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La reciente obra 'Sobre el imperio de la ley', de Javier Cremades, podría llevar como subtítulo 'De la distorsión a la destrucción de la Constitución'. No es un tratado académico al uso. Es un ensayo de campaña por la libertad y la democracia. Un ... diagnóstico de urgencia escrito por quien preside la World Jurist Association y conoce de primera mano cómo se resquebraja el Estado de Derecho ('rule of law'), cuando deja de ser un principio incuestionable para convertirse en mera consigna retórica, si es que no es despreciado ostentosamente.
Cremades parte de una premisa elemental y, por eso mismo, demoledora; sin imperio de la ley no hay libertad política posible. El poder, cuando se desliga del Derecho, se desboca inevitablemente. Y en España —pero no solo aquí— asistimos desde hace años a una erosión sistemática de esa barrera.
Interpretaciones constitucionales que estiran la Constitución hasta hacerla irreconocible, leyes orgánicas —y, en particular, las normas del 'bloque de la constitucionalidad'— aprobadas o modificadas con urgencia para resolver posiciones políticas de parte, órganos de control judiciales cuya composición se negocia como cuota de partido, fiscales que actúan con vara selectiva según el color del Gobierno de turno. Todo ello, paso a paso, va sustituyendo el sometimiento del poder al Derecho por el sometimiento de todo a la conveniencia de quien ocupa el poder.
Sin embargo, no es solo un libro de agravios, de denuncias, de quejas. Lo que disminuiría su valor. Cremades traza la genealogía de la distorsión. Señala cómo se pasa de la reforma legítima a la degradación institucional, cómo la separación de poderes —que no es un adorno ornamental de la Constitución, de ningún sistema político que se quiera democrático— se convierte en el primer objetivo cuando alguien quiere gobernar sin límites.
Y lo hace con ejemplos recientes que duelen por su proximidad. Amnistías a medida, nombramientos a dedo en el Consejo General del Poder Judicial, intentos de regular por ley lo que la Constitución reserva a mayorías cualificadas. No son anécdotas; son síntomas de un mismo mal. La conversión del Derecho en instrumento del poder en lugar de límite al poder.
El autor no idealiza el pasado ni cae en la nostalgia estéril. Reconoce que las instituciones deben adaptarse, que el constitucionalismo no es arqueología. Pero marca con nitidez dónde empieza la línea que no se puede cruzar sin poner en riesgo el propio sistema. Este punto es compartido por cualquier jurista y ciudadano amante de la libertad. Acontece cuando el juez deja de ser boca de la ley para convertirse en eco de la mayoría parlamentaria o —peor aún— en ariete contra ella.
Marca con nitidez dónde empieza la línea que no se puede cruzar sin poner en riesgo el propio sistema
El estilo es directo, fluido, sin florituras. A ratos repite conceptos para que calen, lo cual no es defecto en un libro de combate intelectual. Toma partido sin ambages porque, en cuestiones de Estado de Derecho, la neutralidad fingida suele ser complicidad pasiva. No busca agradar a todos; busca alertar a quien aún cree que las instituciones se defienden solas.
¿A quién va dirigido? A todo aquel que entiende que el retroceso democrático no llega con la grosera fuerza militar o revolucionaria de otros tiempos —al menos, en los Estados democráticos—, sino con folios timbrados y mayorías absolutas mal utilizadas. A quien sigue con preocupación el debate sobre la independencia judicial en Polonia, Hungría o aquí mismo. A quien prefiere argumentos jurídicos sólidos antes que indignación partidaria, no racional, en las redes.
El lector debe saber que se encontrará con una exposición que no es tibia, ni equidistante. Ni puede serlo en esta época de profunda crisis de los valores de Occidente. El autor es consciente de que hay momentos en los que los juristas no podemos ser neutrales; porque está en juego la propia existencia del Estado Constitucional, que es siempre un Estado de Derecho. Llega en el momento preciso y no concede ni un milímetro a la deriva. Por eso importa.
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