La norma entra en vigor en septiembre y afecta a fabricantes y comerciantes.
Las empresas de la Unión Europea deberán aplicar desde el 27 de septiembre la Directiva de la UE para el Empoderamiento de los Consumidores, conocida como EmpCo. Es una normativa estricta que afecta al etiquetado y que trata de evitar el greenwashing, es decir, el uso inadecuado de calificaciones de cuidado medioambiental en los productos.
Los distintos implicados afirman estar de acuerdo en el fondo, ya que se trata de dar claridad a los consumidores al mismo tiempo que se cuida de verdad el planeta, pero hay notables discrepancias sobre su aplicación. Lo han manifestado varias agrupaciones empresariales europeas, tanto de supermercados como de la industria a limentaria.
Cómo afecta a las empresas
Para cumplir con esta normativa, las empresas alimentarias tndrán que evitar términos vagos como "eco", "bio", "natural", "verde" o "sostenible" en envases y publicidad, a menos que se demuestre un excelente comportamiento medioambiental certificado por verificadores externos.
Tampoco podrán usar logotipos o sellos de sostenibilidad propios o de asociaciones privadas que no estén respaldados por un sistema de certificación oficial.
Además, no se puede anunciar que un producto, carne o vegetal es "neutro en carbono" o "CO2 positivo" si se basa en la compra de créditos o compensación de emisiones. Solo se permite comunicar reducciones reales en la cadena de producción.
También los supermercados, o cualquier comerciante, son responsables de la información que trasladan al consumidor. Deben revisar la publicidad (folletos, web, cartelería, etcétera) y exigir certificados oficiales a sus proveedores para evitar exponerse a sanciones.
Discrepancias
Llevar a la práctica esta normativa tiene unos costes para las empresas, que están reclamando un alivio en la aplicación. Desde las patronales se han lanzado mensajes en este sentido. Food Drink Europe, que agrupa a las industrias de alimentación y bebidas, pidió en diciembre que se tuvieran en cuenta las existencias de productos anteriores a la entrada en vigor de la legislación. Aunque la red de Cooperaciópn del Consumidor (CPC) publicó en junio una guía de aplicación, para que se evite ser desproporcionado con las sanciones, la misma patronal emitió un comunicado a principios de julio en el que advierten de que los estados podrían no tener suficientemente en cuenta las dificultades prácticas para lograr el pleno cumplimiento antes del 27 de septiembre de 2026.
La patronal europea de la distribución Eurocommerce se manifestó en la misma línea que su homóloga de la industria. A nivel de países miembros, los más tajantes han sido los representantes de los minoristas alemanes. La Asociación Alemana de Comercio (HDE) advierte que la nueva directiva EmpCo "provocará la destrucción masiva de mercancías, generando daños millonarios". El organismo pide plazos de transición viables para evitar la destrucción obligatoria de productos.
Toque de atención de la Comisión
Entretanto, los estados miembros deben, además, trasponer esta directiva a sus legislaciones nacionales. En mayo, la Comisión Europea envió requerimientos a veinte estados que no lo han hecho todavía, entre ellos, España.
Deberán haberlo hecho todos antes de finales de marzo, ya que la entrada en vigor es afinales de septiembre. En España, se incluye en la Ley de Consumo Sostenible, cuyo anteproyecto vio la luz el año pasado y ya cuenta con el dictamen favorable de la Comisión de Competencia (CNMC), y se ha notificado a la Unión Europea, por lo que se prevé que en breve sea aprobada por el Congreso de los Diputados.
La Newsletter de EXPANSIÓN sobre Alimentación y Distribucion incluye también esta semana la entrada de Paine en AMFresh, los planes de venta del negocio europeo de Tesco o la entrada de Rolser en el negocio del vino. Puede recibirla los miércoles por correo electrónico.
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