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En plena precampaña electoral y tras la segunda aprobación de los decretos del Gobierno -ampliamente rechazados por el sector privado-, empresas y fondos de inversión especializados en desarrollo de vivienda compartieron sus fórmulas para ampliar el parque asequible: seguridad jurídica para atraer capital y un plan que supere los ciclos electorales.
Durante una mesa redonda en el V Congreso Nacional de Vivienda organizado por la Apce y que tuvo lugar este miércoles, Donato Muñoz, consejero delegado de Cevasa, alertó de que en España hay un déficit de un millón de viviendas y aseguró que todas ellas deberían ser protegidas.
“Es evidente que no estamos dando respuesta ni en el número de viviendas que se necesitan ni en el precio que la sociedad puede pagar”, lamentó el primer ejecutivo de la cotizada, que lleva más de 60 años dedicándose a la promoción de vivienda asequible.
Un tipo de inversor que ya no existe
Desde la gestión de activos, Jordi Tomas, CEO de Guinot Prunera, recordó cómo los topes a las rentas y el marco legislativo han “hecho desaparecer el mercado de alquiler en Barcelona”.
“Nuestros clientes nos piden cualquier tipo de activo menos la vivienda; teníamos un recurrente anual que compraba para alquilar y que se ha perdido”, dijo.
Ante esta situación, Rosa María Gallego, consejera delegada de Q Living Real Estate, que invierte en alquiler asequible, explicó que para aumentar el parque en este segmento se necesita “un marco protegido y estable” que permita “equilibrar la rentabilidad”. “En el decreto no he visto nada de cómo fomentar la vivienda nueva; estamos congelando al inquilino actual, pero no fomentamos que el que está fuera pueda entrar”, añadió.
El riesgo jurídico
“Los inversores pueden cubrir todos sus riesgos, menos uno: el riesgo jurídico”, señaló por su parte Javier Braza, consejero delegado de la promotora especializada en VPO Lagoom Living, que pidió adaptar los concursos públicos de suelo a las “temporalidades” y necesidades del sector privado. “que ser colaboración privada-publica”, concluyó.
Con todo, el CEO de Culmia, Francisco Pérez, insistió en la necesidad de crear un marco de políticas de vivienda acompañado de una dotación presupuestaria. “Queremos quedarnos a largo plazo”, añadió el ejecutivo, que aseguró que la oferta no se puede incrementar “solo con dinero público” y pidió atraer a fondos de infraestructuras, capaces de asumir menores rentabilidades en un entorno de subida de los costes de las promociones por los tipos de interés y los precios de las materias primas.
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