Marlaska con el el DAO de la Policía Nacional.
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN Sin el privilegio que le dio Marlaska, no habría un DAO acusado de violación Publicada 19 febrero 2026 02:46hLa dimisión de José Ángel González, hasta hace unas horas Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, ha abierto una crisis de tal dimensión que ya la hacen figurar entre las más graves de las muchas que se han cocido en el actual Ministerio del Interior.
No se trata de un simple caso de mala praxis administrativa. La querella admitida a trámite por un juzgado de Madrid describe un escenario de agresión sexual, coacciones y malversación que compromete directamente la posición de un Fernando Grande-Marlaska que hace mucho que debió haber abandonado su cartera.
El DAO ha dejado su cargo tras ser citado como investigado por una presunta violación a una subordinada en una vivienda oficial.
Pero este escándalo no puede saldarse con una simple renuncia. La responsabilidad de Marlaska es ineludible.
Y no sólo por haber confiado en González como su mano derecha, o por la existencia de una red de protección, personificada en el ya destituido comisario Óscar San Juan, que presuntamente ocultó la denuncia y trató de silenciar a la víctima con destinos profesionales a la carta.
El caso afecta de lleno a Marlaska porque la circunstancia en la que se ha producido procede de una decisión política previa.
Cabe recordar que Marlaska inventó una treta legal para prolongar la carrera de González. Lo hizo a través del decreto de ayudas por la dana, introduciendo una modificación que permitía al DAO seguir en activo más allá de la edad de jubilación forzosa de 65 años.
Este privilegio excepcional tiene hoy una consecuencia perversa.
Al haber estirado su vida laboral artificialmente, el Gobierno ha permitido que González se convierta en un "jubilado de oro" aun después de haber sido acusado de violación.
Mientras que al comisario que tapó la denuncia se le ha abierto un expediente disciplinario fulminante por falta muy grave, el ya ex-DAO esquiva esa suspensión de empleo y sueldo. Gracias al decreto de la dana, González pasa directamente a la jubilación, evitando el régimen disciplinario que se aplicaría a cualquier otro policía en activo.
El favoritismo con González se antoja moralmente inaceptable tratándose de un mando policial acusado de delitos tan graves. Resulta incomprensible un blindaje que le otorga los beneficios de una prórroga de carrera a medida, protegiéndole de las sanciones administrativas más severas.
Es cierto que Marlaska no podía conocer en 2024 el presunto delito que González cometería meses después.
Pero es igualmente cierto que, sin el privilegio excepcional que le otorgó el ministro, el DAO ya estaría jubilado y fuera de la estructura de mando. Sin esa prórroga forzada por Interior, hoy no habría un DAO acusado de violación.
Ese privilegio no sólo prolongó su carrera, sino que mantuvo el escenario de poder necesario para que los hechos se produjeran.
Porque, sin ese cargo, González no habría tenido acceso a una vivienda oficial para cometer la presunta agresión, ni habría podido prevalecerse de su posición jerárquica para intimidar a la víctima, tal como queda acreditado en la querella.
Según el relato judicial, el agresor espetó a la agente una frase que resume el abuso de poder: "Soy el DAO, a mí no se me dice que no".
La conducta de González es suficiente para exigir a Marlaska responsabilidades políticas inmediatas. Un ministro debe rendir cuentas por los colaboradores que elige y los favores que les concede.
Resulta alarmante, por otro lado, comprobar cómo el PSOE parece abonado a promocionar perfiles que recuerdan a la tipología de Koldo García: hombres de confianza con comportamientos zafios, actitudes machistas y un desprecio absoluto por la ética institucional.
Este caso, de hecho, apuntilla el sedicente feminismo del que hace gala el PSOE. Pedro Sánchez ha salido en defensa del ministro desde la India, descartando su cese y afirmando con soberbia que "no acepta lecciones de quienes encubren estos casos". Pero la realidad de los hechos ocurridos bajo su mandato le desautoriza por completo.
La circunstancia de la jubilación de González lo convierte, de facto, en un protegido de Marlaska. Y dado que el ministro fue quien decidió favorecerlo con un trato excepcional, el ministro es quien debe responder ahora por sus actos.