Se filtra un memorándum del Pentágono donde se esbozan medidas contra los aliados que Washington considera desleales. Entre ellas figuran la suspensión de España de la OTAN, la marginación de los países «difíciles» en los puestos de relevancia e incluso la revisión del apoyo diplomático de Estados Unidos a la reivindicación británica sobre las Malvinas. Todo esto después de que varios gobiernos europeos, el nuestro el primero, se hayan negado a conceder a Estados Unidos derechos de acceso, de base y de sobrevuelo -la cara menos visible del poder militar- al considerar que esa cooperación equivaldría a una participación directa en la guerra de Irán. Y para el Pentágono, esa negativa incumple el estándar mínimo de solidaridad dentro de la alianza.
El episodio se inscribe en el estilo al que el presidente Trump nos tiene acostumbrados: quejidos, desplantes y gestos teatrales. En los últimos meses ha planteado abiertamente la posibilidad de retirarse de la OTAN, ha reprochado a los europeos su ausencia en el estrecho de Ormuz y ha descrito nuestra cautela como una forma de vivir a costa del respaldo estadounidense. Tanto él como sus alelados colaboradores hablan ahora de restablecer la reciprocidad, aunque sea a costa de tensar la relación. El Gobierno español ha restado importancia al memorándum y ha reiterado su compromiso con la OTAN dentro del marco del derecho internacional. Pero el mensaje es claro: Estados Unidos empieza a definir la alianza en términos que se acercan más a la subordinación que a la cooperación y a confundir la solidaridad defensiva con el seguidismo ofensivo.
Ese es el error categórico. La OTAN se concibió como un pacto defensivo, no como un séquito permanente para las guerras que Estados Unidos decida emprender. El artículo 5 obliga a la defensa colectiva, no a respaldar ofensivas unilaterales, por urgentes que estas se consideren en Washington. Sin embargo, Trump parece entender la relación como algo más cercano a la sumisión que a la cooperación: la lealtad se mide menos por los principios compartidos que por la obediencia inmediata. El resultado es una incomodidad estructural para los gobiernos europeos: negarse implica asumir el descontento de su principal garante de seguridad; aceptar sería admitir que la alianza deriva hacia una forma de vasallaje.
Hace bien el gobierno en no plegarse a las exigencias de un lunático. Pero en un clima en el que Washington tiende a equiparar la vacilación con la deslealtad, incluso una negativa justificada adquiere un cariz de desafío. Por eso importa especialmente cómo se formulan y sostienen esas negativas en el tiempo. Es posible evitar la escalada sin romper la alianza, pero eso exige reducir la teatralidad retórica y mantener una línea de coherencia estratégica que haga creíble nuestra posición.
El problema es que las políticas de Sánchez nunca se articulan en torno a principios sólidos, sino a incentivos coyunturales. La confrontación con Trump le resulta políticamente rentable, pero un distanciamiento real de Estados Unidos exigiría un compromiso igualmente real con la autonomía militar europea, y ese escenario implica costes que el Gobierno no parece dispuesto a asumir. De ahí la paradoja: España proyecta gestos de independencia sin avanzar en su capacidad efectiva para sostenerla. Sánchez acierta en el mensaje, pero para consolidarlo debe respaldarlo con medidas que vayan más allá del gesto. Diga lo que diga Trump, el pecado de Sánchez ante la OTAN no es la traición, sino el postureo.