Los tres acusados aceptan seis años y medio de prisión y deberán indemnizar a la víctima con los 15.000 euros que cobraron por el encargo fallido
Regala esta noticia Añádenos en Google Los tres sicarios colombianos y la mujer condenada como cómplice de la tenencia de armas. (I. Cabanes)Ignacio Cabanes
Valencia
03/07/2026 a las 07:36h.El precio por asesinar a su víctima, un empresario de Puçol (Valencia), eran 30.000 euros a repartir entre los tres ahora condenados, cantidad de ... la que solo cobraron la mitad al haber errado su misión. De hecho, llegaron a dispararle apuntándole a la cabeza a una distancia de entre cuatro y cinco metros y tras fallar el tiro, el autor material volvió a intentar realizar un segundo disparo que no llegó a ejecutarse «por causas ajenas a su voluntad». El objetivo al que pretendían matar se percató de que le habían colocado una baliza en el vehículo al encontrársela en el suelo del aparcamiento un testigo, y finalmente se pudo llegar hasta ellos porque uno de los acusados contactó con un sicario «más sofisticado» para cumplir lo que ellos no habían podido llevar a buen término. Está claro que se trataba de sicarios 'low-cost'.
de Valencia los ha condenado a penas de seis años y medio de prisión por la tentativa de asesinato y tenencia ilícita de armas tras el acuerdo de conformidad alcanzado por sus defensas, ejercidas por los letrados Francisco Vicente Martínez y Sonia García Galiano. Los tres acusados, de nacionalidad colombiana, se enfrentaban a penas de 20 años y nueve meses de cárcel.Tras reconocer los hechos, pero sin revelar quién y por qué los contrató –se investigó si había un móvil sentimental detrás del intento de asesinato del empresario–, estos sicarios de bajo coste han logrado una importante rebaja en la pena impuesta. Concretamente se les condena a cuatro años y medio por el delito de asesinato en grado de tentativa y dos años por la tenencia ilícita de armas, al apreciar la atenuante de reparación del daño (tras haber pagado parte de la responsabilidad civil), y retirar la acusación respecto del delito de pertenencia a organización criminal.
Una pistola con silenciador
El intento de asesinato se produjo el 16 de diciembre de 2022. Sobre las 06.30 horas de la mañana el empresario valenciano salió de su domicilio, en Puçol, para recoger su vehículo y encaminarse hacia su lugar de trabajo. Tras esperarlo sentados en un banco que se encuentra a escasos metros de su casa, pertrechados con dos cascos integrales para ocultar su rostro, dos de los procesados, Luis Alberto R. A. y Celimo M. R., lo siguieron en una moto Kawasaki modelo ER500A, que conducía el primero, hasta que su víctima llegó a su empresa, en esta misma localidad.
Celimo, aprovechando que su objetivo abrió la puerta de su vehículo para bajar del mismo e introducirse en su empresa, dirigió el arma de fuego que poseía, una pistola semiautomática del calibre 22, con silenciador, el cañón recortado y el número de identificación manipulado, «en perfecto estado de conservación y funcionamiento», y efectuó un primer disparo a corta distancia.
Las defensas han conseguido introducir la idea del desistimiento voluntario para tratar de atenuar la pena en dos grados. L acusación particular mantenía que haber errado el disparo no fue consecuencia de desistimiento alguno, sino de circunstancias completamente ajenas a la voluntad del autor. «Inmediatamente intentó realizar un segundo disparo», remarcaba sobre la persistencia en su propósito homicida.
La sentencia también condena a una cuarta acusada a ocho meses de prisión como cómplice del delito de tenencia ilícita de armas por haber escondido en su casa el arma de fuego, a sabiendas de que había sido utilizada en este intento de asesinato. Agentes de la Guardia Civil localizaron la caja en la que ocultaba la pistola durante la entrada y registro en el domicilio de la condenada, en Sollana, el 24 de julio de 2023. En su caso no deberá ingresar en prisión con la condición de que no delinca en dos años.
En concepto de responsabilidad civil los acusados deberán indemnizar solidariamente a la víctima con 10.000 euros (de los que ya han pagado una parte) por los daños morales causados. La persona que los contrató, del cual se desconoce su identidad, apenas les pagó 15.000 de los 30.000 acordados al haber fallado el encargo. El negocio del sicariato en España está mal y solo conduce a un camino, la prisión.
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