La defensa de tres de los 11 condenados en el caso del "hermanísimo" ha solicitado este miércoles al tribunal que precise los cargos públicos sobre los que recae la inhabilitación de nueve años impuesta a todos ellos.
El escrito del abogado Rafael Arenas recuerda que el Código Penal establece expresamente que en la sentencia "habrán de especificarse los empleos, cargos y honores" sobre los que recae la inhabilitación".
La resolución de la Audiencia de Badajoz en torno a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, no lo hace, sino que se limita a indicar el tiempo de la inhabilitación y que esta es especial, no absoluta. "Lo cierto es que la sentencia que nos ha sido notificada no aclara esa cuestión, ni en el fallo, ni en el cuerpo de la misma, siendo clara la omisión", indica la defensa de Francisco Martos (diputado delegado del Área de Cultura cuando se cometieron los hechos), Emilia Parejo (directora del Área de Cultura) y Manuel Candalija (jefe de Servicio de Actividades Culturales).
El abogado plantea que se limite a los cargos de la diputación, donde se cometieron las tres prevaricaciones recogidas en el fallo. "Dado que el ámbito de los delitos por los que se condena a mis defendidos es el de una Administración muy concreta, la Diputación Provincial de Badajoz, sería lógico, razonable y proporcionado entender que la inhabilitación especial del fallo estaría referido específicamente a los empleos y cargos desempeñados por mis mandantes en la Diputación de Badajoz en el momento en que supuestamente hubieran cometido los delitos para los que se les ha condenado. Y, en todo caso, la inhabilitación no se extendería a ningún otro empleo o cargo fuera del ámbito de la Diputación de Badajoz".
De no hacerse así, prosigue, "podría entenderse que se les condena de facto a una inhabilitación absoluta", algo a lo que igualmente el silencio de la sentencia sobre el particular podría llegar a contribuir en la práctica, de llegar a ser firme algún día el pronunciamiento".
el escrito indica que se trata de una aclaración necesaria para al menos dos de los defendidos (Parejo y Candalija), que "son funcionarios de origen de otras Administraciones Públicas a las que, eventualmente, podrían solicitar su reingreso" de adquirir firmeza sus condenas. En cuanto al tercero, da el caso por perdido: "La situación del señor Martos sería prácticamente definitiva, puesto que es alcalde de Castuera desde hace décadas y no tendría oportunidad alguna si se confirmara su prohibición de ser sujeto de sufragio pasivo [candidato]".
"Sus sueldos sostienen a sus familias y resulta, por tanto, vital que se aclare hasta dónde quiere la Sala extender los efectos de su de por sí tremendo fallo condenatorio. Si este llegara a la firmeza, de ello dependería que mis defendidos, más allá de sus empleos en la Diputación de Badajoz, tuvieran al menos una oportunidad de supervivencia civil", concluye la solicitud al tribunal.