- MERCEDES RUEHL
El país cuenta con 9,1 millones de residentes permanentes, y los expertos temen que la medida dificulte que las empresas puedan contratar a profesionales extranjeros.
El Gobierno suizo anunció el pasado miércoles que en el país se llevará a cabo un referéndum a mediados de junio sobre una propuesta radical para limitar la población a 10 millones de habitantes, una medida que podría poner en peligro acuerdos cruciales con la UE y dificultar que las empresas suizas contraten a trabajadores extranjeros cualificados.
La propuesta, que ha conseguido las 100.000 firmas necesarias para realizar un referéndum nacional según el sistema de democracia directa del país, cuenta con el respaldo del poderoso Partido Popular Suizo (SVP), de derecha.
Su objetivo es limitar la población residente permanente de Suiza a no más de 10 millones de personas antes de 2050 y aplicar medidas si supera la cifra de 9,5 millones antes de esa fecha, como denegar solicitudes de asilo y reunificación familiar.
La población actual del país es de 9,1 millones de habitantes y Suiza cuenta con un alto nivel de inmigración debido a sus altos salarios y su elevada calidad de vida. Según cifras oficiales, tiene uno de los mayores porcentajes de residentes extranjeros de Europa, del 27%, y su población ha crecido alrededor de un 25% desde el año 2000, una cifra muy superior a la de la mayoría de los países vecinos.
El anuncio del referéndum suizo se ha producido en un momento de un aumento generalizado del malestar público por la alta inmigración en toda Europa. La preocupación por la escasez y el aumento de precio de la vivienda, el deterioro de los servicios públicos y los mercados laborales ha fomentado en varios países el apoyo a los partidos de extrema derecha, que abogan por controles migratorios más estrictos.
El nivel de apoyo nacional a la propuesta es alto, debido a la creciente frustración por la escasez de viviendas y lo que sus defensores califican de "inmigración descontrolada".
El SVP, el partido más grande del país, argumenta que la "explosión demográfica" está desbordando las infraestructuras, destruyendo el medio ambiente y haciendo subir aún más los alquileres: "Tras la llegada de más de 180.000 personas en un solo año, es necesario actuar finalmente con una iniciativa de sostenibilidad".
Según una encuesta reciente realizada por el grupo LeeWas a más de 10.000 personas, el 48% de los encuestados apoya la medida, lo que indica que la votación será reñida.
Michael Hermann, encuestador y experto político de la firma de estudios de mercado Sotomo, señala que se han realizado dos encuestas sobre la propuesta que muestran que el 60% de los suizos quieren restringir la inmigración.
"En mi opinión, hay un 50% de probabilidades de que la gente apoye la propuesta. Normalmente, cuando se anuncian referéndums hay un alto porcentaje de personas que dicen que votarán a favor, pero este porcentaje disminuye a medida que se acerca el día de la votación".
Según la propuesta, si la población superara los 10 millones de habitantes, el Gobierno tendría que utilizar todas las herramientas políticas disponibles para reducirla, como renegociar o rescindir acuerdos internacionales que fomentan el crecimiento poblacional, entre ellos la libre circulación de personas entre Suiza y la UE. Según algunas de las predicciones más extremas, la población podría alcanzar los 10 millones en 2035.
Sin embargo, en la propuesta no se menciona un porcentaje concreto de inmigrantes ni un sistema de gestión de la migración; solo impone un límite de población estricto, que si se alcanzara daría lugar a una interrupción casi total de la llegada de nuevos trabajadores , advierten los expertos.
Si se aprueba la propuesta en el referéndum, esto podría tener consecuencias de gran alcance para las empresas suizas con enfoque global, como el gigante de bienes de consumo Nestlé y las compañías farmacéuticas Novartis y Roche, que dependen en gran medida del talento extranjero.
El grupo de presión empresarial Economiesuisse ha calificado la propuesta de "caótica" y ha afirmado que las empresas suizas dependen de trabajadores de la UE y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) para cubrir puestos de trabajo: "Sin ellos, las empresas podrían reubicarse en el extranjero, perderse ingresos fiscales, ralentizarse la innovación y disminuir los niveles de servicio del país", advierte.
Rudolf Minsch, su economista jefe, señala que "ha habido algunas propuestas anti-inmigración antes, pero nunca ninguna con un límite fijo tan extrema".
Según el informe de Economiesuisse, los trabajadores de la UE y la AELC contribuyen de forma desproporcionada al sistema de pensiones suizo en relación con las prestaciones que reciben, lo que significa que frenar la inmigración también supondría una carga para las finanzas de la seguridad social. Además, podría hacer descarrilar un acuerdo minuciosamente negociado el año pasado entre Berna y Bruselas para mantener y mejorar el acceso de Suiza al mercado único de la UE.
Tanto el Consejo Federal Suizo (el organismo de poder ejecutivo del país) como el Parlamento han recomendado rechazar la propuesta, debido a que pondría en peligro el crecimiento económico y tratados clave y existiría el riesgo de que Suiza dejara de formar parte del espacio Schengen y el sistema de Dublín.
"El nivel de apoyo a la propuesta indica que existe una enorme preocupación por las infraestructuras y las escuelas, así como una grave escasez de viviendas. Pero si se aprueba, sería desastroso", advierte Christian Joppke, profesor de sociología de la Universidad de Berna.
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