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LA TRIBUNA Sobre vivienda asequibleJulio Alberto Gutiérrez
PRESIDENTE DE FEDEVIAND, S.COOP. AND / CONSEJERO DELGADO DE ANDALUCÍA CONCOVI.ORG
Lunes, 2 de febrero 2026, 01:00
... el suelo público a fondos que no producirán vivienda asequible. Serán nuestros 'caseros en el futuro'.El propio Tribunal de Cuentas Europeo ha advertido que las asociaciones público-privadas «no siempre se gestionaron de forma eficaz y no proporcionaron una rentabilidad adecuada». Su informe detecta un gasto ineficaz de 1.500 millones de euros, incluidos 400 millones procedentes de fondos europeos, debido a retrasos, sobrecostes y ausencia de planificación estratégica. En definitiva, las promesas de eficiencia no se han cumplido.
Cuando se traslada este modelo al ámbito de la vivienda, los problemas se agravan. Las administraciones suelen aportar el suelo, asumir avales e incluso cubrir parte del riesgo financiero, mientras el operador privado obtiene rentas garantizadas y plusvalías estables, independientemente del resultado social. La consecuencia es que el supuesto interés público termina subordinado a los balances de las empresas.
Además, estos contratos suelen ser largos y complejos, lo que dificulta la supervisión y genera una dependencia estructural del sector público respecto a sus socios privados. Cuando se detectan desviaciones o incumplimientos, ya es tarde o jurídicamente inviable reconducirlos.
Las CPP tampoco corrigen el déficit estructural de vivienda asequible. Muchos proyectos etiquetados como 'sociales' acaban ofreciendo precios inaccesibles para las rentas medias y bajas, y los plazos de protección son demasiado breves. Sin inversión pública continua, ni un parque estable en manos públicas o sin ánimo de lucro, lo que se construye no es un derecho, sino un negocio temporal.
Mientras tanto, se relega un modelo que sí funciona: el cooperativismo en cesión de uso, en el que las viviendas siguen siendo colectivas, los precios se mantienen estables y el suelo permanece público.
Ejemplos recientes en España muestran que la colaboración público-privada no garantiza viviendas más baratas ni estables. En varios proyectos impulsados, los precios finales han superado con creces los precios de coste que se podrían conseguir con cooperativas en cesión de uso, generando cuotas mensuales que duplican o triplican las asumidas por los socios de las cooperativas hasta la amortización del coste de las viviendas y prácticamente cero a partir de este momento, no más allá de 20 o 30 años en lugar de 75 años de cuotas de por vida en el caso del capital privado.
Paradójicamente, mientras se destinan millones en incentivos y avales para operadores con ánimo de lucro, se sigue marginando a cooperativas, que podrían asegurar un parque público-cooperativo duradero sin desviar recursos a especulación. Las administraciones deben asumirlo de una vez: no lograrán vivienda asequible delegando el interés común en quien busca rentabilidad privada.
El reto no es encontrar socios 'más eficientes', sino garantizar una alianza estable entre lo público y la economía social (los ciudadanos como socios de la cooperativa), capaz de mantener el suelo público, limitar el lucro y proteger el derecho a una vivienda digna a largo plazo.
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