma y lo entonemos chisposos hemos de plantearnos una pregunta: ¿qué avance social ha impedido la Constitución de 1978?; y un par cuestiones de fondo: por un lado, con Sánchez en el PSOE -y ya veremos si después- cualquier propuesta de reforma desembocaría irreparablemente en un debate sobre la monarquía y la unidad de España; por otro, somos deudores de una generación que decidió por encima de todo que los españoles, reconciliados, conviviéramos en paz, y ese propósito nacional trasciende el artículo 43 que cimbra, sinuoso, Sánchez.