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En el diálogo con sindicatos y patronal no hubo posibilidad real de negociar el importe del SMI.
Sería esperable de un Gobierno que no tiene mayoría en el Congreso de los Diputados ni un sólido respaldo social de acuerdo a las encuestas que tuviera una actitud dialogante para entenderse con la mayoría de los grupos parlamentarios y con los agentes sociales. Sin embargo, el Ejecutivo de PSOE y Sumar lleva desde noviembre de 2023 haciendo todo lo contrario, buscando únicamente el apoyo de los partidos que votaron a favor de la última investidura de Pedro Sánchez fruto de su empeño por polarizar la política y la sociedad españolas.
Una forma de proceder que Yolanda Díaz ha trasladado también al diálogo social, convertido en un foro consultivo en el que patronal y sindicatos han visto reducido su papel al de meros comparsas de las decisiones adoptadas de antemano en el Ministerio de Trabajo, sin posibilidad real de negociarlas. Ha vuelto a constatarse en las reuniones sobre la subida del salario mínimo para este ejercicio, que por sexto año consecutivo se han cerrado sin el consenso de la patronal, porque los representantes de las empresas consideraron insuficientes las compensaciones ofrecidas por el Gobierno para paliar el impacto en sus balances del nuevo aumento de la referencia salarial hasta 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas.
Lo más grave es que nunca existió una posibilidad real de negociar el porcentaje de la subida o la cantidad de la misma, marcada previamente por una comisión de presuntos expertos designados por el propio Ministerio, entre ellos varios representantes de los sindicatos, que Díaz trasladó a los agentes sociales como una propuesta inmutable. ¿Qué sentido tiene iniciar unas negociaciones en las que ya está prefijada la conclusión de las mismas?
Algo similar sucedió con la votación del decreto ómnibus, en el que el Gobierno incluyó todas las medidas económicas aprobadas en las últimas semanas para someterlas al dictamen de la Cámara Baja sin posibilidad real de negociar su contenido, en una maniobra descarada para culpar a la oposición de haber frenado, por ejemplo, la subida de las pensiones a las puertas de las elecciones en Aragón. Sin embargo, el rechazo de su principal socio de legislatura, Junts, desbarató ese intento de imponer su agenda ideológica como un trágala.
Aun así, el ministro Carlos Cuerpo anticipa que volverán a llevar el mismo texto al decreto al Congreso, sin trocearlo. El Gobierno está tan acostumbrado a sufrir los chantajes del separatismo que pretende actuar igual con la oposición y los agentes sociales.
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