- IGNACIO DEL CASTILLO @naciocastillo Madrid
Telefónica y Cellnex han alcanzado un acuerdo para dotar de elementos de resiliencia energética (baterías eléctricas o generadores) a más de 2.000 emplazamientos radioeléctricos (torres y azoteas en los edificios) de los que el grupo de torres tiene alquilados a la operadora de telecomunicaciones.
El acuerdo es el primer movimiento que se produce en el mercado a raíz de la decisión del Gobierno de obligar a las operadoras a proporcionar un respaldo energético a las torres de telefonía móvil para prevenir que las telecomunicaciones móviles se caigan en el caso de un apagón parcial o total como el que ocurrió el pasado año.
A consecuencia del apagón del 28 de abril de 2025, las redes móviles dejaron de funcionar muy rápidamente en la mayoría de los casos. Eso provocó la irritación del Gobierno, especialmente del ministerio responsable del sector, el de Transformación Digital. Esa irritación, junto con la poca predisposición de los operadores a comprometer de antemano inversiones en baterías y generadores -aunque Telefónica ya había puesto en marcha un plan propio-, agravó el enfado del ministerio, que finalmente cristalizó en una propuesta que los operadores consideran muy agresiva, ya que estiman que puede suponer costes de más de cien millones de euros para cada una de las tres telecos.
Requisitos muy agresivos
El pasado diciembre, el Ministerio para la Transformación Digital que lidera Óscar López, publicó un borrador de real decreto de Resiliencia de las Redes, en el que se establecía la obligación de que, en caso de apagón, el 85% de la población debería estar cubierto por torres y antenas que tuvieran autonomía mínima de funcionamiento -con baterías o generadores- de cuatro horas. También establece otras dos categorías más críticas, las infraestructuras de "primer nivel" que deben durar 24 horas y las de segundo nivel con aguante operativo de 12 horas.
Ahora, los tres grandes operadores (Telefónica, Masorange y Vodafone), han enviado sus aportaciones a la consulta pública que estableció el Gobierno antes de aprobar definitivamente el real decreto. Y en esas contribuciones, los operadores apuestan por reducir significativamente la huella de torres que deba aguantar esas 4 horas, rebajando el requisito de población del 85% al 70%. Fuentes del sector señalan que esa rebaja se podría traducir en un ahorro importante de la inversión (capex) necesaria en baterías y generadores para garantizar esas cuatro horas, que podría suponer un ahorro muy importante de los costes, estimado entre el 25% y el 50% del total.
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