El tiroteo en la barriada del Rocío de Isla Cristina (Huelva), en el que han muerto tres personas (una embarazada de ocho meses, una mujer de 62 años y un menor de 16 años), en lo que parece ser una rencilla entre familias relacionadas con el narcotráfico, ha provocado que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) señale directamente a la cúpula del Ministerio del Interior y Fernando Grande-Marlaska por el abandono operativo y humano que padecen los agentes destinados en el sur peninsular.
"Mientras se insiste desde los despachos oficiales en que la seguridad está plenamente garantizada, los guardias civiles en la calle seguimos enfrentándonos a organizaciones criminales fuertemente armadas con menos efectivos de los necesarios y con medios que llegan tarde", denuncian desde la asociación.
El desmantelamiento de OCON-Sur
En el origen del malestar se encuentra la decisión adoptada por Interior en septiembre de 2022, cuando decidió prescindir del Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico en el Sur (OCON-Sur). Era un grupo en comisión de servicio disponible las 24 horas y los siete días de la semana que, recuerda uno de los mandos del Campo de Gibraltar, "mantuvo tan a raya al narcotráfico que las cosas cambiaron". Este cuerpo de élite llegó a estar integrado por unos 130-150 agentes altamente especializados en la persecución del tráfico de drogas, el blanqueo de capitales, el crimen organizado y las redes de corrupción asociadas.
En otoño de 2022 el ministerio disolvió la estructura y dispersó a sus integrantes en las comandancias territoriales. Desde AUGC recuerdan que ya entonces advirtieron de las consecuencias: "Sin una unidad especializada, coordinada y con capacidad de reacción permanente, la presión sobre las mafias se diluyó por completo y el narcotráfico se expandió hacia Huelva y el cauce del Guadalquivir".
Exigencias a Interior
Ante este desamparo institucional, la AUGC ha trasladado al Gobierno y al resto de fuerzas parlamentarias una batería de ocho medidas urgentes para frenar la escalada criminal en el sur peninsular. Como prioridad, reclama la restitución del OCON-Sur como una estructura "orgánica, estable y permanente", ampliando además su radio de actuación a la provincia de Huelva, el cauce del Guadalquivir y todo el litoral andaluz.
Asimismo, exigen declarar de forma urgente el litoral andaluz y Baleares como Zona de Especial Singularidad (ZES) mediante complementos económicos e incentivos profesionales que frenen la fuga continuada de personal y retengan la experiencia operativa en destinos de extrema peligrosidad. Esta medida debe ir acompañada de un refuerzo estructural de plantillas con destinos fijos y catálogos actualizados para acabar con el déficit de efectivos, además de una modernización de medios marítimos, terrestres y aéreos que permita competir de igual a igual frente al despliegue logístico del narco.
Por último, demandan el reconocimiento inmediato de la profesión de riesgo, un blindaje jurídico y respaldo institucional efectivo en intervenciones de alto impacto, y la activación de planes de seguridad para proteger a los guardias civiles y a sus familias frente al señalamiento y las amenazas directas de los clanes.
En una entrevista en Canal Sur radio, el alcalde del municipio, Genaro Orta, ha calificado la escena tras el crimen de "dantesca". Además de los tres cuerpos que yacían en el suelo, Orta ha recordado que alrededor de ellos había "una barbaridad de casquillos".
Los presuntos asesinos intentaron despistar a las fuerzas de seguridad quemando en unos pinares cercanos al pueblo la motocicleta desde la que lanzaron la ráfaga de disparos que acabó con la vida de las tres personas. "Querían distraernos", ha señalado Genaro Orta, que confía en que no haya represalias en las próximas horas y días. "Ojalá las aguas vuelvan a su cauce".